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TC derogó norma de “Ley Pascua” que permitía no cumplir en la cárcel toda la pena por delitos sexuales

En una decisión unánime de los 10 integrantes de la magistratura, se declaró inconstitucional toda la disposición 14. El artículo 13, que dice que a los isleños se les impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado por la ley, se mantuvo solo para ilícitos contra la propiedad.

Viernes, 14 de enero de 2022 a las 10:05
- El TC ya había derogado de oficio un precepto del Código de Justicia Militar y disposiciones del régimen de despidos de Famae.
Crédito: Héctor Aravena.
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Cinthya Carvajal
El caso de una técnico dental que fue violada el 6 de octubre de 2019 en un terreno despoblado al salir de una discoteca en Rapa Nui abrió la puerta para que parte de la “Ley Pascua”, que establece beneficios carcelarios en delitos contra la propiedad y la integridad sexual, fuera derogada ayer por el Tribunal Constitucional (TC).

Esta ley fue creada en 1966 para adaptar la legislación chilena a la idiosincrasia isleña. Junto con otorgarle la facultad al juez de imponer una pena más baja —pudiendo cumplirla incluso fuera de un recinto penitenciario— a quienes cometían estos ilícitos en la isla, también los reconoce como ciudadanos.

En el caso particular de esta víctima, se había declarado inaplicable esta normativa por considerar que era inconstitucional la totalidad de los artículos 13 y 14, que otorgan beneficios carcelarios y rebaja de penas para quienes cometen delito de violación y abuso sexual, entre otros.

Sin embargo, en la decisión adoptada ayer, al analizar la normativa a través de una facultad de oficio que tiene el TC para declarar su inconstitucionalidad, y por ende su derogación, la situación fue distinta.

El artículo 14, que estipula que en los casos de prisión los condenados por delitos sexuales y contra la propiedad podrán disponer de cumplir “hasta dos tercios de la pena fuera del establecimiento carcelario”, fue derogado completo y de manera unánime.

En el caso del artículo 13, que establece que estos ilícitos “cometidos por naturales de la isla y en el territorio de ella, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que sean responsables”, fue parcial.

Se declaró inconstitucional solo lo que dice relación con los delitos de integridad sexual y se mantuvo lo relacionado con los ilícitos contra la propiedad.

Desigualdad y desprotección a mujeres

Por la inconstitucionalidad parcial del artículo 13 votaron los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica.

Mientras que por la declaración de inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 13, el presidente del TC, Juan José Romero, y los magistrados Iván Aróstica, María Luisa Brahm, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández.

La derogación fue parcial porque no se pudo reunir el quorum elevadoque se requiere, de 8 votos de los 10 integrantes de la magistratura.

Los principales argumentos para eliminar estas normas legales es que son contrarias a la Constitución por la afectación de la dignidad humana (artículo 1°, inciso primero de la Constitución), la igualdad ante la ley (artículo 19, numeral 2° de la Constitución) y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19, numeral 3° de la Constitución).

En la sentencia del caso de la técnico dental, de febrero pasado, además sostuvieron que esta ley “desprotege objetiva y subjetivamente a toda una categoría de personas, preferentemente mujeres”. La declaración de inconstitucionalidad significa que estas normas se entenderán derogadas desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Audiencia pública

El acuerdo se adoptó luego de la realización de una audiencia pública donde se escucharon las exposiciones de representantes del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Consejo de Ancianos – Mau Hatu, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, la Organización Comunitaria Funcional Rapa Nui Maroa, la Corporación Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem).

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