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Juicios en la macrozona sur: “Un tribunal especial nacional fortalecería la independencia judicial y de los fiscales”

El nuevo supremo Jean Pierre Matus se refiere a las amenazas a jueces y estima que estas causas y las de narcotráfico se debiesen fallar en otra jurisdicción, como sucede en España con la Audiencia Nacional, que juzgó a la ETA. “Nosotros tenemos hoy a los tribunales de menor jerarquía viendo las cuestiones más relevantes del país. Eso no puede ocurrir”, dice.

Sábado, 04 de diciembre de 2021 a las 20:06
Más ministros para reemplazar a abogados integrantes
—¿Es partidario de que se apruebe el proyecto sobre indulto para imputados y condenados por delitos asociados a la crisis social?

—No quisiera pronunciarme, para no entrar en una contienda política en este momento. No es apropiado. Este proyecto está sujeto a la contingencia de una elección futura y es parte de una discusión política. Los ministros y los jueces no estamos autorizados a intervenir en la vía política más allá de la emisión de nuestro voto. La ley que se apruebe será aplicada por los tribunales.

—El Gobierno ha criticado los fallos que han paralizado las expulsiones de migrantes por la vía del amparo. ¿Cuándo se deben frenar?

—Los casos de amparos son individuales y los tribunales los han resuelto en su mérito. Los jueces no estamos autorizados para hacer representaciones a las actuaciones de poderes políticos. Son situaciones de hecho que se resuelven caso a caso.

El magistrado precisa que las expulsiones se deben frenar “cuando, según el caso concreto, es ilegal y arbitraria, eso dice la Constitución”.

—Usted fue abogado integrante de la Corte Suprema entre 2015 y 2019. ¿Son necesarios? ¿Se debieran eliminar?

—Cumplen una función sin la cual la mayor parte de los días no funcionarían las salas completas. La crítica que se les hace es que su permanencia tiene que ver con una temporalidad reducida sujeta al poder político y a los interese de estos. Su remuneración es exigua, así que tienen que dedicarse a la vida profesional, los que no son académicos. Sin embargo, estas condiciones son perjudiciales para la apariencia externa de la justicia. Por esa razón, podrían suprimirse con más abogados externos en la Corte Suprema y en las cortes de apelaciones. No crear más salas, aumentar el número de integrantes.

—¿Es partidario de las tres Cortes en Santiago por la carga de trabajo?

—No soy partidario de la especialización de la Corte ni de la división. Deberíamos aumentar el número de jueces.

—Cómo redactor del anteproyecto Código Penal, ¿qué es lo que más urge modificar?

—El Código Procesal Penal, porque tenemos ciertos problemas en la tramitación de causas que son juicios falsos, en los que están todos de acuerdo y están discutiendo la pena. No deberían ser juicio oral, sino que abreviado. Hay muchas causas de drogas así. Hay muchas audiencias, juicios simplificados que faltan, y tenemos la gran necesidad de instaurar el jurado. Eso es lo principal. Con el Código Penal hemos vivido de lo más bien, ya está transformado en los delitos más relevantes, hay leyes especiales nuevas de sustitución de penas.

—¿Cuántos años más debe coexistir el sistema antiguo de justicia con la reforma?

—Podría no seguir existiendo y sería mucho mejor para los justiciables, por la idea de igualdad ante la ley, derechos humanos, juicios contradictorios. No puede ser que para algunos casos no deba haber garantías y para otros sí. Los mayores problemas son de aplicación práctica de la ley, más que la ley de fondo.

—¿Qué piensa del sistema antiguo de justicia y el secreto del sumario?

