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Confirman millonaria multa a empresa de electricidad por corte masivo provocado por deficiente mantención en redes de distribución

La Corte de Santiago confirmó lo resuelto por la SEC y mantuvo la multa de 75 mil UTM que la autoridad impuso a la empresa Transelec por “falta de diligencia en el cumplimiento del deber que le impone la normativa vigente” y que, en 2018, causó una grave interrupción del suministro en la ciudad de Arica.

Martes, 20 de septiembre de 2022 a las 18:46
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A.Z.C.
En diciembre de 2018 una masiva interrupción del suministro eléctrico afectó a la ciudad de Arica. Tras analizar los hechos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó a la empresa Transelec S.A. una multa de 75 mil Unidad Tributaria Mensual (UTM), casi $4.500 millones, por su responsabilidad en la falta de mantención de la red de distribución que causó este corte.

Casi tres años después, la Corte de Apelaciones de Santiago —en fallo unánime— confirmó esta resolución de la autoridad y rechazó íntegramente el reclamo de ilegalidad presentado por la compañía sancionada, descartando infracción de ley en la resolución que calificó las infracciones detectadas como graves y gravísimas

“Del análisis de la prueba ofrecida, no refutada por parte del sancionador, ha quedado de manifiesto la precariedad del sistema de suministro en la región donde acaeció la falla; se ha asentado, asimismo, que de haber estado en funciones el sistema de respaldo bajo la mantención conjunta ordenada por el Servicio Eléctrico Nacional (SEN) el daño hubiese sido de menor relevancia, en cuanto a los efectos del mismo”, precisa el fallo.

En ese aspecto, añade, que “efectivamente el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) dispuso o autorizó en forma simultánea el mantenimiento mayor de la línea de transmisión 110 KV Arica-Pozo Almonte, como así también las unidades de generación de la Central Diésel Arica, ambas de propiedad de la empresa Engie, instalaciones que constituyen un sistema de respaldo ante contingencias de la línea 220 KV Cóndores-Parinacota”; sin embargo, continúa la sentencia, la labor de ponderación que debe efectuar el tribunal es determinar si esta orden de mantención conjunta de los sistemas de respaldo, “a la época de ocurrencia de la falla, se logra de igual modo, desvirtuar el asentamiento que la propia SEC dio por acreditado, en el cargo en que impuso la pertinente sanción, permitiendo diluir la responsabilidad a la empresa proveedora”.

“Asentándose que los hechos imputados obedecen a fallas ocurridas en instalaciones de propiedad de la sancionada (…), derivados de la falta de mantención de las instalaciones, al no detectar oportunamente la corrosión que presentaba el conductor, a entender de esta judicatura, facultan para corresponder aquella omisión con la falta de diligencia en el cumplimiento del deber que le impone la normativa vigente, por lo que la responsabilidad directa en los hechos es de la reclamante, independiente del funcionamiento del sistema eléctrico y la necesidad de contar con un sistema de respaldo, al evidenciarse que aun ante la carencia del mismo, la falla no habría ocurrido si se hubiera efectuado la mantención oportuna y pertinente en las instalaciones de la empresa y si se hubieran adoptado los protocolos para la concurrencia oportuna a la falla”, puntualiza el fallo.

En consecuencia, el tribunal de alzada plantea que “no resulta posible, entonces, disminuir o eximir de la sanción a la empresa, aun cuando la prueba que aportó, acreditó los supuestos de hecho que desvanecen la contradicción que planteaba, si se considera que el sistema de respaldo, y en particular la labor que despliega el coordinador nacional, son medidas y decisiones que, aunque cuestionables en relación a su funcionamiento y oportunidad respectivos, no han sido el objeto del reproche de quien impuso la sanción, ni menos parte de la controversia que se ha trasladado a esta sede, tendiente solo a verificar la juridicidad en la discrecionalidad del acto sancionatorio reflejado a la empresa que lo impugna, y que por ende, no exculpa de responsabilidad a Transelec en los hechos imputados”.

“La aplicación de una multa persigue una finalidad orientadora de estándares (…) para el que presta el servicio a la comunidad”

Los ministro recuerdan, además, “que ha sido la propia ley la que ha establecido los rangos dentro de los que pueden fluctuar las multas que aplique la SEC, y tales rangos han sido respetados sobradamente en el acto por el que se impone la sanción, por lo que no puede estimarse que el ejercicio de las potestades sancionadoras de la SEC en este caso haya sido desproporcionado, al haberse dado los argumentos suficientes para justificar la entidad de aquella; adecuándose razonablemente al marco jurídico que se refiere a esta materia y en el que —atendida la gravedad de las trasgresiones que por este medio se han sancionado—, se condice con los hechos infractores”.

Y añade la sentencia que esto “se ve aunado a la capacidad económica de la empresa sancionada, que motiva desatender la rebaja de la sanción en su monto, como lo demandó la reclamante, y que conforme al criterio que esta Corte ha venido sosteniendo, se refrenda al entender que la aplicación de una multa persigue una finalidad orientadora de estándares de funcionamiento adecuados para el que presta el servicio a la comunidad, de acuerdo a la extensión, grado e intensidad del daño que provoca una deficiencia como la investigada”.

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