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Informe del Poder Judicial: Prisiones preventivas disminuyen desde 2019, año en que se inicia estallido social

Según estadísticas recogidas a nivel nacional y entregadas a la CIDH. El documento indica que previamente representaban el 20% del total de medidas cautelares decretadas y que bajaron a un 14% en los últimos tres años.

Martes, 31 de mayo de 2022 a las 10:20
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Daniel Inostroza
El año en que inició el estallido social, más de 120 mil imputados recibieron una medida cautelar, de un universo de 766.497 personas judicializadas. De ellas, alrededor de un 20% correspondieron a prisiones preventivas, “cifra que disminuye a un 14% desde el 2019 en adelante”. Esta es parte de la información recogida por el Poder Judicial y que fue entregada la semana pasada a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reúne antecedentes de instituciones y poderes del Estado para el informe de seguimiento relativo al estallido de 2019.

Para este traspaso de datos, el ministro presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se reunió el pasado 26 de mayo con la delegación en el Palacio de Tribunales. En esa ocasión, el magistrado conminó a la comisión a que se abordara “empíricamente” y “con datos” algunas de las calificaciones que se han hecho por parte de la CIDH, “como es el uso abusivo de la prisión preventiva” durante el estallido social.

El uso de esta medida cautelar ha estado en el debate público hace ya varios meses, en el contexto de la discusión sobre el proyecto de indulto a los denominados “presos del estallido” que impulsa el Ejecutivo. De hecho, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, señaló hace algunas semanas —aunque luego hizo precisiones— que “aquí se utiliza la prisión preventiva para esos casos de una manera que es exagerada (…) por parte de quien no está cumpliendo el deber de llevar a juicio a las personas”.

Desde la Defensoría Penal Pública, en tanto, han advertido que —en términos generales, sin aludirse únicamente a imputados en el contexto del estallido— “un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada” y que hay “121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad esperando un juicio, superando el límite legal”.

Ahora, el informe del Poder Judicial señala que en 2019 los tribunales de justicia —a solicitud del Ministerio Público— concedieron poco más de 30 mil prisiones preventivas; al año siguiente, que estuvo marcado por las últimas causas del estallido social (hasta marzo) y por el comienzo de la pandemia, se otorgaron 23 mil 700; y el año recién pasado, sumaron 21 mil 500 (ver infografía, con datos de los últimos cinco años).

Según se observa en los datos, la disminución de la aplicabilidad de esta medida cautelar responde también a que ha sido menos solicitada desde 2018 por parte del ente persecutor, esto es, el Ministerio Público.

Otro dato relevante es que la prisión preventiva recae en promedio en el 3,8% de los imputados judicializados, cifra que disminuye a un 3,1% desde el año 2019 en adelante.

Abogados creen que es necesaria mayor desagregación de datos

Para Cristián Riego, académico de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales, la información contenida en el informe “son datos muy agregados. Entiendo que se trata de mirar la prisión preventiva en los casos del estallido social, pero para eso no sirven. Hay una tendencia a pedir menos prisión preventiva, pero no sabemos cómo se correlaciona eso con el tipo de delito cometido”.

En ese sentido, agrega que “la única variable que se menciona que podría explicar algunas de las bajas del último tiempo es la de los delitos sanitarios, producto de la pandemia. Es decir, las infracciones a las restricciones impuestas por el covid-19”.

Es una postura que comparte Ana María Morales, directora del área de Justicia y Reinserción de Fundación Paz Ciudadana, quien asegura que “no es posible establecer una tendencia clara” a partir de los datos entregados por el Poder Judicial. “Esto pues los ingresos del sistema penal se vieron afectados por dos shocks externos, como fueron el estallido social y la emergencia sanitaria por covid-19 entre 2019 y 2021”.

De esta forma, añade Morales, “si bien se pudiera argumentar que hay un descenso de las solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público a partir del año 2018 (en que vuelve a retomar los niveles de 2015), esto tiene varias variables que deben considerarse, como son los mayores ingresos en 2019 y 2020 por causas del estallido social y los delitos sanitarios, por una parte; y, por otra, el descenso en los ingresos de imputados al Ministerio Público en 2021, como dan cuenta sus anuarios”.

Finalmente, concluye que también “deben tenerse a la vista, para tener una mirada completa, los datos de Gendarmería respecto de la población privada de libertad”.

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