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Ministro José Ignacio Vásquez se refiere al futuro de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad

En una columna enviada a El Mercurio Legal, el magistrado del TC se pregunta si esta será la "crónica de un fallecimiento que se anuncia" y plantea que la propuesta de la Convención, "negando a las partes —sin la debida justificación— la legitimidad activa para accionar de inaplicabilidad ante la eventual Corte Constitucional", hace presumir que "no se ha comprendido la afectación que se provocará al derecho fundamental a la defensa judicial, así como tampoco al control de supremacía constitucional".

Jueves, 23 de junio de 2022 a las 16:42
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José Ignacio Vásquez
En la propuesta aprobada por la Convención Constitucional respecto de las atribuciones de la eventual futura Corte Constitucional se ha eliminado el derecho de las personas que son partes en una gestión judicial para requerir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal que resulte ser decisivo en su resolución, permitiendo exclusivamente al juez competente de la causa interponerla de oficio o a petición de aquella. De esta forma, las partes solo podrán requerir la inaplicabilidad a través del juez, quien decidirá su procedencia o no.

La acción constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue establecida en la Constitución de 1925 y entregada a la jurisdicción de la Corte Suprema, atribución que mantuvo con la Constitución de 1980. Mientras la acción fue de competencia de la Corte Suprema, su rendimiento fue escaso. Valga como ilustración de ello que en los últimos 10 años de la acción en manos de la Corte Suprema (1994-2004) hubo 603 ingresos, que, sumada a la increíble cifra de 1.502 pendientes, alcanzaban a 2.105 causas. Las causas falladas en tal período son 749, de las cuales 317 fueron archivadas, 382 falladas efectivamente, 210 se declararon inadmisibles, 164 fueron rechazadas, 42 desistidas, tres declaradas desiertas, cinco eliminadas y ocho fueron acogidas, lo que representa solo un 2% del total de causas (F. Saenger y G. Bruna, 2006).

Ante tal destino de la inaplicabilidad en manos de la Corte Suprema, creada para conocer y resolver principalmente recursos de casación, es decir, para corregir la errada aplicación de la ley por los jueces, por omisión de requisitos formales o infracción a las leyes que rigen el procedimiento, o sea, la protección de la ley, no la constitucionalidad de esta, la Constitución democrática del Bicentenario —así denominada por el Presidente Lagos y promulgada bajo su gobierno en septiembre del año 2005— traspasó al Tribunal Constitucional (TC) el conocimiento y resolución de esta acción constitucional.

Solo como anécdota, cabe recordar que el programa de gobierno de la Unidad Popular, en 1970, ya contemplaba el traspaso de la inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, recién creado en enero de ese mismo año en virtud de la reforma constitucional a la Carta de 1925, por iniciativa del Presidente Eduardo Frei Montalva.

En el nuevo texto constitucional de 2005 se reconoció la legitimación activa, tanto de las partes como de los jueces de una gestión judicial, para requerir directamente ante el TC la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, fundado en que de resultar decisorio en la respectiva litis pudiese provocar un resultado inconstitucional. Esta forma de control represivo o a posteriori de preceptos legales permite hacer primar el principio de supremacía constitucional, impidiendo que aquellos vulneren la Constitución.

Actualmente, consecuencia del traspaso de la competencia, los requerimientos de inaplicabilidad ante el TC representan el 98% del total de sus causas. El ingreso de esta acción en 10 años alcanza a 10 mil aproximadamente, interpuestos mayoritariamente por las partes en gestiones judiciales, mientras que los correspondientes a jueces corresponden solo al 4%. Si entre el año 2005 y el 2015 los ingresos al tribunal eran algo más de 150 en promedio anual, desde el 2017 aumentó exponencialmente alcanzando a 2.668 el año 2021.

Este incremento de las inaplicabilidades da cuenta de dos aspectos: primero, que la ciudadanía concurre al Tribunal Constitucional porque perciben la garantía de un debido proceso y de un acceso a la justicia o a ser oídos por esta y, segundo, como consecuencia de ello, el TC adquiere una incuestionable legitimidad entre los litigantes o justiciables.

La propuesta de la Convención, negando a las partes —sin la debida justificación— la legitimidad activa para accionar de inaplicabilidad ante la eventual Corte Constitucional, hace presumir al menos que no se ha comprendido la afectación que se provocará al derecho fundamental a la defensa judicial, así como tampoco al control de supremacía constitucional.

Legitimar solo al juez de la causa o transformarlo en examinador de la admisibilidad de la petición de inaplicabilidad por una de las partes permite prever —considerando la escasa ocurrencia de la inaplicabilidad por los jueces en estos años, así como el derrotero ya visto, que siguió en la Corte Suprema— que la interposición de la acción será mínima, haciendo ineficaz e ilusorio el control constitucional preventivo.

