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“Dos cuestiones parecen ser las más problemáticas: control preventivo de la ley y la integración de ministros”

La presidenta del TC, Nancy Yáñez, se refiere al futuro proceso constituyente y eventuales cambios en el tribunal. La magistrada señala que el órgano que lidera ha actuado como una tercera cámara en “casos paradigmáticos, como sobre las atribuciones del Sernac o la ley de aborto en tres causales”.

Viernes, 09 de septiembre de 2022 a las 20:49
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Oliver Rodríguez
Sentada en uno de los sillones de su oficina en el histórico edificio ubicado en Huérfanos 1234, la ministra y presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, hace un repaso de los casi dos meses de gestión al frente del órgano. Pese a reconocer problemas en la entidad, se muestra conforme con la dirección que van tomando para resolverlos. Trabajo que en las últimas semanas estuvo marcado por la incertidumbre sobre el futuro del organismo, pues de haber ganado el Apruebo, el tribunal habría sido reemplazado por una Corte Constitucional.

En esa línea, los esfuerzos han estado centrados, entre otras cosas, en el mejoramiento del clima interno, marcado en el pasado por conflictos entre ministros y hasta denuncias por maltrato laboral a la expresidenta de la instancia María Luisa Brahm. Actualmente, una comisión tripartita de ministros, funcionarios y el equipo de administración se encuentra elaborando un reglamento interno para regular estas materias.

También, se trabaja en la modernización de la biblioteca, la unidad de estudios y se alistan los detalles del seminario internacional de justicia constitucional, que se realizará en Chile entre el 21 y el 23 de septiembre, que contará con representación de Alemania, Uruguay, Colombia, entre otros países.

Tras este encuentro, todos los ministros del TC participarán en una jornada de reflexión interna, con el objetivo de poder “aportar al diálogo constitucional que se genera en el país posplebiscito”, lo que dará lugar a la postura oficial del órgano respecto de esta materia. En esta entrevista con “El Mercurio”, la ministra Yáñez entrega su parecer en calidad de presidenta del tribunal.

“Se trata de garantizar que los jueces resuelvan en derecho”

—¿Cuál es su análisis respecto de los resultados del plebiscito del domingo?

—Tengo algunas limitaciones para efectuar el análisis, porque la obligación de prescindencia política que tiene un órgano jurisdiccional como el nuestro trasciende el proceso plebiscitario. Más que opinar sobre los resultados, lo que nos corresponde hacer es dar cuenta de que se expresa ahí una voluntad ciudadana que va a articular un proceso de diálogo político en el país, que involucra a las instituciones jurisdiccionales como las nuestras y que debemos estar a disposición para responsablemente participar en ese proceso y generar los insumos necesarios para la deliberación de los órganos que correspondan.

—En mayo, al asumir como ministra, usted señaló que la propuesta de reemplazo del TC por la Corte Constitucional se hacía cargo de algunos problemas estructurales en cuanto al diseño y a la legitimidad del tribunal. ¿Cuáles son esos problemas?

—Hay dos cuestiones que parecen ser las más problemáticas: el control preventivo de ley y la integración de ministros y ministras, a efectos de salvaguardar que sea un órgano jurisdiccional que resuelve en derecho. Se trata de garantizar que los jueces resuelvan en derecho y evitar que una eventual politización de la integración pudiera condicionar el que una instancia jurisdiccional de estas características pueda asumir roles de tercera cámara. Lo que tiene que prevenir el diseño es que las cortes o tribunales constitucionales no son una tercera cámara. Para eso hay que revisar la integración y algunas atribuciones que permiten que uno pueda incidir en ámbitos que son de otros poderes del Estado, como es el Congreso.

—¿Eso usted cree que ha ocurrido en la actualidad?

—Efectivamente, eso ha ocurrido en la historia del Tribunal Constitucional con algunos proyectos de ley y me parece que hay casos paradigmáticos a ese respecto, como el que pronunció sobre las atribuciones del Sernac o la ley del aborto en tres causales. Entonces, evidentemente, ahí hay que tener particular precaución para que la justicia constitucional se legitime en las funciones que le son propias.

—¿Esto pasaría también por una modificación del sistema de nombramientos de los ministros o de los requisitos para serlo?

—La integración de las cortes constitucionales, sin lugar a dudas, responde a las distintas sensibilidades. Pero por cierto, hay distintas formas de nombramiento. No sería un punto en discusión el que los distintos poderes del Estado participen en la nominación de los jueces constitucionales. Básicamente, uno podría modificar los requisitos para garantizar la trayectoria de quienes integran estas instancias.

—Algunos sectores políticos y académicos han planteado la idea de reemplazar el Tribunal Constitucional. ¿Está de acuerdo?

