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Reporte jurídico de fallos destacados

Thomson Reuters informa su selección de sentencias de las cortes Suprema y de Apelaciones entre el 27 de mayo y 02 de junio. Reporte completo.

Lunes, 06 de junio de 2022 a las 13:00
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Thomson Reuters

Novedades jurisprudenciales

Declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones. Facultad de la Administración para contratar personal a honorarios en virtud del artículo 11 del Estatuto Administrativo. Procedencia de aplicar el Código del Trabajo a funcionario contratado a honorarios por la Administración cuando concurren las exigencias de una relación laboral. Vinculación desarrollada fuera del marco legal del estatuto que autoriza la contratación a honorarios se rige por el Código del Trabajo. Existencia de una relación laboral.
Corte Suprema Cuarta Sala (Especial)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19752/2022


Nulidad del despido y cobro de prestaciones. Cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores. Naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida. Procedencia de la sanción de nulidad del despido si empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional y no dio cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo.
Corte Suprema Cuarta Sala (Especial)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19750/2022


Cobro de cheque. I. Requisito de la capacidad en su doble grado de capacidad para ser parte y de capacidad procesal de obrar, resuelve el problema de la aptitud para figurar y actuar como parte en un proceso. Legitimatio ad causam o legitimación procesal afecta al proceso no en su dimensión común, sino en lo que tiene de individual y determinado. II. Excepción del artículo 464 N° 2 del Código de Procedimiento Civil se refiere tanto a la legitimatio ad processum como a la ad caussam. Cheque que sirve de título a la ejecución fue girado, nominativamente, a favor de un tercero distinto de la actora. Ejecutante no está legitimada para accionar.
Corte Suprema Primera Sala (Civil)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19709/2022


Responsabilidad del Estado. I. Falta de servicio como factor de imputación que genera responsabilidad indemnizatoria. II. Modalidad de libre elección no libera al recinto hospitalario de su responsabilidad en la atención de salud. Pacientes tienen el derecho a que, en relación a la responsabilidad sanitaria, sean tratados con igualdad. Todo establecimiento de salud debe responder por lo que sucede en su interior. III. En la responsabilidad administrativa sanitaria el servicio que prestan los recintos hospitalarios sean públicos o privados es el mismo. IV. Examen a realizar para los efectos de determinar la falta de servicio dice relación con la atención de salud que se le brindó a la madre del niño, independiente de la modalidad en que la prestación de salud se ejecutó. Configuración de falta de servicio al no adoptarse las medidas necesarias para la seguridad del paciente, la integridad física del niño y la calidad de la atención de salud que era esperable de un centro asistencial. V. Concepto de daño moral. Suficiencia probatoria para acreditar el daño moral sufrido.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19734/2022

Reclamación en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente. I. Tribunal Ambiental es controla que la decisión administrativa ambiental se ajuste al ordenamiento jurídico. Límite general de los poderes del Tribunal Ambiental. II. Tribunal ambiental no puede determinar el contenido del acto anulado. Improcedencia que Tribunal Ambiental ordene la rebaja de la multa en un porcentaje explícito. III. Potestad concedida a la SMA pese a tener el carácter de reglada, presenta varios espacios de discrecionalidad. Aspectos generales sobre la potestad sancionadora de la Administración. Importancia de control jurisdiccional cuando se ejerce la potestad discrecional en su obrar material y jurídico. IV. SMA para establecer el tamaño económico de la empresa utilizó la clasificación que entrega al respecto el SII. Dicha clasificación constituye el medio idóneo para los efectos de argumentar y fundar la determinación del tamaño de una empresa. V. Artículo 40 de la LOSMA unido a la Guías de la SMA para determinar las sanciones constituyen orientaciones generales que condicionan el ejercicio de una determinada potestad discrecional. VI. Órgano fiscalizador conserva su margen de discrecionalidad en la valoración de los criterios. Aplicación de la circunstancias de la capacidad económica de la infractora se ajusta a la legalidad.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19733/2022


Divorcio y compensación económica. I. Concepto de compensación económica. Determinación concreta de la cuantía de la compensación económica se inserta dentro de las facultades privativas de los jueces de la instancia. Deber de fundamentar la determinación del monto de compensación económica. Incumplimiento del deber de entregar las razones o de justificar cada uno de los pasos seguidos para establecer el monto de la compensación económica. II. Facultad privativa de los jueces del fondo para apreciar la prueba y establecer los hechos de la causa. Suficiencia probatoria para determinar modificar los alimentos y regular un nuevo monto.
Corte Suprema Cuarta Sala (Especial)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19749/2022


Declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones. Facultad de la Administración para contratar personal a honorarios en virtud del artículo 11 del Estatuto Administrativo. Procedencia de aplicar el Código del Trabajo a funcionario contratado a honorarios por la Administración cuando concurren las exigencias de una relación laboral. Vinculación desarrollada fuera del marco legal del estatuto que autoriza la contratación a honorarios se rige por el Código del Trabajo. Existencia de una relación laboral.
Corte Suprema Cuarta Sala (Especial)
Fecha sentencia: 31/05/2022
Cita online: CL/JUR/19752/2022


Responsabilidad del Estado. I. Suficiencia probatoria para acreditar la falta de servicio que se imputa como factor de atribución de responsabilidad. Actuar deficiente de Municipalidad en el marco de procedimiento de licitación pública. Municipalidad no acató lo instruido en sentencia del Tribunal de Contratación. II. Decisión de declarar desierta la licitación resulta contraria a lo instruido en la sentencia por el Tribunal de Contratación. III. Actos ilícitos en que incurrió la Municipalidad privaron a la actora de la muy probable adjudicación de la licitación y sus utilidades. Posibilidad de hacer una estimación real y relativamente certera de lo que habría percibido de no mediar los referidos actos ilícitos. Procedencia de indemnización por lucro cesante.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 30/05/2022
Cita online: CL/JUR/19729/2022


Recurso de protección. Rechazo solicitud de instrucción de demolición del Hotel Punta Piqueros. I. Reconocimiento expreso por el titular del proyecto de la incompatibilidad de lo edificado con el Plan Regulador Comunal de Concón. Proyecto Hotel Punta Piqueros no cuenta con un permiso de obra válido. II. No existen decisiones completamente regladas o discrecionales, sino que los actos administrativos tienen elementos del mismo que son reglados y otros discrecionales. III. Solicitud de modificación del Plan Regulador Comunal no puede ser considerada como una gestión de regularización. Reanudación del procedimiento de obtención del permiso de edificación solicitado en 2010 es incompatible con la petición de modificación del Plan Regulador Comunal. Permiso de obra nueva N° 007 de 2011 fue declarado contrario a derecho por causas coetáneas a su origen. IV. SEREMIMINVU carece de atribuciones de carácter medioambiental. Titular del proyecto carece de permiso de construcción y no ha satisfecho la condición de la RCA. Improcedencia de invocar, con motivo de la demolición, la prevención de riesgos ambientales que fueron despreciados en la formulación original del proyecto. V. Incumplimiento del deber de motivar la resolución que rechaza solicitud de demolición. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la demolición de obra. Vulneración de la igualdad ante la ley.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 30/05/2022
Cita online: CL/JUR/19728/2022


Responsabilidad sanitaria del Estado. I. Daño moral sería un hecho de normal ocurrencia si el menoscabo deriva de lesiones físicas o de la muerte sufrida por la víctima. Daño moral puede colegirse mediante presunciones y acorde al principio de normalidad. II. Recurrente de casación que no invoca motivadamente las razones concretas de la supuesta vulneración del artículo 41 de la Ley N° 19.996. III. Suficiencia probatoria para acreditar la falta de servicio hospitalaria imputable al Estado, que produjo la muerte imprevista de un padre. Improcedencia de considerar una exposición imprudente de la víctima al daño al momento de determinar el monto de la indemnización. IV. Vicio fue subsanado al acompañarse certificado que da cuenta del fracaso de la mediación realizada.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 27/05/2022
Cita online: CL/JUR/19719/2022



Novedades legislativas

Ley N° 21.449, modifica el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en lo relativo a Declaración de Impacto Ambiental. Publicada en el Diario Oficial de 2 de junio de 2022.

Antecedentes

La participación ciudadana es fundamental dentro de la evaluación ambiental, porque permite que las personas se informen y opinen responsablemente acerca del proyecto o actividad, como también, que obtengan respuesta fundada a sus observaciones. La ciudadanía aporta información relevante a la evaluación ambiental y da transparencia a la revisión de las Declaraciones (DIA), otorgando solidez a la decisión de las autoridades.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generan cargas ambientales para las comunidades próximas, la ley señala que, las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.

Por otra parte, el plazo que contempla la ley para la anterior solicitud es de 10 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.

