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“El nuevo fiscal nacional debe ser alguien que venga a reconectar a la Fiscalía con la comunidad”

El abogado Cristián Riego se refiere a la gestión de Jorge Abbott, quien dejará su cargo el 1 de octubre, cuando cumpla 75 años, la edad límite que establece la Constitución. El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, asumirá en calidad de suplente.

Miércoles, 28 de septiembre de 2022 a las 8:48
- Cristián Riego, uno de los impulsores de la Reforma Procesal Penal, dice que el fiscal nacional debe ser “una persona que dé garantías de imparcialidad, que no esté involucrada con ningún interés particular, incluidos los corporativos, o sea, los intereses de los propios fiscales”.
Crédito: Cristián Carvallo.
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Oliver Rodríguez
Este sábado 1 de octubre, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dejará su cargo un año antes de completar su período, debido a que cumplirá la edad límite de 75 años para ejercerlo, según establece la Constitución. En su reemplazo, asumirá en carácter de suplente el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.

Eso, hasta que la Corte Suprema defina una quina de candidatos al máximo cargo del Ministerio Público, de la que el Presidente Gabriel Boric debe elegir uno, nombre que luego tiene que ser ratificado por dos tercios de los senadores en ejercicio.

En este escenario, el abogado penalista Cristián Riego, uno de los impulsores de la Reforma Procesal Penal, entrega su análisis respecto de la gestión del fiscal nacional saliente, además de pronunciarse sobre las características que debe tener la persona que llegue a ejercer el cargo.

El académico de la Universidad Diego Portales (UDP) dice que “creo que en el caso de Jorge Abbott, su gestión, desgraciadamente, estuvo marcada por los problemas de su designación, que se dieron en el contexto del escándalo del financiamiento ilegal de la política”.

Y agrega que, “durante el proceso en que se lo designó, los senadores estuvieron muy concentrados en lograr a alguien que diera garantías de que no iba a ser tan agresivo en la persecución de los casos que los afectaban”.

“Luego, la operación que se hizo para tapar ese escándalo, a través básicamente de la intervención del Servicio de Impuestos Internos, hizo que el fiscal estuviese muy herido en su legitimidad y rodeado de todo tipo de sospechas”, señala Riego.

“Le quitó autoridad para gestionar”

Lo anterior —complementa— fue un factor que “le quitó bastante autoridad en su capacidad de gestionar el Ministerio Público con posterioridad. Por lo tanto, creo que fue una gestión marcada por ese proceso de designación”.

El abogado especifica que la falta de legitimidad de Abbott se materializó tanto dentro como fuera de la propia Fiscalía, “en la medida que un fiscal tenga poco respaldo en la ciudadanía y en los medios de comunicación, sin duda que eso también hace que su liderazgo interno aparezca cuestionado”.

Como ejemplo de lo anterior, recuerda que “ha habido fiscales que se han manifestado en rebeldía con él, incidentes que ocurrieron bastante llamativamente y, por lo tanto, creo que la capacidad que él tuvo de liderar el organismo se vio disminuida”.

Nuevo nombramiento no puede ser producto de vetos/b>

En relación con el nombramiento pendiente, Riego asegura que lo principal es que el nuevo fiscal nacional “sea designado en un proceso que no lo parta dañando en su credibilidad y legitimidad, producto de las negociaciones —que suelen ser poco transparentes—, los vetos con que se someta en parte a la propia Corte Suprema, pero fundamentalmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”.

En esta línea, agrega que, “desgraciadamente, yo no he visto, hasta ahora, una iniciativa de estos poderes para evitar esa situación. Por el contrario, lo que pareciera que va a ocurrir es que vamos a volver a ver un proceso de designación en que los nombres se van a empezar a negociar de manera poco transparente, y que se van a producir vetos, producto probablemente de casos antiguos, donde existe el riesgo de que se genere un fiscal que tenga la sospecha de haber sido objeto de una negociación para garantizar que favorezca ciertos intereses o la impunidad de ciertos grupos. Yo espero que eso no sea así, pero no tenemos cómo saberlo”.

En cuanto a las características que debería reunir quien tome las riendas de la Fiscalía, el abogado plantea que sea “una persona que dé garantías de imparcialidad, de ser una persona que no esté involucrada con ningún interés particular, incluido los intereses corporativos, o sea, los intereses de los propios fiscales”.

Y agrega la importancia de que “sea alguien que venga a renovar el espíritu, a reconectar a la Fiscalía con la comunidad, a hacernos sentir a todos los ciudadanos de que la Fiscalía está a nuestro servicio y que está con la disposición de actuar de manera transparente y objetiva”.

Suplencia recae en el fiscal regional más antiguo

En tanto, ayer se confirmó que el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, será quien asumirá en calidad de suplente el cargo que deja Abbott, hasta que se inicie el proceso de designación del próximo fiscal nacional.

El mecanismo de elección de Meléndez se concretó finalmente de forma interna, atendiendo a que este es el fiscal regional más antiguo en el cargo. Esto, pese al oficio de Abbott a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en el que apuntaba a la existencia de un “vacío legal” que le impedía elegir a su suplente, pues solo estaría regulada la subrogación en la normativa vigente.

Desde la Fiscalía Nacional confirmaron que se aplicó el criterio que establece la Ley Orgánica Constitucional, que regula el organismo respecto de la subrogancia.

El suplente de Abbott se desempeña como fiscal regional de Los Ríos desde el 3 de octubre de 2015. Antes, desde el 2010, ejerció el mismo cargo en la Región de Magallanes y la Antártica. También fue fiscal jefe y adjunto de Punta Arenas.

Entre casos de relevancia más recientes en los cuales ha intervenido, se encuentra la investigación de los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público al interior de Carabineros, en el marco de una arista de la denominada “Operación Huracán”, en 2018. Dicha causa fue traspasada en el mismo año al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien, por decisión de Jorge Abbott, acumuló todas las aristas del caso.

También encabezó las indagatorias en torno a la muerte del malabarista Francisco Martínez Romero, en el centro de la ciudad de Panguipulli en febrero del 2021, tras recibir disparos por parte del sargento de Carabineros Juan González. El caso terminó con el uniformado sobreseído, tras acreditarse legítima defensa.

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