—Lo que es preferible es que todo el sistema procesal tenga un sistema básico unificado con respecto a las garantías. Lo que está ocurriendo ahora es que en algunos casos puede tener efectos contrarios a la Constitución. No me puedo pronunciar más porque pueden llegar algunas presentaciones a la sala que integre. Se puede cambiar por dentro, no es necesario cambiar todo el sistema para integrar algunas garantías.
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Cinthya Carvajal Arriagada
Jean Pierre Matus Acuña (54) no escogió la carrera judicial cuando egresó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1992. Quiso dedicarse a lo académico. Por esos años no le interesaba ser integrante de la Corte Suprema, no estaba dentro de sus planes. ¿Qué lo hizo cambiar de idea? “Me insistieron tanto algunos colegas porque pensaban que podría ser un aporte y uno no puede decir que no”, recuerda el nuevo integrante del máximo tribunal.

Su carrera como litigante la inició en el Consejo de Defensa del Estado, donde estuvo entre 1996 y 1999. En paralelo, se dedicó a la docencia en la Universidad de Talca y principalmente en la Universidad de Chile desde 2010 hasta la fecha, aunque este será su último año en la casa de estudio. En 2016 volvió a la litigación y fue socio de un estudio. Un año antes había ingresado al Poder Judicial como abogado integrante hasta 2018, cargo que dejó cuando comenzó a realizar informes para el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por el caso del fraude institucional, lo que le significó cuestionamientos en el Senado y tuvo en vilo su nombramiento. Tema del que no quiere hablar en esta entrevista, según dice, porque ya dio “vuelta la página”.

También fue abogado de la ANFP, pero como no le gusta el futbol, ni ningún equipo, asegura “que miraba todo jurídicamente y no con el corazón”.

A la Corte Suprema llegó hace un poco más de un mes. Su primera decisión fue definir si se iba a la Sala Laboral o a la Constitucional, donde había vacantes. Al final optó por esta última, porque “conocía las materias y cómo funcionaba, porque había estado ahí como abogado integrante”. Le atraía, además, porque en la Sala Laboral “también se ven cosas muy terribles de familia que me dan mucha tristeza”.

Hoy está enfocado en sus labores en la Sala Constitucional, pero no descarta en el futuro integrar a la Sala Penal, cuando exista una vacante. Para eso tiene mucho tiempo: es el ministro más joven y, si se mantiene el límite de edad hasta los 75 años, estará 21 años más. “Así como fui académico toda la vida puedo ser judicial también toda mi vida. No soy una persona muy ambiciosa y de estar cambiando. Me acomodo con facilidad”, sostiene sobre su futuro.

“Me inhabilité de todas las causas que tiene que ver con el Ejército”

—¿Qué aporte hacen los abogados externos en la Corte Suprema?

—Pueden traer visiones, conceptos y preguntas que de tanto estar en un oficio la gente se olvida y que permiten ver las cosas de manera diferente. También que la sociedad esté mejor representada en la Corte Suprema, porque lo que no puede suceder es que exista una corporación judicial que solo está en su mundo: tienen amigos judiciales, tienen que ver con traslados, permutas, calificaciones, etc., que les impide ver el mundo, no por maldad ni desidia, sino que porque la profesión es muy absorbente.

—¿Y la especialidad en alguna materia que traen?

—Aporta. Lo que está detrás de ser un destacado académico es la trayectoria, que permite asegurar que en cada caso se va a meditar la resolución y se va a investigar cuando se tenga dudas. Hay una formación que permite una amplitud en la aproximación al derecho de los problemas que se tienen que resolver.

—¿Cree que es mejor no optar por la Sala Penal debido a los cuestionamientos a su imparcialidad que surgieron por sus asesorías al Ejército en la investigación judicial que se desarrolla por el fraude en esa institución?

—Existen en nuestra ley inhabilidades y recusaciones. Cada ministro hace una lista de personas con las que tiene amistad, que les debe gratitud, parientes, sociedades en que tienen intereses, de los bancos en que tiene sus cuentas y su AFP, y están a disposición de los abogados si quieren hacer valer las recusaciones. En las inhabilidades uno no puede entrar. Respecto al principal cuestionamiento, que había sido abogado del Comandante en Jefe del Ejército, me inhabilité de todas las causas que tiene que ver con el Ejército y de las de mi cliente, a pesar de que siempre fallo conforme a derecho, para evitarle un problema a la sala y a la Corte. Tampoco entraré a causas del Ejército que se vean en el Pleno.

