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Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio: “Los constituyentes deben pensar en cómo fortalecer el poder constituido, y quien lo defiende es el CDE”

A su juicio, ante un nuevo Estado que será definido por la constituyente, es clave mantener y fortalecer las instituciones que —por más de un siglo— ha defendido el organismo.

Lunes, 16 de mayo de 2022 a las 11:37
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Cinthya Carvajal
Un poco más de dos años cumplió como presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Juan Peribonio Poduje. Junto con el cambio de la institución a otro edificio, los últimos meses han estado marcados por la preocupación ante aumento de causas laborales por los contratos a honorarios en los servicios públicos, personas trabajando durante muchos años con este sistema.

La jurisprudencia finalmente ha determinado que cuando se dan ciertos requisitos (permanencia de más de 2 años y servicio permanente en el tiempo) y la persona tiene un contrato de trabajo, se deben pagar indemnizaciones y las cotizaciones previsionales y de salud de manera retroactiva, explica Peribonio.

Esto ha implicado un gran gasto fiscal, porque se le exige al Estado el pago con la multas y recargos legales de las cotizaciones, porque se estima que se apropiaron de la plata del trabajador, por lo que cree necesario legislar sobre el tema.

A esto se suma el debate de la modernización al CDE y los cambios que quería introducir la comisión de Sistemas de justicia al organismo en materia de nombramientos de los 12 consejeros en la cual el Presidente de la República debería escoger entre una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública previo concurso público.

Se proponía que los 12 consejeros ya no estuvieran en sus cargos hasta los 75 años, sino que por un período de 10 años, sin posibilidad de reelección, y dedicación exclusiva, lo que fue rechazado anoche por el pleno de la Convención Constitucional.

A juicio de Peribonio, hay que dar continuidad al CDE que tiene 126 años: Hemos dado muestras de sobra de seriedad y efectividad, colaborando con el desarrollo del país a través de la defensa judicial de los intereses del fisco, dijo.

En la cuenta del organismo se dieron a conocer las cifras de 2021, las que nuevamente fueron positivas para el fisco, con juicios ganados de 456 millones de dólares, lo que tuvo una efectividad del 85%, principalmente en causas civiles de obras públicas y concesiones.

Peribonio recuerda, además, que defienden otras materias como las políticas gubernamentales impugnadas en tribunales, como casi todas las medidas para combatir el covid-19 que fueron impugnadas en tribunales. Son buenos resultados que nos mantienen tranquilos, porque estamos haciendo el trabajo que corresponde, porque el ahorro de 390 millones de dólares se redestina a políticas públicas necesarias para la comunidad, especialmente para sectores más necesitados, afirma.

El recurso de protección es eficiente y eficaz

¿Son buenos los resultados a pesar de que perdieron causas como la del accidente del avión Casa-212 y debieron pagar millonarias indemnizaciones?

Sí, se consideraron todas las cuantías. Con ese resultado igual hay cifras positivas. Esta sentencia está en la etapa final de cumplimiento.

¿Qué le pareció que la Convención terminara con el recurso de protección que son las causas que más litigan en las cortes en materia contenciosa?

Respeto el trabajo de la Convención, que tiene las atribuciones para hacerlo. Creo que esta propuesta no considera la historia de 45 años del recurso de protección, es la vía más utilizada para impugnar decisiones de la administración que eventualmente van en contra de los derechos de los ciudadanos. Es muy efectiva por la rapidez y la amplitud de medidas correctivas que pueden tomar las cortes de Apelaciones.

¿Está de acuerdo con reemplazarlo por el recurso de tutela de derechos fundamentales que se presentará en tribunales de instancia?

Este recurso nuevo está correctamente inspirado en acercar más a la ciudadanía, porque hay más tribunales de instancia en todas las ciudades, a diferencia de las cortes; pero si analizamos con más calma, tenemos un recurso de protección más efectivo y en que las decisiones las toman las cortes de Apelaciones, que son tribunales superiores y de la envergadura que se requiere, por ejemplo, para dejar sin efecto la decisión de un ministerio.