La nueva norma restrictiva vulnerará tanto el acceso a la justicia, el derecho a la defensa judicial, la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos. Si el constitucionalismo ha significado el reconocimiento de derechos, libertades, igualdades y garantías, entonces, una decisión de tal naturaleza resulta regresiva y antidemocrática. Téngase presente que los derechos fundamentales son progresivos e irreversibles.

El acceso a la justicia y el derecho a la defensa constituyen derechos fundamentales indispensables en un Estado sujeto al derecho y a los derechos y, por tanto, a la revisión judicial, cualquiera sea la naturaleza de los actos públicos o de las fuentes formales del derecho público, desde las simples resoluciones hasta las leyes. Como señala el jurista Alon Harel, la revisión judicial no significa exclusivamente la existencia de instituciones, de jueces y tribunales, sino, “la materialización del derecho a ser oído”, a un proceso decisiorio en sí o “a un proceso específico de deliberación” (Alon Harel, 2018).

Este mismo autor precisa que el derecho a ser oído tiene tres componentes: oportunidad para reclamar, oportunidad para recibir una justificación de una decisión que vulnera o puede vulnerar derechos propios y el deber de reconsiderar la decisión inicial. La titularidad de tal derecho corresponde entonces a quien puede reclamar la eventual vulneración a un derecho prima facie. Para decirlo en otros términos: ¿puede quedar entregada la admisibilidad de una inaplicabilidad de uno o más preceptos legales decisorios de un litigio en el juez que debe resolverlo y que viene estructurando su argumentación judicial en base a aquellos? Más aún, ¿cómo podría resolver un juez una petición de inaplicabilidad de preceptos legales que el propio ordenamiento jurídico lo obliga a respetar y aplicar, o, porque simplemente se debe presumir su constitucionalidad? Los jueces ordinarios o especiales no tienen facultades para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal y no es conveniente que lo tengan en consideración a la necesidad de uniformidad de la jurisprudencia y a la garantía de la seguridad jurídica.

No está de más recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su artículo 8º la garantía judicial de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial y, por su parte, el artículo 25º define la protección judicial como el derecho de toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Como se puede deducir inequívocamente, tal disposición establece un derecho a defensa, a ser oído y al recurso, para toda persona. Cierto que sin más se podría contrargumentar diciendo que ya existe el recurso de protección, sin embargo, cabe preguntarse si los jueces competentes en esta acción podrán ser imparciales ante una petición de inaplicabilidad de parte. Además, conviene recordar que los magistrados en estos procesos deciden sobre la ilegalidad o arbitrariedad de un acto, no de preceptos legales, y solo declaran que se vulneran los derechos fundamentales como consecuencia de lo anterior.

Si a esto se suma el hecho de que los nuevos jueces serán nombrados por los órganos políticos: Gobierno, Congreso de Diputados, Cámara de las Regiones, así como los correspondientes al Sistema de Justicia, que lo serán a través del nuevo Consejo de la Justicia, órgano de gobierno judicial con integración política parcial, no es difícil prever que en un Estado de Partidos esa Corte estará integrada por representantes políticos y no por jueces. La esencia de un tribunal es la imparcialidad de sus magistrados, de modo que si uno de ellos es representante de cualquier interés o perspectiva parcial, no puede ser considerado juez.

Si, además, se considera la eliminación del Senado —institución esencial para los frenos y contrapesos internos del sistema parlamentario—, que puede ejercer un control preventivo de constitucionalidad de la ley durante su tramitación, entonces estamos ante la clara perspectiva de la desaparición de ambos tipos de control, preventivo y represivo, haciendo ilusa cualquier defensa de la Constitución.

En fin, ni el ilusionismo constitucional ni los prejuicios o reduccionismos ideológicos cautelan verdaderamente los derechos de las personas. El bien del país y la justicia a favor de la ciudadanía y del pueblo en general demandan el respeto de la tradición constitucional, de la experiencia histórica y comparada y la doctrina de los derechos humanos.

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"... Más allá de ser una necesidad interna de la propuesta cara al cumplimiento de los desafíos que suponen el Estado Social y el Estado Regional (...), principios que seguramente deberán ser ajustados y complejizados hacia el futuro (como lo demuestra la experiencia comparada), dan cuenta de un avance positivo en la evolución de nuestra tradición constitucional..."

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"...La Corte Suprema acierta en el primer caso al confirmar la sentencia de primera instancia que da por terminado el arrendamiento y que ordena pagar las rentas de los meses que no estaban cubiertos por las cuarentenas decretadas por resolución administrativa, más las multas moratorias. También acierta en el segundo caso al ordenar que no se paguen las rentas en el período de abril a agosto de 2020..."

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