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Corte Suprema ordena emitir nuevo pronunciamiento sobre solicitud de demolición de Hotel Punta Piqueros

De esta forma, dejó sin efecto un decreto del Serviu de Valparaíso por ilegalidad, al no haberse pronunciado al respecto y, en cambio, recomendar la regularización de la obra. El permiso de construcción “fue declarado contrario a derecho por causas coetáneas a su origen, no por razones sobrevinientes, particularidad que lleva a entender que el proyecto siempre fue ilegal y, por lo mismo, ese procedimiento no es posible de ser reiniciado", plantea el fallo.

Martes, 31 de mayo de 2022 a las 15:59
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A.Z.C.
Un nuevo pronunciamiento de fondo deberá emitir la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso respecto de la solicitud de demolición del proyecto Hotel Punta Piqueros, ubicado en la comuna de Concón.

Esto, luego que la Tercera Sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, acogiera —en fallo dividido— el recurso de protección interpuesto por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar al establecer el actuar arbitrario de la autoridad tras no haberse pronunciado al respecto.

La Seremi “ha hecho alusión al principio de proporcionalidad, en cuya virtud concluyó que deben preferirse medidas correctivas menos intensas a la demolición, como lo sería, en el caso concreto, la regularización de la obra y la obtención de un nuevo permiso de edificación, o la conclusión favorable de la solicitud presentada en 2010”, plantea el fallo.

Y plantea que en lo relativo al primer escenario hipotético, “es dable destacar que la solicitud de modificación del Plan Regulador Comunal, junto con denotar la incompatibilidad insalvable entre lo edificado y la normativa vigente, no puede, en caso alguno, ser considerada como una gestión de regularización, si se atiende a que por regularizar ha de entenderse, según el artículo 133 de la LGUC, la adecuación de la obra irregular a las disposiciones del Plan Regulador, y no a la inversa”.

Sobre la reanudación del procedimiento de obtención del permiso de edificación solicitado en 2010, continúa el fallo, “queda a la vista que tal aspiración es incompatible, primeramente, con la petición de modificación del Plan Regulador Comunal (…), puesto que en cada escenario se insta por la aplicación de un instrumento de planificación diverso” y, añade, “tampoco existe concordancia entre la reanudación del procedimiento primigenio y la aparente legalidad de la obra ya ejecutada durante eventuales períodos de vigencia del Permiso de Obra Nueva Nº 007 de 2011, como ha sido invocado por Inmobiliaria Punta Piqueros en su informe, puesto que, como parece evidente, la adecuación a derecho de la estructura quedará determinada por la autorización que ahora se ha solicitado o por aquella que se concedió hace más de 10 años y que perdió eficacia, pero no por ambas”.

Por lo demás, precisan los ministros, el mencionado permiso “fue declarado contrario a derecho por causas coetáneas a su origen, no por razones sobrevinientes, particularidad que lleva a entender que el proyecto siempre fue ilegal y, por lo mismo, ese procedimiento no es posible de ser reiniciado” y, además, puntualizan que la insistencia del titular de seguir desplegando los recursos necesarios para concluir la edificación, “pese al riesgo jurídico que ello implicaba”, ha resultado en un emplazamiento “contrario a la normativa urbanística vigente, que no puede ampararse en un permiso de construcción ilegal desde su otorgamiento, y que no es posible que sea tramitado nuevamente desde su origen y otra etapa, como lo ha señalado esta Corte en pronunciamientos anteriores”.

La sentencia tuvo el voto en contra del ministro Matus, quien estuvo con confirmar el fallo recurrido, por sus propios fundamentos.

El abogado Gabriel Muñoz, representante de la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, señaló que “no obstante la indudable relevancia de la parte resolutiva, la mayor virtud de la sentencia se encuentra a lo largo de sus considerandos, en los que se constata, por enésima vez, que el proyecto denominado Hotel Punta Piqueros fue ejecutado en contra de la normativa vigente, en carencia de buena fe y que no puede ni podrá contar con un permiso de edificación que lo ampare”.

Riesgos ambientales

El fallo igualmente se refiere a los eventuales riesgos ambientales esgrimidos por la Seremi de Vivienda y Urbanismo como obstáculo para la demolición del edificio, recordando que la competencia que la ley entrega a estas secretarías regionales ministeriales se restringe al ámbito de su denominación.

“De concurrir riesgos de esta naturaleza —añade la sentencia—, el principio de coordinación consagrado en el artículo 5º de la Ley Nº 18.575 exige a la Secretaría actuar en unidad con los órganos administrativos competentes, sin que conste gestión alguna desplegada por el recurrido, quien no recabó, siquiera, antecedentes técnicos en apoyo a sus dichos, ni previó la posibilidad de evaluar medidas de prevención y/o mitigación en el lapso que media entre la orden de demolición y su ejecución”.

Más aún, señalan los ministros, “la inexistencia de una evaluación ambiental afinada respecto de la construcción del edificio impide, por ahora, analizar comparativamente el impacto que producirá la demolición, de manera tal que el argumento contenido en el acto recurrido resulta impreciso” y además recuerdan que actualmente existe un procedimiento al respecto en el Segundo Tribunal Ambiental.

Sentencias anteriores

La sentencia igualmente se refiere al argumento de la seremi de Vivienda y Urbanismo de justificar “el no ejercicio de su potestad” de ordenar la demolición en “ciertas sentencias anteriores de esta Corte Suprema, de las que se desprendería que se ha reconocido al titular la posibilidad de obtener un nuevo permiso de edificación a fin de regularizar el proyecto”.

Frente a esa justificación, los ministros plantean que “no es esta magistratura quien ha elaborado la opción aludida por el recurrido, sino que es el ordenamiento jurídico, en especial el artículo 133 de la LGUC, quien prevé la chance de regularizar construcciones ejecutadas sin permiso previo”, sin embargo, precisan que el ejercicio de esta opción “exige demostrar la perfecta concordancia y armonía entre la edificación y los instrumentos de planificación urbana vigentes, requisito que, como se ha dicho, en la especie figura insatisfecho y se pretende que mediante su modificación se apliquen retroactivamente a un procedimiento ya concluido por resolución judicial en la cual se ha coincidido con la Contraloría General de la República”.

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