Objetivo de la ley

La presente ley tiene por propósito aumentar el plazo de 10 días dado que se considera muy breve, considerando que dentro de este plazo las personas interesadas en la solicitud deben organizarse para realizar la solicitud y la práctica ha demostrado que los interesados, muchas veces no se informan de la Declaración de Impacto Ambiental, desde el momento en que se publica en el Diario Oficial, sino después de unos días transcurridos desde la publicación, disminuyéndose aún más el plazo con que cuentan para formular sus solicitudes.

Además, si el plazo transcurre sin haber solicitado la participación ciudadana, se pierde oportunidad de presentar observaciones por escrito al proyecto. En consecuencia, el plazo que se otorgue para solicitar participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, debiera ser más extenso.

Contenido

El nuevo texto legal aumenta, de 10 a 30 días, el plazo para presentar la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en el caso de Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

Cita Online: CL/LCON/19SZ

Resolución exenta N° 428, aprueba certificación Sello 40 horas. Publicada en el Diario Oficial de 1 de junio de 2022.

Con fecha 1 de junio de 2022, se publica en el Diario Oficial la Resolución N° 428, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba Certificación “Sello 40 Horas”, al que pueden postular todas aquellas empresas cuyos trabajadores posean jornadas ordinarias semanales no superiores a cuarenta horas semanales, según las condiciones y requisitos establecidos en la resolución mencionada.

En efecto, de acuerdo a la citada norma, la certificación dará lugar a la entrega del “Sello 40 horas” que constituirá un reconocimiento público, de carácter promocional, que otorgará gratuitamente el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a las empresas que acrediten el cumplimiento de ciertas exigencias.

1. Requisitos para acceder a la Certificación “Sello 40 Horas”

Según el artículo 2° de la nueva regulación, los requisitos para acceder a la Certificación “Sello 40 Horas”, consisten en las siguientes:

I. Tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos el 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no superen 40 horas ni menos de 30 horas semanales.

II. No haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales previstos en el párrafo 6º del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.

III. Estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.

2. Postulación y evaluación de la empresa postulante

Las empresas interesadas en la certificación deberán postular a través del formulario que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social puso a disposición en su página web institucional.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 4° de la resolución en comento, la evaluación de la empresa postulante se realizará por la Subsecretaria del Trabajo, conforme al siguiente procedimiento:

I. Levantamiento de información: En esta etapa se recopilarán administrativamente, requiriendo la información directamente a la empresa postulante o a otros servicios públicos, los antecedentes necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

II. Informe: Un informe de la Dirección del Trabajo acerca del cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado anterior, dentro del plazo máximo de 15 días hábiles. Para estos efectos, la Dirección del Trabajo podrá realizar una visita a las dependencias, sea principal y/o filial, de la empresa postulante, con la finalidad de corroborar los antecedentes.

3. Otorgamiento de la Certificación “Sello 40 horas”

Obteniendo el informe favorable de la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social otorgará por resolución fundada la certificación “Sello 40 horas” a la empresa que resulte distinguida, la que será entregada por el plazo de un año. Dicha certificación puede prorrogarse por igual periodo, previo informe favorable de la Dirección del Trabajo, que establezca que la empresa continúa cumpliendo los requisitos.

4. Efectos de la Certificación “Sello 40 horas”

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social mantendrá publicado en su página web institucional el listado de empresas que hayan sido distinguidas con el “Sello 40 horas”. A su vez, según el artículo 8° de la Resolución N° 428, las empresas certificadas con el sello aludido, contarán con el patrocinio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en los términos previstos en la resolución exenta Nº 286, de 2003, de la misma cartera. Así entonces, podrán utilizar este patrocinio especialmente en la promoción de las actividades que digan relación con la creación de empleo, mejores condiciones laborales, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social.

Por otra parte, la normativa dispone que las empresas podrán dar difusión al otorgamiento de la certificación “Sello 40 horas” en su página web o por otros canales de comunicación social. No obstante, la difusión del “Sello 40 horas” y del patrocinio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social por parte de la empresa certificada, sólo estará permitido mientras se encuentre vigente dicha certificación.

Cita Online: CL/LCON/19SS

Decreto N° 39, modifica decreto Nº 37, de 2021, que aprueba reglamento conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 515 del Código del Trabajo, incorporado por la Ley Nº 21.327, que determina los datos y la documentación que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el Registro Electrónico Laboral, y las modalidades y procedimientos mediante los cuales se implementará y mantendrá actualizado dicho registro. Publicado en el Diario Oficial de 31 de mayo de 2022.

