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“Se pretende que la jurisprudencia evolucione, sí, pero dando certeza y seguridad a la gente”

El presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, señaló además que Chile no tiene un sistema de precedentes, pero que el máximo tribunal ha trabajado en cómo dar mayor uniformidad a sus decisiones sobre un mismo asunto.

Lunes, 04 de abril de 2022 a las 9:33
Crédito: Christian Zúñiga.
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Andrea Chaparro
Desde que comenzó el debate constitucional, el rol de la Corte Suprema como tribunal unificador de jurisprudencia ha sido parte importante de la discusión. Y en los últimos años también lo fue en el contexto de la reforma procesal civil.

El ministro Sergio Muñoz, quien preside la Tercera Sala y por estos días además subroga al actual presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, aborda con “El Mercurio” este tema. Porque si bien Chile no es un sistema de precedentes, dice, ha habido una preocupación permanente en la Corte Suprema sobre cómo ir generando mayor certeza jurídica para las personas con sus decisiones.

—¿Cómo ha trabajado este tema la Corte Suprema en el último tiempo? ¿Ha habido una discusión interna en el Pleno o salas?

—La Corte Suprema en sus jornadas de reflexión y en sus trabajos desarrollados de manera autónoma en estas instancias ha tenido una preocupación especial por dar certeza y seguridad jurídica a las personas, por eso en dos oportunidades ha informado el proyecto de Código Procesal Civil al Congreso y ha abordado el tema.

“Se ha considerado que la reforma de la Ley 19.374, que estableció la posibilidad de que en fallos contradictorios se recurriera al tribunal pleno, no ha sido utilizada de la mejor manera por los abogados; de hecho, solo siete recursos se han presentado desde esa reforma, que ya lleva bastantes años”.

“Se pretende que la jurisprudencia evolucione, sí, pero dando certeza y seguridad a la gente. Esta es una mirada no hacia el interior del tribunal, sino hacia la ciudadanía. Y esto ya ha partido desde las salas”.

—¿Se han adoptado medidas, acuerdos, en las salas?

—Han existido dos aspectos: que exista plena y total transparencia y publicidad de las sentencias, que permitan, mediante una base (de datos), que cualquier persona pueda someter a un escrutinio las decisiones jurisdiccionales.

“En este mismo sentido, se le ha encomendado a la exministra de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, que desarrolle un trabajo y se ha puesto en contacto con 19 facultades de Derecho del país, con una labor que abarca aproximadamente a 1.900 personas, para crear una base de datos de fácil consulta y que estará disponible para todo el público a partir del 1 de julio”.

“También se analiza —aquí hablo desde el punto de vista de la Tercera Sala— y se vuelve sobre la jurisprudencia de la sala en determinadas materias para ir ponderando lo que estamos resolviendo, las razones que se dan, en un sentido u otro, (...) ya no en razón de un caso concreto, sino ya de manera doctrinaria”.

“Esto busca que los ministros tengan mayores elementos de juicio en el evento de que pueda repetirse alguno de estos temas, pero (...) cada uno queda en la libertad de emitir el parecer que estime conveniente”.

—Esa certeza jurídica debiese llamar a menos litigiosidad, pero a veces no parece ocurrir. ¿Se ha pensado en alguna fórmula para disminuirla?

—Como Pleno no hemos llegado a un sistema, aunque hemos tenido algunas discusiones. En lo personal, creo que puede ser adecuado establecer la discusión en cada una de las oportunidades en que se trate de una materia que tenga jurisprudencia no uniforme y no unánime: que pueda discutirse y resolverse esto con una obligatoriedad que llamamos horizontal, solo para la Corte Suprema, y no de manera vertical, hacia las cortes de apelaciones o tribunales de primera instancia, dado que eso impide la evolución y análisis de la jurisprudencia en el futuro.

“Porque tiene que haber un desarrollo y que lleguen nuevas alternativas y que los ministros puedan, en alguna oportunidad, ponerse a pensar y, si en algún momento estiman que es necesario, innovar o replantear la jurisprudencia, se haga una audiencia especialmente convocada para ello, en que todas las personas interesadas puedan exponer y la Corte emitir otro parecer. Esto se hace, en general, en muchos países del mundo y, con ello, se otorga seguridad jurídica y todas las personas saben que, hasta que no exista un pronunciamiento de nuevo, la jurisprudencia se va a mantener en el lineamiento dado por el máximo tribunal”.

Más certeza o más independencia

—Aunque sea de manera horizontal, entre pares, ¿no pudieran los jueces sentir afectada su independencia?

—Sí, puede darse ese fenómeno de afectar la independencia, pero el tema es que la independencia de alguna manera cede a la certeza. Es decir, hay un bien mayor, que es dar seguridad jurídica a las personas, ese es un poco el tema del precedente, porque han convivido dos sistemas en el mundo.

El ministro Muñoz profundiza sobre esta materia: “Uno, el del precedente, que tiene el common law stare decisis de los tribunales estadounidenses, que vinculan la jurisprudencia no solo a la Corte, sino que a los tribunales inferiores. Y el otro, que tenemos nosotros, de acuerdo al Código Civil, que los fallos solo obligan para el caso. De ahí que este sistema sea de alguna manera cuestionado, porque permite no tener decisiones que caminen en un mismo sentido en el tiempo, sino que pueden depender de las integraciones de los tribunales y pareciera que eso quiere verse superado para dar mayor estabilidad a las determinaciones”.

“Es el sistema que queramos construir el que va a dar la solución: si queremos mayor estabilidad, certeza y seguridad, tendrá que sacrificarse un poco la libertad del juzgador; si queremos mayor libertad e independencia del juzgador, tendremos que sacrificar el otro interés, esa es la ecuación que hay que resolver, que no la resuelve la Corte Suprema, sino que es un tema que debe resolver el legislador o el constituyente”.

