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Corte Suprema mantiene multa a empresa minera por incumplimiento en Resolución de Calificación Ambiental

El máximo tribunal estableció yerro en la decisión del Segundo Tribunal Ambiental que anuló la sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente contra una empresa que incumplió planes de mitigación por el uso de aguas subterráneas en la Región de Atacama.

Miércoles, 22 de junio de 2022 a las 17:46
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A.Z.C.
“La sentencia en estudio efectuó un análisis formal y sesgado de la prueba, pues se limitó a examinar las RCA y sus EIA, pero sin actualizar y cotejar dichos antecedentes con los informes otorgados por los órganos especializados y por la propia empresa, que permitiese realizar una correcta interpretación de las autorizaciones otorgadas en su oportunidad para la ejecución del proyecto, puesto que (...) aquellas siempre deben ser analizadas a la luz de los acontecimientos reales del medio, para que constituyan una efectiva y real herramienta de gestión ambiental que permita, en consecuencia, realizar un encuadramiento de la normativa que reglamenta el proyecto a la luz de su actual aplicación”, señala el fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de casación en la forma y, en sentencia de reemplazo, repuso una multa aplicada a la Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) por incumplir los planes de mitigación por uso de aguas subterráneas autorizados en una resolución de calificación ambiental para faenas en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.

Y añade que, en consecuencia, la decisión del Segundo Tribunal Ambiental de desestimar el cargo N° 14, “sin que, previamente, se hayan analizado y ponderados los elementos de prueba (...) para definir si, efectivamente, la CCMC habría dado cumplimiento a la RCA en cuanto al correcto uso del agua subterránea, que permitiese configurar o desechar la obligación que se le imputa, hace que la sentencia carezca de consideraciones de hecho y derecho y, especialmente, de fundamentos técnicos jurídicos que sustenten su decisión”.

De esta forma, la Tercera Sala del máximo tribunal —compuesta por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Roberto Contreras y el abogado integrante Pedro Águila— estableció yerro en la decisión del órgano especializado al anular la sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Al no hacerse cargo la sentencia de las consideraciones técnicas ambientales antes descritas, elementos probatorios, evidentemente, indispensables para ponderar la situación constatada por la SMA y, por consiguiente, para acoger el reclamo en relación al cargo N° 14, hace que el fallo carezca de los argumentos que permitan a los litigantes, comprender las razones —aun cuando no las comparta— del porqué se modifica la sanción impuesta y, la más grave, impide a los recurrentes ejercer correctamente su derecho a la defensa”, puntualiza la resolución.

Los antecedentes

Según se lee en el fallo de la Sala Constitucional, “es posible advertir, como lo denunció el tercero coadyuvante, que los sentenciadores llegan a la conclusión que antecede sin referirse a los informes técnicos acompañados por CCMC, en los cuales se daba cuenta de la evolución de los niveles de aguas subterráneas en el Sector 4, respecto de los meses de junio 1993 a noviembre de 2015 y de febrero de 2004 a noviembre de 2015 unido a la información mensual que esta entregó en cumplimiento de una medida provisional dispuesta por la SMA, mediante la cual se corroboraba la baja sostenida de los niveles de los pozos del sector 4, cuyos rangos, según dichos informes, se mantenían estables entre los 120 y 130 metros de profundidad aproximadamente para poder extraer agua, contradiciendo lo expuesto por la empresa, al presentar una solicitud de aprobación de proyecto Fase II, en cuanto señalaba que ese nivel, en el peor de los casos, podría alcanzar los 54 metros de profundidad, respecto de lo cual la sentencia nada expresa”.

En ese sentido, precisa, “se advierte un análisis o descarte en relación a los informes emitidos por la DGA de junio 2016 y de Aguas Chañar de agosto de ese mismo año, en los cuales se indica quienes, en la zona, tienen los más altos derechos de aprovechamiento de las aguas y, por tanto, más incidencia en el usos de las mismas, siendo Aguas Chañar S.A. con un 30% y CCMC con un 24%, explicando que los niveles de los pozos en los años anteriores a 2015, fueron disminuyendo en términos tales que llegaron a descender a 130 metros de profundidad, bajando con ello la cota y calidad del agua que existía en el acuífero. La DGA precisó que Aguas Chañar comenzó a disminuir el uso del agua de los pozos en el año 2008 a 2012, sin que, aquello provocara una recuperación del acuífero, no obstante que igualmente infiltraba o devolvía el agua no utilizada a la cuenca”.

Sin embargo, en el caso de CCMC, continúa la resolución. “cuando comenzó a disminuir el consumo de las aguas a partir de mayo de 2013, al incorporar agua desalinizada a su proceso, se constató una recuperación de los niveles del acuífero, razón por la que concluyó que era esta la que tiene mayor responsabilidad en la baja de las aguas de los pozos del sector 4, en los períodos que le fueron imputados, tal como se advierte de los análisis que dice se efectuó en los años 2013 y 2014 pues, se demuestra que no restituía al acuífero el agua que no utilizaba, por el contrario, la entregaba a otra minera”.



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