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Presidentes de tribunales ambientales valoran nuevo rango constitucional, pero cuestionan que se cree uno por región

Los ministros Alejandro Ruiz y Javier Millar, de los tribunales de Santiago y Valdivia, respectivamente, se refieren a la propuesta de la Convención en esta materia y, entre otras cosas, plantean reparos por la idea de eliminar a los ministros licenciados en Ciencias para que estos organismos estén solo integrados por abogados.

Martes, 7 de junio de 2022 a las 19:14
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Daniel Inostroza G.
Incorporados ya a la propuesta de nueva Constitución, los ministros presidentes de dos de los tres tribunales ambientales del país, Alejandro Ruiz y Javier Millar, de Santiago y Valdivia, respectivamente, se refieren a los alcances que tendrá ello en la justicia medioambiental chilena y se analizan tanto sus aspectos favorables como aquellos que generan alarmas.

En tanto, la ministra presidenta Sandra Álvarez, del Primer Tribunal Ambiental —con sede en Antofagasta y que revisa causas desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo—, declinó responder las preguntas efectuadas para este artículo.

"La propuesta, tal como está hoy, no mejora el escenario para la justicia ambiental"

“Sin duda resulta valorable que la Convención Constitucional haya querido poner de relieve el trabajo que hacemos (...), al darles reconocimiento en la Carta Magna”, señala el ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Alejandro Ruiz, con sede en Santiago y cuya jurisdicción comprende desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule.

No obstante, añade que “la propuesta de inclusión de tribunales ambientales en la Constitución, tal como está hoy, no mejora el escenario para ellos ni para la justicia ambiental”.

A su juicio, “el hecho de que en la Constitución se defina el número de tribunales ambientales o su composición puede traer aparejadas complejidades, dado que formular cambios más adelante será muy difícil por los quorum asociados”. Además, cuestiona la idea de contar con 16 de estos organismos, uno por cada región, ya que dicho planteamiento, asegura, “no se encuentra avalado en la evidencia empírica. Habrá sedes regionales con escasa carga laboral y bajo ingreso de casos”.

Otro aspecto que define como “delicado” es el hecho de exigir que todos los tribunales deben estar integrados solo por jueces abogados —hoy son dos ministros titulares abogados y un ministro titular licenciado en Ciencias con especialización en materias ambientales y a lo menos 10 años de ejercicio profesional—, “eliminando de paso a los jueces científicos, que han demostrado ser un enorme aporte en las controversias ambientales por las razones de especialidad indicadas”.

En ese sentido, Ruiz plantea que “la ciencia no solo aporta en el análisis como insumo fundamental, sino que tiene hoy día poder dirimente de decisión en la judicatura. La eliminación de jueces no abogados significaría un retroceso en materia ambiental y resulta contraintuitivo si pensamos que el peso de la ciencia debiera aumentar y no disminuir en las decisiones de esta naturaleza”.

“El número de tribunales es un aspecto que debería quedar en manos del legislador”

El análisis de Ruiz es compartido en términos generales por el ministro Javier Millar, su par del Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia y cuya competencia se extiende entre la Región de Ñuble hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Igualmente califica como relevante “la constitucionalización de los tribunales ambientales”, elevando su actual rango legal a constitucional, “lo que refleja la importancia que el proyecto asigna al acceso a la justicia ambiental y a la relevancia de esta vía jurisdiccional especializada en la resolución de conflictos socio-ambientales”.

Junto con eso, destaca su incorporación dentro del sistema de justicia, “lo que determina, entre otros aspectos, que a los ministros o jueces de los tribunales ambientales, como tribunales de instancia, se aplicarán las reglas generales de nombramiento para los jueces y juezas del Sistema Nacional de Justicia”.

No obstante ello, coincide con su par de Santiago al cuestionar que en el diseño propuesto se eliminan los ministros licenciado en Ciencias.

“El borrador contempla un sistema de justicia, que incorpora a los tribunales ambientales como tribunales de instancia, integrados solo por jueces con la calidad de abogados, lo que implicaría suprimir a los ministros o jueces licenciados en Ciencias en los tribunales ambientales. Esto implica reducir las garantías de especialidad de los sentenciadores, impactando significativamente en el rol específico de los jueces científicos en la jurisdicción ambiental, que está centrado en dotar de fundamento técnico a las sentencias”, plantea.

El magistrado añade que esto se traduce en que los tribunales ambientales “tienen la capacidad suficiente para revisar no solo los aspectos de legalidad de las decisiones administrativas o de los hechos atribuidos en las demandas por daño ambiental, sino que, además, los componentes técnicos que nutren las decisiones administrativas”.

Y respecto del aumento en el número de estos organismos a lo largo de todo el país, concluye que, desde un punto de vista técnico, es un aspecto que “debería quedar en manos del legislador, dado que uno de los factores (…) que necesariamente debe considerarse (para esa decisión) es el volumen de ingresos de causas".

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