Objetivo El objeto de este decreto es prorrogar la entrada en vigencia de la obligación de registrar ciertos documentos en la página de la Dirección del Trabajo, en virtud de las dificultades técnicas experimentadas en los últimos meses, que impiden la aplicación estricta de la “Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo”, Ley N° 21.327.

En efecto, en las consideraciones expuestas por el decreto en comento, que fundamentan la prórroga de los plazos originalmente establecidos en el Decreto N° 37, de 28 de octubre de 2021, se expresa lo siguiente:

5. Que, por su parte, en las disposiciones transitorias del reglamento se establecieron reglas de vigencia diferida respecto de algunas de las obligaciones de los empleadores respecto de la incorporación de datos y documentos al Registro Electrónico Laboral, en el entendido de que no era técnicamente factible habilitar el soporte digital para alojar toda la información exigida al mismo tiempo.

6. Que, en abril de 2022, este Ministerio solicitó a la Dirección del Trabajo un informe respecto a la funcionalidad del portal el que, emitido mediante oficio Nº 648, de 26 de abril de 2022, informa de dificultades técnicas que impiden un ingreso eficiente y oportuno de los datos y documentos que las y los empleadores deben registrar, obstaculizando el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley Nº 21.327.

7. Que, dado lo informado por la Dirección del Trabajo en el oficio referido, es necesaria una ampliación del plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los artículos 3 y 4 del reglamento, a que hace referencia su artículo primero transitorio, de manera de permitir hacer operativa la plataforma que alojará el Registro Electrónico Laboral
”. Contenido

En virtud de lo anterior, se modifica el inciso segundo del artículo primero transitorio del Decreto N° 37, y se reemplazan los incisos tercero a séptimo del mismo artículo, por un nuevo inciso tercero, prorrogándose en veinte meses la entrada en vigencia de la obligación de efectuar el registro electrónico laboral, respecto de los documentos mencionados. Los veinte meses de prórroga se cuentan desde la publicación del Decreto N° 37, esto es, desde el 28 de octubre de 2021, cumpliéndose los veinte meses, en junio de 2023.

En consecuencia, la entrada en vigencia de la obligación de registrar los datos y documentos que se indican, se prorroga hasta junio de 2023.

Cita Online: CL/LCON/19S4

Ley N° 21.451, modifica la Ley N° 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua, en el sentido que indica. Publicada en el Diario Oficial de 28 de mayo de 2022.

Antecedentes

Cuando fue publicada la Ley N° 16.441, que creó el Departamento de Isla de Pascua en 1966, además de incorporar el territorio de Isla de Pascua a la división administrativa del Estado de Chile, se establecieron algunas normas especiales relativas a una diferenciación en el ámbito penal, otorgando una menor responsabilidad penal en una serie de delitos.

En términos generales, los artículos 13 y 14 de la ley, establecían que para los delitos contra la integridad sexual y el orden de las familias cometidos por naturales de la isla y en su territorio, el juez debía imponer una pena más baja, pudiendo, además, favorecer su cumplimiento fuera del recinto penitenciario.

Habiendo transcurrido casi cincuenta años de la entrada en vigencia de la Ley N° 16.441, y en vista del proceso de integración de Chile continental con la Isla de Pascua, se debe considerar que carece de una justificación actual mantener un tratamiento penal más benigno respecto de delitos especialmente sensibles para una sociedad que cada vez avanza para lograr la igualdad de género, mayores índices de integración de la mujer, la protección de los derechos tanto de ellas como de la infancia, entre otros aspectos culturales.

Objetivo

En términos generales, la nueva regulación busca fortalecer la prevención de todo tipo de violencia hacia la mujer, el pleno respeto a su dignidad y derechos, promoviendo medidas que buscan eliminar todo espacio de discriminación legal arbitraria, contribuyendo hacia un cambio cultural donde la sociedad en su conjunto se haga cargo de promover la equidad de género, la eliminación de toda forma de discriminación y la protección a las víctimas y la seguridad ciudadana.

Contenido

Con el fin entonces de fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer, y considerando el actual contexto del país, la ley deroga la norma que dispone que en los delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual (aborto; violación; estupro y otros delitos sexuales; ultrajes públicos a las buenas costumbres e incesto, entre otros) o contra la propiedad (robo; hurto; usurpación; e incendios, entre otros) cometidos por naturales de la Isla y en el territorio de ella, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que sean responsables.

