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Corte de Santiago acoge recurso de protección por listas de espera en programas de atención a niños vulnerados

La acción contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Mejor Niñez fue presentada por la Defensoría de la Niñez. A juicio de los ministros, los menores afectados “han sido discriminados de forma ilegal y arbitraria” al inhibirse de la posibilidad de acceder a las intervenciones y este ejercicio de sus derechos, añaden, “no puede ser objeto de restricción aunque el órgano la considere legítima”.

Miércoles, 21 de septiembre de 2022 a las 20:34
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A.Z.C.
“La omisión estatal acusada amenaza de forma permanente sus derechos a la integridad física y síquica; como asimismo, se ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 19 N° 2 Constitución Política de la República, por cuanto producto de la inactividad de las instituciones recurridas se puede identificar que los niños, niñas y adolescentes individualizados han sido discriminados de forma ilegal y arbitraria, al inhibirse de la posibilidad de acceder a los programas, peritajes, intervención y reparación de las vulneraciones de sus derechos”, señala la resolución de la Corte de Apelaciones que, de manera unánime, estableció el actuar ilegal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Mejor Niñez por las listas de espera existentes para la atención de menores vulnerados en sus derechos y, en consecuencia, no proveer los tratamientos que requieren.

Y añade que la conducta de estas instituciones “ha vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, pues la falta de provisión de las terapias e intervenciones derechamente priva a los niños, niñas y adolescentes tutelados de dichos aspectos, que ello no solo afecta e impide la reparación de sus ya vulnerados derechos, si no que ponen en riesgo a cada uno de ellos, en tanto que las vulneraciones de derechos de las que fueron víctimas se intensifiquen, tanto en los hechos como en los efectos que producen en cada uno de ellos”.

De esta forma, la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino acogió el recurso de protección interpuesto por la Defensoría de la Niñez y ordenó a las instituciones dar cuenta de la actual cantidad de menores que se encuentran en lista de espera y los plazos asociados a cada programa, informando en qué fecha harán ingreso efectivo a tales atenciones.

“El Estado tiene el deber de no discriminar a las personas en el ejercicio de sus derechos, ya sea que la acción u omisión provenga de cualquier órgano que deba actuar”, plantea además el fallo y agrega que en cuanto al límite del ejercicio de este derecho, “estos no puede ser objeto de restricción aunque el órgano la considere legítima, tales como ‘la dinámica de la lista de espera’, en tanto que ellas no pueden ser admitidas en consideración a la situación de vulnerabilidad en que están sujetos los menores de edad afectados por la decisión y por consiguiente la necesidad de adoptar medidas inmediatas y especiales de garantía de sus derechos”.

Igualmente, cita el artículo 3, párrafo 1, de la Observación General N.º 14 de la Naciones Unidas, de 2013, sobre el derecho del niño, “en lo atingente a que su interés superior sea una consideración primordial” y precisa que tal normativa establece una obligación intrínseca para los Estados, que “es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales (…). Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño”.

Las recurridas debieron guiarse —dice la resolución— por tales parámetros, “en el sentido de incorporar a los niños, niñas y adolescentes en cada uno de los programas ambulatorios que han sido ordenado por los tribunales de justicia del país, que actualmente se encuentren en espera de ingresar a los programas y terapias que correspondan, de acuerdo con lo ordenado por los distintos tribunales de justicia, a las que tiene derecho”.

El fallo igualmente plantea que según el artículo 20 de la Constitución, “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 (…), podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

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