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Ministras del TC valoran el diálogo con la Convención, pero les preocupa no tener justicia constitucional en tránsito a nueva Corte

En entrevista con “El Mercurio”, magistradas abordan vacíos en las normas tramitadas en la Constituyente. El tribunal actual —según lo aprobado en comisión el viernes— no podrá conocer conflictos nuevos de constitucionalidad desde la entrada en vigencia de la Carta propuesta y su reemplazo no operará hasta seis meses después. En ese período, la Suprema solo de manera excepcional verá cierto tipo de causas penales.

Domingo, 29 de mayo de 2022 a las 18:50
- En las últimas semanas las ministras María Pía Silva, Nancy Yáñez y Daniela Marzi participaron en la elaboración del documento que redactó el TC con sugerencias a la Convención para el borrador de la nueva Constitución. Varias de las recomendaciones que se plantearon fueron acogidas por la comisión de Normas transitorias.
Crédito: Héctor Flores.
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Cinthya Carvajal Arriagada
Tres son las ministras titulares del Tribunal Constitucional (TC), de un total de 10 integrantes. Es la primera vez que hay tantas mujeres en la institución y el Congreso todavía tiene pendiente la designación de dos vacantes.

María Pía Silva, constitucionalista, llegó al TC en 2018 por designación de la Corte Suprema. Mientras que Nancy Yáñez, experta en derechos humanos, y Daniela Marzi, especialista en Derecho del Trabajo, fueron nombradas en abril pasado por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Las tres creen necesaria la paridad porque hay mujeres capacitadas y porque el TC tiene el rol de garantizar la supremacía constitucional, dicen. Eso lo obliga a ser precursor en salvaguardar la igualdad y no discriminación, sostienen.

Al proceso constituyente lo ven como algo inédito a nivel mundial, si se considera que “las constituciones nacen de una crisis institucional y aquí hubo una crisis social en un sistema democrático, sin un quiebre institucional (...). Se crea un nueva Corte Constitucional en democracia y, por eso, es complejo el tránsito de un órgano a otro”, dice la ministra Silva.

También valoran el diálogo con la Convención y que se haya mantenido la justicia constitucional —lo que en algún momento estuvo en duda—, por el rol que tiene y porque era necesario un órgano que fuera garante de la nueva Constitución, en caso de aprobarse el borrador que propone la Constituyente.

Sin embargo, les preocupa que pueda haber un vacío durante el tránsito hacia la nueva Corte Constitucional porque el TC —según lo aprobado este viernes por la comisión de Normas transitorias— no podrá conocer conflictos nuevos de constitucionalidad desde la entrada en vigencia del nuevo texto y la Corte no estaría instalada sino hasta seis meses después.

La norma, que esta semana pasará al pleno de la Convención para su votación, dice que “los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (...) que se promuevan” en este período intermedio “no serán tramitados hasta su instalación”. Solo, de manera excepcional, serán resueltas causas penales —en que esté en riesgo la libertad personal del recurrente— a las que se les “armará” una sala especial en la Corte Suprema.

Igualmente, las ministras son críticas de la restricción al requerimiento de inaplicabilidad, en que las personas solo podrían recurrir a través de los jueces.

Silva piensa que el problema de la dilatación de las causas se habría solucionado determinando en qué momento se suspende el proceso. Y a Yáñez le preocupa “que no queda claro cuál es el procedimiento” y que “puede ser ineficaz” por la carga de trabajo que tendrán estos con la acción de tutela de derechos fundamentales que reemplaza al recurso de protección.

Mientras, Marzi plantea la importancia de “que el ciudadano pueda invocar la Constitución en aquellos casos que le parezca que se están vulnerando garantías constitucionales, dado que los jueces no ejercen mucho la facultad”.

Silva: “Las normas transitorias tienen que prever conflictos futuros y tener un sistema de gradualidad”

Uno de los vacíos que observa la ministra María Pía Silva tiene que ver con el tránsito de un órgano a otro. Habría —dice, según la norma transitoria aprobada este viernes en comisión que todavía debe ser votada en el pleno— seis meses sin justicia constitucional. “El TC no podrá conocer conflictos nuevos de constitucionalidad que tengan que ver con la aplicación de la nueva Constitución y va a haber un espacio de tiempo en que no va a haber justicia constitucional. Queremos fortalecer nuestro Estado de Derecho y no habrá supremacía constitucional durante un espacio de tiempo”, explica.

Advierte también “que la Corte podría funcionar solo con los 2/3 de los integrantes, pero los nombramientos están sujetos al Consejo de Justicia (que nombra a cuatro, de los 11 integrantes por concurso público) y este se puede instalar en hasta dos años”.