Por otra parte, , suprime el beneficio carcelario que se puede aplicar en la Isla de pascua y que permite que, en aquellos casos en que el tribunal deba aplicar penas de presidio, reclusión o prisión, se podrá disponer que hasta 2/3 de ellas puedan cumplirse fuera del establecimiento carcelario, fijando en la sentencia las condiciones de trabajo y residencia que deba llevar el condenado y el tiempo por el cual se concede este beneficio, el que podrá suspenderse o revocarse por el juez, de oficio o a petición de parte, por medio de una resolución fundada, que se apoye en el incumplimiento de las condiciones impuestas.

Modificaciones legales

La norma en comento deroga los artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441, que Crea el Departamento de Isla de Pascua.

Cita Online: CL/LCON/19RN

Ley N° 21.450, aprueba ley sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional. Publicada en el Diario Oficial de 27 de mayo de 2022. Objetivo

En términos generales, el nuevo texto legal busca mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano, y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otras materias.

Contenido

La presente norma, encomienda una serie de funciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como fomentar la organización y desarrollo de comités habitacionales y cooperativas de viviendas, los sistemas de autoconstrucción y todo lo relacionado con ellos; implementar políticas y programas habitacionales orientadas a enfrentar el déficit en vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables; implementar políticas de suelo, estableciendo medidas que tengan por objeto reducir y contener el déficit habitacional y urbano.

Por otra parte, se entrega al Minvu la función de resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social y urbana; mediante normas urbanísticas u otras exigencias o disposiciones que resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas destinadas a familias vulnerables, de sectores emergentes y medios y que promuevan el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes.

Asimismo, se define como vivienda de interés público a aquellas destinadas a hogares que, en atención a su condición de vulnerabilidad socioeconómica o derivada de otros factores, requieren apoyos estatales u otras medidas de colaboración o impulso que les permitan acceder a una solución habitacional adecuada, sea ésta temporal o definitiva.

En este orden de ideas, se incorpora en las normas sobre regulación de la Planificación Urbana Intercomunal, los objetivos de resguardo y promoción de la integración social y el acceso equitativo a bienes y servicios públicos urbanos relevantes.

Regeneración de barrios o conjuntos habitacionales de vivienda

La nueva ley, dispone la realización de procesos de regeneración integral de barrios o de conjuntos habitacionales de viviendas sociales, en sectores afectados por un elevado déficit habitacional y una fuerte segregación urbana, lo cual exigirá el desarrollo de una estrategia de intervención, denominada Plan Maestro de Regeneración.

Esta herramienta de gestión pública, estará compuesta por acciones y obras tendientes a dar respuesta a las problemáticas diagnosticadas, mediante la rehabilitación, construcción o reconstrucción de viviendas; la dotación de equipamiento comunitario y áreas verdes; el mejoramiento del estándar de urbanización; la gestión de la movilidad habitacional y la organización comunitaria, entre otras.

Plan de Emergencia Habitacional

Se impone también al Minvu el deber de elaborar, diseñar e informar al Congreso Nacional, durante el primer semestre de 2022, la estrategia para abordar el déficit de viviendas o “Plan de Emergencia Habitacional”.

Este plan deberá considerar la información sobre demanda habitacional y el déficit existente en cada región y comuna, especialmente de las familias prioritarias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. Asimismo, deberá contemplar objetivos y metas anuales por región y comuna.

En la elaboración del Plan de Emergencia Habitacional, el Ministerio deberá tener presente los antecedentes y propuestas que efectúen los gobiernos regionales y municipios. La referida estrategia establecerá mecanismos periódicos de seguimiento, evaluación y reporte del avance y cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, al Congreso Nacional.

Modificaciones legales

La ley en comento modifica los siguientes cuerpos legales:

- Ley N° 16.391, Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
- Decreto Ley N° 1.305, Reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
- Decreto con Fuerza de Ley N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Cita Online: CL/LCON/19RF

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"...Se solventó gradualmente en la medida en que el Estado fue estructurando directamente o con el concurso de los privados unos servicios públicos de calidad y accesibles universalmente. Solo una vez construida esta dimensión estructural de los servicios es que se pudo hablarse de derechos sociales (...), prestaciones que generalmente, y hasta el día de hoy, tienen cobertura legal, no constitucional..."

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"...Lo que se presentaba como una buena y esperada noticia, en los hechos ha pasado a ser rápidamente y sin escalas, letra muerta. Sin duda ha faltado coordinación entre las municipalidades, también entra estas y las policías, e inteligencia en la investigación de las bandas criminales o mafias que operan detrás de estas fachadas. También han faltado recursos y personal..."

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