Más de 122 mil medidas de protección estaban vigentes durante el primer trimestre de este año en favor de niños, niñas y adolescentes —sumadas las decretadas por juzgados de Familia para la modalidad de intervención residencial, de Familias de Acogida Especializada (FAE) y ambulatorias—. Es decir, alrededor de tres mil más que las registradas entre octubre y diciembre de 2021.
El Poder Judicial realiza cada trimestre un levantamiento de información para determinar cuál es el nivel de cumplimiento que tienen dichas medidas y esta semana estos dos últimos reportes fueron entregados al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.
Ahora, si bien hay distintos avances, persisten algunos problemas relacionados con las listas de espera, según los documentos. Por ejemplo, al sumarse las medidas de protección pendientes —incluidas las tres modalidades de intervención— durante el primer trimestre de 2022 estas se empinaban por sobre las 44 mil, lo que representa cerca del 36%. El trimestre anterior, alcanzaban las 41 mil (34%).
Sin embargo, se advierte que puede haber algunas distorsiones en los números debido a problemas de adecuación en los registros informáticos, o bien a que hay cumplimientos de la medida decretada que no se materializan por razones diversas a la falta de cupo, como ocurre cuando un niño debe ser ingresado a una residencia y este “evade la resolución judicial antes de ejecutarse”.
También los números analizados son respecto de medidas, por lo que estas no pueden equipararse a niños o adolescentes, dado que sobre un menor puede recaer más de una medida.
Distorsiones en modalidad residencial
Respecto del ingreso de menores a las residencias, los informes arrojan que el cumplimiento tuvo un mejor desempeño, bajando las medidas pendientes en favor de niños de 272 a 219 de un trimestre a otro, aunque cerca de 74 están en la categoría “más de 90 días” de espera.
“Hay registros en los que (existe) falta de adecuación informática, (...) manteniendo en el sistema a la medida, en esta condición, sin perjuicio de que en la realidad el NNA (niños, niñas y adolescentes) ya se encuentre en la residencia a la que fue derivado, como resolución proteccional judicial”, consigna el informe.
Igualmente se menciona que “el otro gran factor que determina esta ‘espera’ corresponde a sujetos que (...) no alcanzaron a llevar a cabo el ingreso”, porque, por ejemplo, en el proceso mismo de estadía (el menor) dejó, sin autorización, el recinto proteccional, encontrándose en situación de abandono y con orden de búsqueda y recogimiento pendiente”.
El caso de las familias de acogida
Este recuento realizado por el Poder Judicial al 31 de marzo de 2022 identifica que “los datos contenidos en el sistema de tramitación (...) referidos a medidas de protección con derivación a FAE en espera de ingreso efectivo, en la actualidad ascendían a 1.396 medidas de protección”. El último trimestre del año pasado se registraban 1.317.
“Si consideramos —dice el documento 2022— que el total de derivaciones que el sistema (...) registra para este tipo de intervención es de 7.621 medidas, las que se encuentran en espera de ingreso representan el 18% de la totalidad”. Y, agrega, “el grueso de ellas lo comparte el periodo ‘más de 90 días’ de espera (524), en conjunto con el ‘menor a 30 días’ (409)”.
Para las medidas FAE la distorsión en las cifras es mucho menor, de acuerdo al texto, dado que “el total de medidas en espera este trimestre que alcanza a 1.396, es un indicador real, teniendo presente (...) la poca movilidad en este tipo de intervenciones, producto del tiempo de permanencia de los sujetos en estos procesos, que por base técnica alcanzan entre 15 y 18 meses”.
Programas de sistema ambulatorio
La mayoría de las medidas proteccionales son de naturaleza ambulatoria, pudiendo corresponder a “diagnóstico, control y acompañamiento social, y proceso terapéutico reparatorio propiamente tal”, por ejemplo. A su vez, apunta, podrían dividirse, de acuerdo al grado y profundización de la intervención y la especialidad.
El primer trimestre de este año, sumaron 110.915 y el anterior, 107.765, generándose una diferencia de 3.150 más en el período actual.
El sistema informático contiene 43.806 medidas de protección a nivel nacional con derivación ambulatoria en etapa de espera, reseña el informe 2022, destacando que “por segmentos (...) se concentra la mayor cantidad de espera en el tramo correspondiente a tiempo ‘mayor a 90 días’, que para este período es de 26.684, aumentando esta cantidad respecto del trimestre anterior en 2.787 medidas”.
Pero se advierte —como en otras categorías— que en esta también habría distorsiones en las cifras, aunque parte importante de las jurisdicciones ha logrado regularizar sus números. Por ejemplo, se indica que “la jurisdicción de Santiago continúa revisando y depurando el sistema para lograr identificar la cantidad real de medidas que se encuentran vigentes, y en qué etapa de tramitación deberían estar”.