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Pleno aprueba eliminar consejos en fiscalía y defensoría, rechaza sistema de fe público, y visa atribuciones de Corte Constitucional

Se votó el último informe de la comisión de Sistemas de justicia con propuestas normativas. En el caso de las reformas a la Carta Fundamental, se desechó el quorum de 4/7 y la consulta indígena, pero queda que puedan impulsarse por “iniciativa popular”.

Sábado, 14 de mayo de 2022 a las 11:46
- Uno de los asuntos que surgió ayer, además del debate de las normas, fue la introducción en el último informe de Sistemas de justicia de artículos provenientes de otras.
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A. Chaparro y D. Inostroza
A poco más de una semana de que el pleno de la Convención Constitucional rechazara artículos clave sobre el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la Corte Constitucional, ayer sesionó para votar el informe de reemplazo que elaboró la comisión de Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, con modificaciones a las normas originales y la incorporación de otras.

Y, entre ellas, algunas ya desechadas por el pleno al revisar informes de otras comisiones, lo que provocó molestia entre algunos convencionales.

“En este informe hay mucho mérito y eso es digno de celebración. Pero hay también (...) un claro vicio procedimental consistente en reponer una norma ya rechazada por el pleno, y valiéndose para ello todavía del informe de una comisión distinta de aquella que lo presentó inicialmente. Yo llamaría a esto una auténtica y poco afortunada carambola constitucional”, dijo el convencional Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) en el debate.

También advirtieron sus pares Ruggero Cozzi (RN) y Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) este problema. Ahora, sin perjuicio de la polémica, la votación avanzó.

Dirección vuelve a figura unipersonal

Así, serán parte del proyecto de nueva Constitución las disposiciones 6 y 22, en las que fue eliminada la idea de un Consejo Superior —colegiado y paritario— y repuestas las figuras de fiscal nacional y de defensor nacional en la dirección de estos organismos. En ambos casos, se propone una duración de “seis años en su cargo, sin reelección”.

Las votaciones fueron de 108 a favor, 10 en contra y 31 abstenciones, y de 148 a favor 0 en contra y 8 abstenciones, respectivamente. El convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista) cuando intervino en el debate reconoció que “se vuelve a la figura del fiscal nacional como el ente que dirige el Ministerio Público”, pero —advierte— “no concentra todo el poder (...), se constitucionaliza el consejo de fiscales, con una serie de atribuciones que sirven como contrapeso a la labor que ejerce el fiscal nacional”.

Si bien no tuvo éxito el concepto de “Consejo Superior” en la fiscalía, sí había quedado incorporado al texto de propuesta constitucional un “comité” y ahora fueron visadas sus atribuciones. Se sugiere que asesore al fiscal nacional en la dirección del organismo, evalúe el desempeño de los funcionarios, ejerza la potestad disciplinaria, entre otras.

Ampliación de facultad y excepción a la regla

Igualmente, se aprobó la norma que plantea que “la facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar denuncias y querellas, no impedirá que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública, en el caso de delitos que atenten contra la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos”.

Se trata de un artículo que habilitaría a la fiscalía para pesquisar, por ejemplo, delitos tributarios o electorales, sin necesidad de acciones del Servicio de Impuestos Internos o del Servel. La votación de esta norma fue de 133 a favor, 2 en contra y 10 abstenciones.

También llegará al borrador de nueva Constitución la disposición 21 que plantea una defensa eminentemente pública, aunque con excepciones: “Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley”. Se visó con 104 votos a favor 38 en contra y 10 abstenciones.

Además, durante la mañana fueron aprobados artículos de las defensorías de la Naturaleza y del Pueblo, entre otros. Mientras que entre los rechazados estuvo el artículo 51, sobre el Consejo de Defensa del Estado. Se proponía incluirlo “en la Constitución como un reconocimiento a la trascendental labor que realiza para los efectos de defender al fisco”, explicó el convencional Mauricio Daza (Independientes por una Nueva Constitución), pero, a su vez, que sus consejeros tuvieran exclusividad en el cargo. El pleno desechó la idea por 83 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones.

Sin órgano estatal para supervigilar notarías

La semana pasada el pleno había rechazado la disposición que creaba un órgano estatal de fe pública, encargado de organizar el sistema de notarios, archiveros y conservadores, y ayer por la tarde también dio una negativa a la norma de reemplazo propuesta.

Ahora, una suerte distinta tuvieron los artículos sobre la integración y atribuciones de la Corte Constitucional. Se aprobó —por 114 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones— la norma que propone una composición con cuatro ministros elegidos por el Congreso y Cámara de las Regiones; tres por el Presidente de la República, y cuatro por el Consejo de la Justicia, a partir de concursos públicos.

Fue rechazado, sin embargo, el principio de plurinacionalidad en su integración y que al menos uno de sus miembros proviniera de pueblos indígenas.

Ausencia de control previo de leyes

Sobre sus facultades, se visó un artículo nuevo que sugiere que esta “resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, o entre estas y el Presidente de la República”. Y aquel que propone un listado de las atribuciones, como que conozca y resuelva la inaplicabilidad de un precepto legal por inconstitucionalidad, y lo mismo respecto de la inconstitucionalidad de un precepto legal.

O que resuelva —entre otras materias— “los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre estos, a solicitud de cualquiera de los antes mencionados”; y que dirima el mismo problema “entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia”.

Con todo, hay una ausencia sobre la que llamó la atención el convencional Cozzi (RN). El mensaje de la ley que creó el Tribunal Constitucional en 1970, recordó, señalaba: “Todo ordenamiento jurídico requiere la existencia de un tribunal que vele por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, ya que de otra manera, el imperio de la Constitución queda sin resguardo ante los posibles excesos de leyes que violan las garantías constitucionales (…) pues bien, esa atribución no está considerada en la Corte Constitucional que aquí se propone. Eso es un error”.

En el caso de los artículos sobre proyectos de reforma constitucional, que habían sido rechazados, esta vez —salvo excepciones— consiguieron el respaldo suficiente. Ahora, entre esas excepciones estaban algunas de las normas que preocupaban a convencionales como Cozzi, quien temía que un quorum de 4/7 o la consulta indígena propuesta hicieran “de esta una Constitución rígida, muy difícil de cambiar”.

El tercer elemento que le inquietaba —a él y su sector— era el referéndum obligatorio, pero este sí queda en la propuesta de texto constitucional. Solo no aplicaría si el proyecto de reforma constitucional fue aprobado por 2/3 del Congreso y de la Cámara de las Regiones. También se aprobó la norma que sugiere que estas reformas pueden ser iniciadas por “por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales, o por iniciativa popular”, entre otras.

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