Hace algunos días, en un encuentro desarrollado en la sede de Talca de la Universidad Autónoma y organizado por la Fiscalía Regional y la Asociación de Municipalidades del Maule, el fiscal regional Julio Contardo planteó diversos aspectos relevantes a mejorar para asegurar un "transversal acceso a la justicia" para toda la ciudadanía, tanto en materias penales, como también infraccionales y las denominadas primeras causas, que ven los juzgados de Policía Local.

Expuso una crítica a la institucionalidad vigente en el Ministerio Público, ya que “es sabido —dijo— que desde el inicio (la fiscalía) tuvo un mal diseño en términos de la cantidad de causas que deberían ser abordadas, y con el transcurso de los años, sin aumentar la dotación, el Ministerio Público ha visto incorporado dentro de su acervo causas que se han incorporado y generado con nuevas legislaciones. Esto implica que las causas que se pensaron en un principio, que eran cerca de mil por fiscal, hoy exceden en un 100%”.

Por otro lado, Contardo criticó además que del total de estos casos “muchos son de menor entidad y aún se mantienen las faltas penales, que coinciden con las infracciones que se sancionan con multa y que ven los juzgados de policía local, que también son vistas por los fiscales, por lo tanto, hay que levantar la mirada y pensar qué fiscalía queremos para Chile en el futuro, una que se haga cargo de las grandes causas penales que complejizan la vida cotidiana de la gente, que además que seamos un ente infraccional o que curse faltas o multas a los ciudadanos, existiendo otras jurisdicciones que van en esa vía".

Es un tema que genera reflexiones en el mundo académico. El abogado penalista Mauricio Duce, académico de la UDP, comenta respecto de los dichos del fiscal que “más que un tema que necesariamente tenga que ver incidencia constitucional, es más bien una reflexión de política criminal, una reflexión interesante”.

El debate es, a su juicio, “¿qué debería ser de conocimiento del sistema de justicia penal, por su gravedad, y en cambio, qué cuestiones hoy día no tiene tanto sentido que dediquemos recursos, siempre escasos, de la justicia penal a resolverlos, para que pueda ver las causas más graves”.

Y agrega que si una buena parte de estas conductas no las estamos sancionando, “la pregunta es si ciertas cuestiones las deberíamos seguir considerando como una falta penal. La respuesta es un poco más compleja y creo que se trata de una discusión legislativa en que se deberá decidir sacar ciertas cuestiones del sistema penal, pero hay que asumir que esto tendrá un impacto".

El abogado entrega datos en que se señala que en dos décadas con el actual sistema procesal penal “hay un promedio por año de un tercio de total de sentencias que se dictan en Chile que emanan de procedimientos monitorios. Entonces, si tienes cerca de 200 mil sentencias por año, cerca de 70 mil son en procedimientos monitorios, que lo que quiere decir es que básicamente se trata de faltas en las cuales el fiscal ha solicitado la aplicación de una multa, en un procedimiento que es absolutamente administrativo, con muy poco valor agregado, y donde el Ministerio Público manda un escrito de una carilla ante el juez de garantía y eso se transforma en sentencia".

Y, reitera, "la pregunta es si debiéramos gastar recursos en este tipo de casos, donde la gravedad es mínima, a tal punto que no se sanciona, pero que termina desgastando una importante cantidad de recursos y, además. termina inflando las estadísticas del sistema, porque cuando se dice que se condenó a 200 mil personas, un tercio al menos son por faltas mínimas".