—Se integró a la Sala Constitucional, que ha recibido críticas por supuestamente “legislar con sus fallos”, como por ejemplo, con los medicamentos de alto costo. ¿Cuál es su visión en esta materia?

—Hay un problema grave de comprensión del sentido del recurso de protección y de cómo se tienen que abordar. ¿Está en peligro la vida producto de una decisión del Estado? Esto es lo que nos preguntamos al fallar, no si está bien o no la ley en general, sino el caso concreto. Los tribunales fallan a través de los hechos que se les presentan y en base a ello se trata de aplicar la ley, y en el caso de los recursos de protección, respecto a lo que dice la Constitución. Si se presenta un caso en que la vida de una persona está en peligro —hay informes médicos que dicen que para salvarla hay un tratamiento o medicamento determinado que está disponible— pero que la persona no puede solventarlo y se le niega la administración, porque no está en tal reglamento y la ley, la Corte tiene pocas posibilidades y la Constitución dice que tiene derecho a la vida y está sujeta a la custodia del Estado. No todo el mundo tiene esas enfermedades ni van a destruir la administración financiera del Estado.

—¿El derecho a la vida debe considerarse también para la gente que quiere costear tratamientos o enfermedades con fondos de pensiones?

—Es una cosa diferente. El Estado le puede entregar el financiamiento, no tiene para qué recurrir a sus fondos de pensión, porque existe también el derecho a la seguridad social.

Órgano para nombrar jueces: “Cuando se llega al punto en que todo es integración política empieza el empate, el cuoteo”

—Durante su proceso de elección en el Senado hubo críticas a fallos en derechos humanos en los que usted participó como abogado integrante. ¿Cree que se debe cambiar el sistema de nombramientos?

—Existen distintas formas de nombrar jueces, ninguna es perfecta. El sistema más imperfecto es el que está a cargo de los propios jueces, porque genera una corporación. También hay otro imperfecto que es la designación única por una autoridad política, sin ningún control. Esta no ha existido salvo en a la época de la monarquía. Existen las formas mixtas, no son perfectas, pero son mejor que estos dos extremos: participación de las autoridades políticas, como el sistema norteamericano en que el Presidente nomina y el Senado ratifica a ministros de la Corte Suprema, o el que tenemos nosotros, en que la Corte hace una quina, el Presidente elije y se ratifica en el Senado.

“En todos los casos la imperfección tiene que ver con la posibilidad de cuoteo político o de corporacionismo. En ciertos estados norteamericanos hay cargos judiciales que son de elección popular, lo que es complejo porque deben fallar pensando en la siguiente elección”.

—¿Está de acuerdo con un Consejo de la Magistratura, como se ha planteado?

—Para los nombramientos de los tribunales superiores se puede tener cualquier fórmula, pero tiene que haber responsabilidad política de alguien que lo designe. Por ejemplo, si hay un Consejo de la Magistratura, que haya participación del Presidente de la República o del Senado. En donde se han integrado personas del mundo político a este tipo de concejos ha sido un desastre porque se terminan politizando. Es buena la idea de que los jueces no administren, pero cuando se llega al punto en que todo es integración política empieza el empate, el cuoteo político.

—¿Qué le parece la propuesta de la Corte Suprema sobre un órgano independiente y que haya representantes judiciales?

—La idea es que nos dediquemos a lo jurisdiccional. Sin embargo, en los tribunales superiores ese órgano no debiera estar aislado del mundo político y sí debiera estar integrado por jueces.

—¿Es partidario de sacar el tema de disciplinario del máximo tribunal?

