La Defensoría Penal Pública, que representa a una veintena de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, pidió una serie de diligencias en la investigación que dirige el Ministerio Público tras la presentación de una querella por eventual prevaricación en el contexto de la decisión adoptada por el pleno del tribunal de alzada, que revirtió la resolución que el juez Daniel Urrutia dictó en una causa por desórdenes públicos, ocurridos en marzo de 2020, en el contexto del estallido.
Urrutia reemplazó en esa oportunidad, de oficio, la prisión preventiva por el arresto domiciliario a un grupo de imputados, a pesar de que la Corte había fallado en contrario. También dispuso el tribunal de alzada la instrucción de un sumario y la destinación transitoria del magistrado a un juzgado de cobranza laboral.
El defensor público Octavio Sufán, mediante un escrito, pidió que se cite a prestar declaración al juez Urrutia para que indique si dará acceso “al tráfico de llamados correspondiente al día 24 y 25 de marzo de 2020, que se le ha solicitado en diversas oportunidades (...), obteniéndose hasta la fecha solo respuestas evasivas”.
También para que explique “sus dichos” y se esclarezcan situaciones que pudieran escapar “del ámbito propio de su labor jurisdiccional”, determinando “la dinámica que redundó en que se autoatribuyera una causa especifica”. Y, entre otras cosas, “si se avocó oficiosamente a alguna otra causa en particular que no estuviera en el listado confeccionado por el tribunal (...) o por el contrario, si solo consultó y se avocó oficiosamente a esta causa”.
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