—Además de este modelo, ¿se han hecho otras propuestas al interior de la Corte Suprema?

—Se ha conversado, pero son pocos los sistemas, porque estamos en lo que se denomina la escuela del derecho civil, en que el precedente no tiene muchas aplicaciones. La jurisprudencia tiene fuerza en cuanto a los argumentos que entrega, no en cuanto a la decisión propiamente tal.

—En alguna propuesta de la reforma procesal civil hubo una la idea, similar al sistema norteamericano, para que solo ciertos temas pudieran llegar a la Corte Suprema y sobre ellos uniformar un criterio, ¿lo comparte?

—Desde los años 90 o 2000, se ha empezado a evolucionar respecto del papel que cumplen las cortes supremas en el mundo. ¿Cuál es su papel? Que todos puedan llegar por el derecho al recurso o disminuir esa cantidad y acercarnos al modelo anglosajón, en que la Corte Suprema entregue lineamientos específicos en materias determinadas.

“El Pleno en su último informe (de reforma procesal civil) adhirió un poco a la idea de un recurso extraordinario, porque estimamos que la Corte puede dar mensajes a la sociedad, entregar lineamientos, y estos no están en la cantidad de fallos que entregue, sino en la claridad de las resoluciones, para que la gente entienda qué es lo que está detrás (...) y se oriente la aplicación del derecho en el país”.

—¿En ese sentido, adhiere a una fórmula de selección por la relevancia o, como ocurre en el sistema penal, de causales que restringen el acceso?

—Hay que pensar en un sistema que permita establecer la relevancia del negocio de que se trata, muchas veces no está de la mano de la pena más alta o más baja, (...) tampoco de los derechos controvertidos, sino de la trascendencia que tiene para la sociedad. Hay muchas cosas que están detrás de un aspecto civil, que puede ser muy inocente, por ejemplo, una negativa a entrar a un establecimiento, en que si nos empezamos a fijar de quién se trata y la connotación que tuvo, y otras cosas, no es tan simple, entonces es la importancia del tema en sí y la trascendencia que tiene lo que hace determinante que sea conocido por la Corte Suprema.

—¿Le parece que hoy hay temas muy judicializados?

—Hay materias que conociéndose la decisión jurisdiccional, el legislador la toma, la acepta, la regula y la plasma en una norma, y hay otras en que no las acepta y las corrige en sentido inverso, incluso a lo que dice la jurisprudencia.

“Creo que en Chile, el que exista en algunas materias lo que se ha llamado ‘judicialización desmedida' o ‘reiterada', podría solucionarse si hubiera una ayuda del legislador: que dijera si los tribunales estamos en lo cierto o equivocados y regular legislativamente el tema para que no se siga litigando en el mismo sentido (...) Ese es un aspecto que se debiese evaluar, pero que no nos corresponde a los jueces decidir”.

—¿Dependerá del caso si la deferencia va del tribunal al legislador o a la inversa?

—Creo que es una labor complementaria, siempre va a haber deferencia de parte de los tribunales para con el legislador y también creo que en algunos casos este ha tenido deferencia con nosotros.

Cambios de criterio sobre un mismo asunto

—Ud. preside la Tercera Sala, en que si bien en algunos asuntos hay lineamientos claros, hay otros en que ha habido cambios de criterio, como en materia de aguas, ¿cómo se explica esto para las personas?

—Históricamente la Corte Suprema determinó que los derechos de aguas de las personas, no regularizados al momento de entrar en vigencia el Código de Aguas, podían ser regularizados con posterioridad para lo que se podía considerar las posesiones que tenían diferentes personas como titulares de ese derecho, porque eran los propietarios del terreno y los derechos de aguas consiguientes, y que podían traspasar esos derechos de unos a otros por razones de herencia o transferencia, pero surgió una interpretación de algunos ministros, muy razonada, en que estimaron que solamente se podía aplicar a las personas que al momento de la entrada en vigencia del Código de Aguas estaban en condiciones de probar lo que el legislador señaló, que era la posesión de los derechos de agua que estaba regularizando, si esa persona había transferido el dominio de cualquier forma ya no era posible que el sucesor o a quien le transfirió hiciera la regularización, entonces, hay posiciones jurídicas que son antagónicas.

“Estaba la integración de la sala y, en ese sentido, se iban formando mayorías (...), y además algunos ministros, fundadamente en la evolución de sus doctrinas, cambiaron su parecer. Eso es lo que explica, no estoy diciendo que eso sea lo deseable, por qué en algunos casos se tienen decisiones diversas. A lo que se suma que, a veces, hay otras materias que hacen que el magistrado decida de una manera diversa”.

El magistrado dice que, por ejemplo, “cuando se trata de pueblos originarios, muchos ministros estuvieron por que se pudiera regularizar, pero en atención al componente de que se trataba más que de un propietario individual, de un pueblo, (...) eso no significa que se haya cambiado de opinión, sino que se estimó que los derechos en ese caso eran de un pueblo o comunidad en que podrían variar las personas”.

Y agrega que “al momento de evaluar la jurisprudencia y las decisiones que se adoptan, en algunos casos sería conveniente también ponderar los fundamentos inmediatos que la justifican, y a lo mejor se vería que en un momento determinado hay fundamentos que justifican plenamente una determinación respecto de otra, por cuanto muchas veces son los hechos de que se trata los que justifican la determinación”.

—¿También juegan un papel los cambios sociales?

—Los cambios sociales permiten interpretar las normas a hechos nuevos y pueden surgir argumentaciones que no estaban consideradas con anterioridad y permitir la evolución de los pensamientos de los magistrados, sin duda alguna.

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