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Consejos de la Magistratura: ¿cuáles son sus orígenes y cómo se han desarrollado?

Los académicos advierten que el principal riesgo de un organismo de estas características es su politización, tal como ha ocurrido en algunos países latinoamericanos donde se han instalado. Aconsejan regular cuidadosamente la composición y designación de sus miembros, además de advertir que la independencia externa de los jueces no es un problema mayor en el sistema.

Viernes, 28 de enero de 2022 a las 18:00
Algunos países donde existen
En algunas jurisdicciones es un órgano que no integra ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, mientras que en otros pertenece al Poder Judicial o incluso este lo encabeza.

Países que cuentan con esta figura son Argentina (Consejo de la Magistratura), Bolivia (Consejo de la Judicatura), Colombia (Consejo Superior de la Judicatura), Ecuador (Consejo de la Judicatura), Guatemala (Consejo de la Carrera Judicial), México (Consejo de la Judicatura Federal), Paraguay (Consejo de la Magistratura), Perú (Junta Nacional de Justicia), República Dominicana (Consejo Nacional de la Magistratura), en el caso latinoamericano.

En Europa, por ejemplo, existen en Francia (Consejo Superior de la Magistratura), Italia (Consejo Superior de la Magistratura) y España (Consejo General del Poder Judicial).

En el caso francés, además de ser responsable del origen de la figura, este órgano fue modificado significativamente entre 1993 y 2008, recortando algunas posibilidades de intrusión o presión del poder político sobre el Poder Judicial. La sala competente está integrada por cinco jueces, un fiscal, un consejero de Estado, tres miembros nombrados por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y el Senado.

En Estados Unidos, en tanto, hay dos niveles de justicia: la estatal y la federal. En el primer caso, cada Estado decide cómo se eligen los jueces, utilizando como mecanismo para ello desde la elección popular al nombramiento por parte de los gobernadores, lo que debe ser confirmado por los órganos legislativos estatales, mientras que a nivel federal (juzgados de distrito, de apelación y Tribunal Supremo), los nombramientos corresponden al presidente del país.
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A. Zúñiga C.
Diversas son las discusiones y propuestas al interior de la Convención Constitucional, que debe presentar su propuesta final de nueva Constitución a más tardar en julio. Una de las comisiones es la de Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, donde varios temas han levantado un debate álgido en las últimas semanas, entre ellos, la creación de un Consejo de la Magistratura, o Consejo Superior de Justicia, tal como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica y Europa.

El organismo estaría encargado de variados asuntos, como el nombramientos de jueces, defensores y fiscales, además de cuestiones de índole disciplinaria-judicial, como decidir la remoción y traslados de aquellas personas que ejerzan esa función jurisdiccional, entre otras.

Su creación, en todas las jurisdicciones que lo han contemplado, busca hacer más efectiva la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado mediante la existencia de un órgano autónomo que tenga a su cargo la administración de los recursos materiales y personales del Poder Judicial.

El expresidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, advirtió la excesiva y difusa cantidad de competencias que se quiere entregar a dicho organismo, aunque la idea de separar la función jurisdiccional, es decir, fallar causas, de todo lo administrativo, va en la misma línea de lo planteado por el máximo tribunal y los gremios del Poder Judicial.

Desde el plano académico, el resguardo va hacia la no politización del organismo, principal crítica que se la ha hecho a estas instituciones en algunos de los países donde se han implementado.

Sus orígenes

Como recuerda la profesora de la Universidad de Chile y presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Ana María García, se trata de un tipo de órgano —también denominados Consejo Nacional de la Magistratura o Consejo General del Poder Judicial— nacidos en Francia y que estuvieron contemplados tanto en la Constitución de 1946 como en la actual Carta de 1958.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, añade, “su reconocimiento constitucional se expandió a numerosos países, como Portugal, España, Italia, Portugal, Ecuador y Perú, entre otros”.

Su par de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, plantea que “lo que ha pasado con los consejos nacionales de la magistratura es que nacieron en Europa continental, Italia fue un caso muy famoso, y fueron exportados a América Latina, particularmente, y a otros países de Asia, todas nuevas democracias”, mientras que respecto de Europa, “han sido países europeos con democracias consolidadas” donde se han instalado.

El problema de la politización

Para el académico de la Universidad de Chile y exministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, antes de cualquier definición sobre esta materia, “es necesario observar la experiencia comparada, dado que en países como España y Argentina se trata de órganos muy politizados y criticados”.

Por su parte, García explica que España, por ejemplo, establece el Consejo General del Poder Judicial con rango constitucional (1978), integrado por jueces y juristas destacados, de reconocida competencia y 15 años de ejercicio profesional, a lo menos, con un total de 20 miembros, 12 de los cuales son jueces, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo (Corte Suprema). Además, añade, tienen una duración de cinco años en sus cargos y las atribuciones específicas y sus órganos internos son regulados a nivel legal.

Asimismo, dice, en Ecuador existe el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya Constitución (1993) establece una composición de siete miembros elegidos en votación secreta por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados, entre otras entidades, con una duración de siete años en sus cargos.

“Si bien, la creación con rango constitucional de este tipo de magistraturas ofrece aspectos favorables, es indispensable regular cuidadosamente la composición y designación de sus miembros para evitar la politización de este”, puntualiza García, y añade que solo de esa forma es posible cumplir “el propósito que inspira la creación de estas instituciones, cual es garantizar la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, y estar libre de influencias que pongan en riesgo su autonomía”.

Couso señala que “la diferencia central no es si hay tribunales constitucionales o cortes supremas, sino si verdaderamente son independientes y leales a la Constitución y no se sobrepasan. En el caso de los Consejos Nacionales de la Magistratura, la experiencia en América Latina ha sido en general muy criticada”.

Y agrega que “si hay un problema de la judicatura es la independencia interna de los jueces, esto es, de los jueces inferiores respeto de los superiores, por el control de la carrera judicial. Pero el gran problema en América Latina en general, el que ha puesto las democracias en jaque, ha sido la captura por parte del poder político del Poder Judicial, es decir, la independencia externa, en todo el planeta las democracias dependen de la independencia judicial”.

Composición

A juicio de Navarro, “es importante separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas y de gobierno judicial, pero si se crea un ente nuevo debe tener mayoría de representantes judiciales, académicos y expertos que no desnaturalicen la institución”.

En una línea similar, García señala que “su composición debe ser mixta, con jueces y juristas que detenten capacidad y experiencia, designados por autoridades no políticas, conforme a reglas que garanticen amplia representación del sistema judicial y paridad de género, con publicidad y transparencia respecto de los criterios adoptados para evaluar el trabajo del juez”.

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