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Expertos destacan que se reconozca delito de explotación sexual comercial infantil en caso de niñas del Sename

Tribunal condenó a 17 años de prisión a líder de red de prostitución en Viña del Mar. Para el director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, es una sentencia inédita que debiera sentar las bases para casos similares y que antes no avanzaban con éxito.

Miércoles, 2 de noviembre de 2022 a las 8:34
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Alejandra Zúñiga
“Hay una constante de estas redes de explotación sexual comercial, de depredación, a lo largo del país”, asegura el director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, y añade que “donde estos programas se instalan, con niñas y adolescentes con historias de vulnerabilidad, de victimización, de trauma, estos hombres empiezan a organizarse para abusar de ellas”.

El experto contextualiza así la sentencia que hace unos días emitió el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso y que condenó al líder de una red de comercio sexual a 17 años de presidio mayor por los delitos reiterados de estupro, explotación sexual y violación de una menor de 14 años, tras un juicio que duró tres meses e incluyó un centenar de declaraciones.

Se trata de un fallo inédito, por la dimensión de la pena, y la primera respecto de adolescentes del Servicio Nacional de Menores (Sename) —hoy llamado Servicio Mejor Niñez—, quienes mediante regalos, como maquillaje, dinero o ropa, así como invitaciones a fiestas, eran arrastradas a esta red.

Los hechos, que ocurrieron entre los años 2018 y 2020 en sitios como garitas o terminales de micros de Valparaíso, involucraron a menores de la residencia Anita Cruchaga de Viña del Mar, del Hogar de Cristo.

“Mas allá de la casuística, acá hay un giro, un cambio, una señal desde la administración de justicia hacia el reconocimiento de la trascendencia y gravedad que estos delitos tienen y, por lo tanto, está la expectativa de que de ahora en adelante este sea el estándar, nada menos es aceptable”, dice Egenau.

Estas menores, añade, “tienen los mismos derechos a la protección y cuidado; más aún, debieran ser sujetos privilegiados de ellos, precisamente por su historia de vulnerabilidad, victimización, abandono y trauma”.

Carlos Vöhringer, director técnico del organismo, asegura que este resultado “es también darles la señal de que lo que les está pasando a ellas o a sus compañeras tiene una resolución, que es posible hacer algo distinto”, comenta.

Aunque las jóvenes cuyos casos dieron origen a la querella ya son adultas, la condena es igualmente una herramienta preventiva: “Aprovechamos esto para trabajar con aquellas que están en el sistema de residencias y mostrarles qué pasó con estas niñas, con las personas de las redes, porque ellas no lo visualizan”, explica.

“Una señal de avance extraordinario”

La fiscalía pedía no menos de 47 años de prisión para Daniel Cerda Bustos y de 12 años para Gian Carlo Bavestrello Aranda, aunque se los condenó a 17 y cuatro, respectivamente —este último, sentenciado por el delito reiterado de estupro, quedó con libertad vigilada intensiva—. El resultado, aunque generó críticas por parte de representantes de la sociedad civil, para los miembros del Hogar de Cristo es “una señal de avance extraordinario”.

“Si uno mira lo que ha ido pasando en el país sobre este tema, te das cuenta que es un fallo inédito, manda una señal a todo el sistema de organización de depredación de que aquí vienen condenas duras y serias, por lo que sienta un precedente muy importante”, plantea Egenau.

A su juicio, “es la primera señal de que este ya no es un terreno de abuso e impunidad, que es lo que históricamente ha sido, en parte por la tipificación histórica, que era muy difícil de probar, pero además por una actitud negligente, desinteresada, poco profesional, medio abandonadora” del sistema.

Mientras Vöhringer añade que si se revisan casos emblemáticos similares, “estos se dan en otros contextos socioeconómicos, gente que contrató abogados, en un jardín infantil, por ejemplo, otro tipo de familias más acomodadas, pero en general, en el contexto del cuidado alternativo de niñas que vienen de situación de mucha privación y pobreza, no pasaba nada”.

En tanto, el fiscal a cargo, Álvaro Mansilla, explica que la investigación “nos permitió contar con una gran cantidad de medios de acreditación”, tratándose, añade, de “una sentencia que valoramos, ya que resuelve la controversia penal con enfoque de género y con pleno respeto a los derechos y dignidad de las niñas y adolescentes afectadas por los hechos”.

A juicio de los especialistas, a este resultado condenatorio se sumará próximamente el cambio al Código Penal en relación a la tipificación de explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

“Va a entregar más herramientas, se abre un marco normativo para la persecución y la condena”, señala el director técnico del Hogar de Cristo, y plantea que “esto estuvo muy centrado en voluntades y mucho esfuerzo, pero lo que necesitamos, junto con la promulgación de la ley, es que haya en la Subsecretaría de la Niñez presupuestos asignados a esto, se estudie la magnitud, se caracterice a las víctimas y victimarios, porque eso no se ha hecho hace muchos años, y no sabemos hoy día lo que esta pasando a nivel del país”.

“Suelen no verse a sí mismas como víctimas”

No obstante la fiscalía pudo probar que el condenado principal promovía y facilitaba los medios para que las menores se involucraran con otros individuos a cambio de drogas, favores, alcohol o dinero, uno de los problemas en este tipo de casos, comenta Vöhringer, es que “las niñas suelen no verse a sí mismas como víctimas, por lo que hubo todo un trabajo para que pudieran declarar”, a lo que se suma, plantea, “un muy mal trato por parte de la policía, minimizando, como sucede habitualmente, y fiscalías mal preparadas, con una mirada muy machista del tema”.

Recuerda que la primera querella la presentaron en 2018, sin resultados, por lo que en 2021 sumaron otra. También relata que los equipos de la residencia iban a buscar a carabineros para que constataran la situación —el sujeto las esperaba afuera del recinto—, pero estos no asistían porque ya eran hechos permanentes.

A esto se suma, dice Egenau, “el absurdo de que cuando califican en términos de prostitución infantil es casi la comprensión de que es un acto voluntario, de responsabilidad personal, con un tinte de inmoralidad, hacia una menor de edad que ha sido degradada comercialmente por personas con esa intención, que es una víctima”.

Pese a que estos delitos involucran mayormente a mujeres, precisan que también ocurren con adolescentes hombres.

Cambio de ubicación e incendio en 2019

La residencia Anita Cruchaga, del Hogar de Cristo, era subvencionada por el Sename en calidad de entidad colaboradora del organismo, para trabajar con niñas en situación de vulnerabilidad.

Aunque comenzó en Quilpué, luego se trasladó al sector de Recreo, en Viña del Mar, siendo la principal razón del cambio, dice Egenau, las redes de comercio sexual que se tejían en torno a ella.

“Allí funcionó durante varios años y ocurría exactamente lo mismo: un sistema organizado de depredación de niñas y adolescentes vulnerables”, comenta. Pese a trasladarse a “un sector residencial, cercano, muy urbano —añade—, nuevamente se inició un proceso dramático” de similares características.

En 2019 la residencia fue destruida por un incendio, cuyas circunstancias aún no están enteramente resueltas, y las menores reubicadas.

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