—¿Observa vacíos que pongan en riesgo la justicia constitucional o el sistema democrático?

—Planteamos dentro de los vacíos que no hay un control de las reformas constitucionales y uno no puede olvidar la historia de Chile: hubo un conflicto serio en 1970. Es necesario un órgano que ejerza el control porque puede haber conflictos serios entre el Parlamento y el Presidente de la República que pueden llevar a crisis políticas.

—¿Qué le parece la eliminación del control de constitucionalidad de las leyes?

—Se privilegió el control concreto, a través de la inaplicabilidad, pero ¿qué pasará con los aspectos orgánicos de la Constitución, estructurales, y de organización de órganos del Estado (control abstracto) que no van a llegar a la Corte?

En términos generales, dice, “hay avances sustantivos, pero en la transitoriedad se va a jugar mucho, porque si el proceso no queda bien afinado sobre cómo va a entrar a regir, la gente no sentirá que tiene efectividad. La etapa que se está viviendo es culminé, las normas transitorias tienen que prever conflictos futuros y tener un sistema de gradualidad”.

Yáñez: “Hay vacíos institucionales para asegurar que, aprobada la Constitución, haya eficacia en su implementación”

La ministra Nancy Yáñez se refirió también a la inquietud interna por la postulación a la nueva Corte. “No hay ninguna justificación —sostiene— para la inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público, porque no es un traspaso automático de los ministros, sería someterse a un proceso de postulación. Debieran poder postular todos los que quieran y cumplan los requisitos”.

—¿Los problemas que ven podrían poner en riesgo el sistema constitucional?

—No hay riesgos constitucionales ni democráticos. Tenemos un borrador de Constitución que tiene un diseño con algunos vacíos institucionales y problemas en normas transitorias. No estamos planteando que el borrador no es lo suficientemente robusto para generar una instancia de jurisdicción constitucional; lo que estamos diciendo es que estos son los problemas que advertimos y sugerimos prevenir estas situaciones.

A su juicio, “hay vacíos institucionales para asegurar que, aprobada la Constitución, haya eficacia en su implementación. Para que sea exitosa, deben ser más flexibles los plazos, así habrá más juego legislativo para completar el diseño institucional y, con eso, sí se pueden prevenir crisis políticas”.

Sobre el proceso que se está realizando, comenta: “Me parece ejemplar cómo una solución política y democrática a las crisis sociales se resuelve en el ejercicio del poder constituyente. Se terminó resolviendo un tema de legitimidad con los 2/3 en la toma de decisiones”.

“Lo que hay —cree— es una adecuación a los estándares internacionales en todas las materias y a lo que se le exige a Chile, como Estado democrático, en tema laboral, ambiental y pueblos indígenas. Uno de los problemas que tenía nuestro país era un capitalismo no regulado y ahora se pone sobre la mesa el debate internacional de los derechos humanos y las diversas posiciones que conforman la sociedad chilena”.

Marzi: “Es una decisión arbitraria que afecta el derecho al trabajo (no poder postular a la Corte)”

Sobre las normas transitorias, que el jueves votará el pleno de la Convención, la ministra Daniela Marzi sostiene que “si la instalación de todas las nuevas grandes instituciones estatales, con un montón de recursos involucrados, comienza a ser caótica, no va a ser positivo para nadie”.

También cuestiona la propuesta de que no puedan postular al nuevo órgano propuesto todos los actuales ministros del TC, sino solo —de acuerdo con lo aprobado el viernes— quienes no hayan cumplido la mitad del período.

“No he escuchado ningún buen argumento que justifique que los ministros que llegamos al final no podamos ser elegidos para la Corte. Es una obstrucción absoluta a un cargo público, es una decisión arbitraria que afecta el derecho al trabajo y a ejercer la función pública. Esta norma transitoria como está redactada es insostenible, y sacándola, subsiste el problema de qué va a pasar con la gente que le queda un poco de período”, afirma.

—¿Cree que es discriminatorio?

—No, porque nadie ha señalado una razón públicamente de por qué los últimos ministros no podríamos nunca acceder a la Corte (Constitucional). La arbitrariedad es no tener ningún fundamento.

Entre otros temas relativos al proceso constituyente, la magistrada llama la atención sobre “el quorum de mayoría simple de la reforma constitucional”, dado que, a su juicio, “escapa a cualquier diseño constitucional esto de que quede entregado a mayorías políticas contingentes, es extraño y poco garante de la Constitución. Eso sí, obliga a los grandes acuerdos. En la nueva Constitución hay avances en las relaciones laborales”.

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