—Me parece que un punto de partida de la reflexión no es hoy día la eliminación de la justicia constitucional. Más bien, creo que el punto en discusión es qué arreglos institucionales se requieren para tener una justicia constitucional adecuada a lo que requiere el país, pero eso no es independiente del debate país, entonces es una discusión que ni siquiera vislumbramos.

Jueces de instancia y limitaciones a las inaplicabilidades

—¿Estaba de acuerdo con el diseño de la Corte Constitucional que proponía la Convención?

—Ahí me remitiría a nuestro informe, nosotros nos pronunciamos sobre ciertas cuestiones de competencia que nos parecía importante de considerar, a partir de nuestra experiencia, y una de ellas son las inaplicabilidades por inconstitucionalidad, fundamentalmente porque constituye la mayoría de los requerimientos que ingresan al Tribunal Constitucional. Estimamos que es un mecanismo de tutela de derechos importante para verificar el control de constitucionalidad de una norma en el caso concreto. Si bien nosotros hemos tenido requerimientos de parte de jueces ordinarios, lo cierto es que son los menos, de modo que el diseño de que las inaplicabilidades pasaran por los jueces de instancia podría de alguna manera limitar la eficacia de este mecanismo, considerando, además, la carga de trabajo que los jueces de instancia tienen.

—La encuesta Cadem del 7 de agosto mostró un descenso en la aprobación del Tribunal Constitucional hasta un 32%. ¿Cree que esa visión de la ciudadanía podría cambiar vía reformas?

—Lo primero es que es súper importante acercar la justicia constitucional a la ciudadanía. Nosotros recibimos una cantidad importante de requerimientos de inaplicabilidad, a través de lo cual son las personas naturales en general las que llegan al tribunal. Acabamos de implementar la tramitación electrónica, lo que constituye un acercamiento de la justicia constitucional a todos los rincones del país. Aspiramos a que la ciudadanía tenga una mejor valoración de nuestro trabajo. El Tribunal Constitucional ha sido objeto de críticas, hay un cuestionamiento que se expresa en la encuesta del que, evidentemente, la institución tiene que hacerse cargo, y una de las formas de hacerse cargo es pensar en que el rediseño institucional podría efectivamente ayudar a fortalecer la justicia constitucional y la perspectiva es esa.

Congreso: “Esperamos que retome el proceso de nominación de los magistrados faltantes”

—¿A qué atribuye el alza reciente en el ingreso de requerimientos?

—La verdad es que, en el fondo, era esperable que hubiera un incremento de requerimientos, sobre todo si el mecanismo eventualmente no iba a continuar (de ganar el Apruebo); uno podría pensar que esa es una de las causas. Lo otro es que el Tribunal Constitucional nunca ha tenido una baja sustancial de requerimientos, uno puede decir, “mira, sí, hay más requerimientos”, pero se ha mantenido constante un incremento del uso del mecanismo.

—Esta semana se revisó el segundo requerimiento respecto de la Coordinadora Arauco Malleco, ¿qué se decidió? ¿Se declaró inadmisible igual que el primero?

—Lamentablemente, no puedo pronunciarme sobre eso porque está en proceso en el tribunal, sería prejuzgar sobre la situación.

—Teniendo en cuenta su trayectoria académica y profesional, ¿cómo ha influido el tener que conocer de este tipo de causas y pronunciarse sobre organizaciones y líderes mapuches?

—La verdad es que uno podría decir que son precisamente los temas respecto de los cuales uno tiene experticia, entonces, cuando a mí me toca pronunciarme sobre temáticas que involucran derechos indígenas, derechos humanos, temas ambientales y comunidades locales, por supuesto que son los ámbitos en los cuales yo puedo aportar mucho más. Cuando uno se pronuncia desde el ámbito de su especialidad, se siente mucho más cómoda para deliberar. No ha sido de ninguna manera un problema, muy por el contrario.

—A casi dos meses de haber asumido como presidenta del Tribunal Constitucional, ¿cuál es el balance que usted puede hacer de su gestión?

—Estoy muy conforme. Este es un órgano colegiado y, por lo tanto, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional cada ministro aporta en su deliberación individual y, por lo tanto, genera jurisprudencia por acumulación de votos. Pero como presidenta, me corresponde la gestión administrativa y hemos cumplido los objetivos de fortalecimiento institucional trazados, y en los dos meses una de las cuestiones centrales es precisamente haber puesto en marcha el proceso de tramitación electrónica.

—¿Cuáles son los efectos de que aún el pleno no esté integrado completamente? ¿Ha complicado el trabajo del tribunal?

—Un órgano jurisdiccional debe trabajar con su composición completa (faltan dos de los 10 ministros) y, por lo tanto, nosotros tenemos esa aspiración y esperamos que la Cámara de Diputados a la brevedad retome el proceso de nominación de los magistrados faltantes, eso es fundamental para el tribunal.

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