La vocera de la Corte Suprema dijo que estos tribunales veían muchas materias, que podían demorarse más...

Comparto lo que dijo la vocera. El nuevo recurso en lugar de buscar la celeridad va a burocratizar un procedimiento que históricamente se ha demostrado que es muy eficiente. Se puede apelar a las cortes, y puede llegar a la Corte Suprema (para unificar jurisprudencia), y eso va a ser mucho más largo.

Peribonio sostuvo que este nuevo recurso está bien inspirado, pero le faltó más detención de análisis para entender que la ciudadanía valora el recurso de protección y que es eficiente y eficaz, y un ejemplo son los recursos por alza de planes de isapres.

Los convencionales de la comisión de Sistemas de justicia querían mantener el CDE, pero hacer algunos cambios...

La función del CDE es la defensa de la democracia. Si bien debemos velar por la defensa judicial del interés fiscal, su función es mucho más amplia, pues no se limita solo a este fin. En el fondo, debe aportar desde su ámbito de acción, con criterios jurídicos y técnicos, a la defensa de las instituciones democráticas y los valores que la sustentan. El CDE ha sido una institución garante del Estado de Derecho por 126 años. Por ello, ante un nuevo Estado que será definido por la constituyente, es clave mantener y fortalecer las instituciones que por más de un siglo han defendido precisamente el poder constituido.

Los convencionales les querían dar rango constitucional y los dejaban inamovibles en sus cargos.

Somos un órgano colegiado de 12 personas con ideología, preparación y especialización diferente. La existencia del CDE, con la inamovilidad que ya está reconocida en la ley, hace que no sea necesario su reconocimiento en la Constitución, porque ha sido respetado históricamente en su independencia y autonomía. Y los consejeros deben tener cierta capacidad de acción y que esta no se debilite.

¿A qué se refiere?

A la situación que les ponía exclusividad en su condición de consejeros. Nosotros preferimos lo que se consagró en el proyecto de ley que está en el Congreso y que contempla la atención preferente, porque le permite al consejero mantener su capacidad de acción frente a los requerimientos de defender en igualdad de armas con los más grandes estudios jurídicos. Al tener solo consejeros que tienen exclusividad, se bajaría el estándar; es bueno que ellos estén litigando afuera con nuestras contrapartes en igualdad de armas. Eso sí, ellos no pueden litigar contra el fisco.

La norma que se proponía eliminaba además la posibilidad de que sean docentes, y varios lo son, lo que era negativo.

¿Qué pensaba de la propuesta de poner un período de 10 años y que no se quedaran en su cargos hasta los 75 años?

Estamos de acuerdo con modernizar el servicio y hemos trabajado en ello. La permanencia de 10 años es opinable, porque a nosotros se nos asimila a la función de los jueces, cuya tarea termina a los 75 años. Personalmente, creo que no es malo tener extensión y horizonte amplio para ejercer una actividad que por su naturaleza es muy sensible, delicada y compleja. Esto te da la libertad y la autonomía para tomar decisiones.

En caso de aprobarse la Constitución, ¿se tendría que indemnizar, por ejemplo, a los actuales ministros del TC porque se elimina ese tribunal y no concluirían en sus períodos?

Hay elementos que podrían llevar a esa conclusión, pero no nos podemos apresurar a decir que se trata de una obligación. Hay que analizarlo y el CDE asumiría, en caso de que ocurra, todas las demandas contra el fisco.

El presidente del CDE concluye que la Asamblea Constitucional está construyendo un nuevo Estado, pero los constituyentes deben pensar en cómo fortalecer el poder constituido, y quien defiende al poder constituido es el CDE; por lo tanto, hay que darle continuidad más allá de una necesaria Constitución. Tenemos que pensar en cómo siguen las instituciones.

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