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“No me convence el cambio al requerimiento de inaplicabilidad (...) y me preocupa la pérdida del recurso de protección”

El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, también es crítico del diseño de Consejo de la Justicia propuesto y de la jurisdicción indígena incorporada al borrador del texto constitucional.

Sábado, 18 de junio de 2022 a las 12:06
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Alejandra Zúñiga C.
En enero pasado, el excontralor Ramiro Mendoza fue elegido presidente del Colegio de Abogados. Su candidatura, por la lista Gremiales por el Estado de Derecho, concitó amplio interés: cuál sería su estilo, cómo enfrentaría el gremio el debate constitucional, qué materias interesarían a la nueva mesa directiva.

Optó por un bajo perfil, dice, porque asumieron cuando el proceso constitucional ya estaba en curso y porque no hay una única visión al interior del gremio.

—¿Por qué el gremio ha tenido poca incidencia en el debate de la Convención?

—Me parecía muy complejo, no queríamos, empezar a convertirnos, como colegio, en actores comentaristas de una Constitución, cuando en realidad tenemos un foco, que necesariamente es la profesión y (...) lo que dice relación con temas esenciales, como son la calidad de la justicia, la accesibilidad a ella y el estado de derecho como principio.

“Además, tratar de influir supone un colectivo que tenga una única mirada y el colegio no la tiene. Son 19 consejeros, donde hay nueve de un sector y 10 del otro. No queremos que la definición como colegio se asocie única y exclusivamente con una posición frente a la Constitución, que está por el Apruebo o por Rechazo, sino que este advierte cosas (...) de orden judicial”.

También recuerda que una preocupación de la anterior mesa directiva fue manifestarle a la Convención la necesidad de que los colegios profesionales tuvieran un rol relevante, “y en eso se enfocaron y fueron recibidos”.

“En el borrador de Constitución hay una norma que los reconoce (...) como personas jurídicas de derecho público, sin que se haya tomado la decisión en el texto constitucional de que la colegiatura profesional se transformara en obligatoria”, agrega.

Corte Constitucional e inaplicabilidad

—¿Cómo evalúa la restricción propuesta a los requerimientos de inaplicabilidad?

—Para algunos, esto tiene explicación por la disminución de esta legitimación, por la pérdida de sustancia de la garantía del ejercicio de una acción constitucional directa de un ciudadano frente a un Tribunal Constitucional; algunos encuentran que esto obedece a una cosa amplia, que es el desprestigio del TC, cosa con la que no estoy de acuerdo, y otros acuden a que es la gran cantidad de recursos de inaplicabilidad.

“Creo que es una pérdida para la calidad del Estado de Derecho y es una pérdida para la defensa de los derechos de las personas. La inaplicabilidad deja de ser un remedio procesal para ejercerlo directamente ante la Corte Constitucional, porque será solo el juez el titular de la acción”

—Se ha dicho que se abusó en su uso...

—Es que ese es precisamente el sentido de las acciones, que se usen. El abuso está quizás en el correlato, a lo mejor pacífico, de jueces que no aplican la sanción de costas, porque precisamente lo que tiene un juez frente a las acciones temerarias es la acción condenatoria de costas.

—¿Y la posibilidad de retirar estos requerimientos en el tránsito del TC a la Corte Constitucional?

—Sigue siendo una solución que desprecia al TC como garantizador de derechos fundamentales, porque si yo tengo una causa en el TC lo que voy a querer es ser al menos heredero de las últimas decisiones de protección de derechos fundamentales, el hecho de que yo las pueda retirar lo único que pone en evidencia manifiesta es que nunca han entendido el rol fundamental de tutela de derechos fundamentales en el TC y eso es más preocupante aún.

—¿Qué le parece el recurso de tutela de derechos fundamentales propuesto en reemplazo del recurso de protección y el hecho de que ahora sería resuelto en primera instancia?

—Este instrumento se transformó en un sucedáneo del contencioso administrativo y, de pronto, complejos incumplimientos o afectación de derechos producidos por la administración del Estado pudieron ser reconocidos y conocidos en una sede jurisdiccional a través de una acción pronta, cautelar, eficaz, oportuna, en un procedimiento bastante sencillo, y quizás aquí hay mucho de derecho del pretor, producto del juez se fue transformando en un instrumento que permitía no ser amagado a través de la orden de no innovar, permitía un conocimiento justo, desde el punto de vista de los informes que pedía la Corte. No solo los que las partes solicitaban, sino que informes técnicos de todos quienes pudieran, entrecomillas, generar la oportunidad para el mejor conocimiento y aplicación del derecho.

“Esto obedeció a una carencia histórica en Chile y la forma como estamos reconstruyéndola, desde el punto de vista de pasársela a un juez de primera instancia de jurisdicción común, es un agravio que le va a significar a las personas una merma en la protección de sus derechos fundamentales (…). No me convence ni el cambio al requerimiento de inaplicabilidad (…) y me preocupa la pérdida del recurso de protección”.

—En general, pareciera que la Corte no quedó tan restringida...

—La Convención y los convencionales fueron entendiendo la trascendencia de lo que significa el control de constitucionalidad, creo que esta mirada de la Comisión de Venecia y su venida a Chile en realidad hizo presente que nuestro TC y nuestro sistema de justicia constitucional (…) nos habían puesto a la altura de cortes constitucionales que se representaban en la mayoría de los países occidentales. Ese rescate histórico les permitió ver a los convencionales que esto no era una tercera cámara, que había muchas atribuciones que había que poner y mantener en manos de esta Corte Constitucional”.

Consejo de la Justicia

—Respecto del Consejo de la Justicia, ¿cómo ve el diseño?

—Diría que gran parte de las herencias de los malos funcionamientos de estos consejos de las justicia vienen de qué tanto intervienen en el control del juez, y acá se dejó la peor de las guindas, porque se dejó una revisión quinquenal del funcionamiento de la gestión del tribunal, de los jueces, y es bien curioso. A uno el contraargumento que le dan es que esta revisión no tiene nada que ver con lo jurisdiccional, pero, ¿entonces qué revisa? El tema de revisión de este órgano me parece que es totalmente expoliador de la independencia judicial. Ahí creo que hay un grave problema.

“Y el otro problema está en la integración, al excluir la mayoría de orden judicial al, entrecomillas, fomentar el asociativismo político al interior del Poder Judicial y al excluir a las facultades de Derecho. Creo que dejamos demasiados nexos con la política y la incidencia externa en el orden judicial, y eso nos va a traer problemas de nombramientos, evaluación y gestión. La clave es la autonomía, si no están todas las garantías de ese funcionamiento autonómico va a haber problemas”.

—¿Cómo pudiera mejorarse este diseño?

—No quedó entregada a la ley la composición del Consejo de la Justicia, hoy es constitucional, entonces, cualquier reforma necesita pasar por la Constitución.

—En relación con el alcance del control que tendrá este órgano, ¿qué impresión tiene?

—Eso es impresentable, sobre todo el control de los jueces. Ese control quinquenal, en la forma en que está desarrollado, puede resultar cualquier cosa.

—¿Qué opinión tiene de la regulación transitoria para su jubilación?

—Creo que es correcta, que la transitoriedad logró articular algo que había quedado mal en lo permanente. A mí me hubiera gustado que hubiesen sido 10 años y no 14, pero eso ya es un tema de definiciones personales.

—¿Entonces está a favor de que se le ponga este límite en el cargo a los supremos y se rebaje la edad de jubilación?

—Sí, no tengo problema con la edad. Es también un factor de término no solo para los miembros de la Corte Suprema, sino también para el contralor general, el fiscal nacional, para los integrantes del Banco Central la edad es un factor de cese en Chile. Creo que cualquier jurisdicción debiese acabar a la edad que establezca el ordenamiento y me parece bien para efectos de dar una cierta dinamicidad en la integración de los órganos, sobre todo en los colegiados.

—¿Cuál es su opinión sobre el modelo de justicia indígena?

—No lo entiendo, me gustaría poder hacerlo, pero no lo entiendo. En la Carta, lo que pareciera ser es que se reconocen los modelos de justicia indígena en la medida que haya, pero no hay muchos en Chile, sino que más bien es, de lo que he averiguado, una forma de solucionar problemas más bien locales dentro de comunidades (...), pero aquí como que lo estamos insuflando de tal manera que pareciera ser que van a poner en jaque frente a conflictos jurídicos con personas que no son de esa etnia y que dicen relación con atribuciones materiales de decisiones materiales, en asuntos de arriendo, propiedad, salud o penal, pero no es así.

“La justicia indígena es bastante reducida, salvo que el legislador ex post, después de la Constitución, quiera reconocer modelos legislativos y creo que no va a ser muy factible que lo haga, porque las condiciones de diferencia y de diferenciación respecto de sistemas más privilegiados para unos respectos de los otros rompe el modelo de la igualdad, eso como regla. Si existen esos modelos y funcionan dentro de las colectividades, reconocerlos no tiene nada de extraño ni de perjudicial, pero expandirlos sin una fuerza normativa, bajo el solo epígrafe del reconocimiento que tiene en la Constitución, me parece un despropósito”.

Ampliación de la consulta indígena

—También se amplía la exigencia de consulta a grupos indígenas en diversas materias.

—Hay dos fenómenos del derecho común público que se han expandido en los últimos años. Uno es la ‘colegiatitis', es decir, transformar todo en órganos colegiados que toman decisiones (…), y la otra es la ‘consultitis', las consultas como modo de gestión de lo público y para efectos de instalación de decisiones que van a afectar a entornos grandes de bienes comunes o de pueblos comunes. La ‘consultitis' tiene un paradigma de complejidad que es la de pueblos indígenas, ahí se expandió muchísimo en la Constitución y esa es una expansión bien riesgosa mientras el modelo no tenga un afiatamiento legal que le produzca un cese a la oportunidad y al tiempo de la consulta, es decir, si el legislador no logra incardinar esto de manera correcta y hay consultas permanentemente abiertas, lo que va a haber es un problema magnífico desde el punto de vista del desarrollo de inversiones públicas y privadas en Chile.

“Hay, además, que definir bien cuáles son realmente vinculantes y cuáles son simplemente participativas”.

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