—Hay que distinguir. Una es la cuestión personal disciplinaria por infracciones a las reglas o comportamiento judicial, que puede estar en un sistema separado de la Corte Suprema. Tampoco es bueno que lo resuelvan los que hacen los nombramientos, porque si no los nombramientos van a depender de la disciplina. Debieran estar separados los tres órganos: administrativo y financiero, uno disciplinario y otro de nombramientos.

Otra cosa, dice Matus, es el recurso de queja (jurisdiccional en contra de los jueces por la forma de fallar). “Hay cuestiones relevantes donde los jueces se pueden equivocar gravemente. Esto es jurisdiccional y se debe mantener”.

—¿El actual sistema garantiza la independencia de los jueces?

—En la práctica, creo que sí, a pesar de todas estas dificultades que han pasado, que varios colegas no han logrado ser nominados o los vetos. Se ha hecho mucho daño a algunos ministros en esos casos, pero otra cosa es que estas personas y los jueces nombrados hayan perdido independencia. He visto que cualquiera haya sido la forma en que llegaron, fallan con la mayor objetividad, independencia y conforme a la aplicación del derecho.

—El gremio de los magistrados cree que la independencia no está totalmente garantizada en la actual Constitución y le pidieron a la Convención abordar ese tema y eliminar la acusación constitucional. ¿El juicio político es riesgoso para jueces?

—En todos los sistemas existen juicios políticos. Los miembros de tribunales superiores están sujetos a ellos, la cuestión son las razones que se dan. Si es por un desacuerdo con un fallo concreto, eso está fuera de todo lugar. Esa fue la razón de la acusación a ministros de la Sala Penal donde se cuestionaron fallos, no estaba en juego un abuso de sus facultades. Antes otros magistrados habían sido acusados por algo más cercano a la prevaricación.

—¿Se debe eliminar la acusación constitucional a jueces por fallos?

—Sí, se debe eliminar cuando se cuestionan resoluciones, pero no por la conducta ministerial de los magistrados.

Matus agrega que la acusación constitucional contra los ministros de la Sala Penal “no tuvo ningún efecto en la independencia de los magistrados”.

Control de constitucionalidad: “Se produce un vacío, porque cuando se pronuncia el TC no están fijados los hechos”

—El presidente de la Corte Suprema cree que es necesario precisar algunas competencias del Tribunal Constitucional (TC) en una nueva Constitución para evitar problemas. ¿Concuerda?

—Nuestro sistema de control de constitucionalidad tiene un grave problema: está pensado como un control preventivo de la constitucionalidad de la ley. El TC actúa preventivamente respecto a la aplicación de una norma con los requerimientos de inaplicabilidad. Se produce un vacío, porque cuando se pronuncia el TC no están fijados los hechos. El sistema está mal diseñado, si uno quisiera un perfeccionamiento tendría que decir quién tiene la última palabra. En nuestro sistema la última palabra la tiene la Corte Suprema, porque cualquier cosa que diga el TC su aplicación depende de los hechos, no conocen completamente la causa.

“El Tribunal Constitucional puede decir que una norma es inaplicable para determinado caso, el fallo es inalterable, pero la corte puede decir que en este caso no vamos a aplicar la interpretación que usted dice que es contraria a la Constitución, sino que una distinta. Debemos resolver con los antecedentes que tenemos a la mano (…) El caso puede variar por circunstancias fácticas que se desarrollan”.

El ministro agrega que “no es que la Corte Suprema haya dicho que no va a aplicar fallos del TC, sino que fallan antes de conocer todos los antecedentes de la causa. Por esa razón, en España, Alemania y Estados Unidos, el tribunal que ejerce el control de constitucionalidad es el de la última instancia”.

—¿Es necesario precisarlo en la Constitución?

—Se debiera clarificar en la Constitución cual es la última instancia. Si es la Corte Suprema, esta debiera resolver la cuestión constitucional.

—¿Y la atribución del TC de declarar inconstitucional la norma?

—Esta podría ser otra forma de resolver el problema, si dice que esta norma es inconstitucional en todos los casos, no hay nada que discutir. El requerimiento de inconstitucionalidad del TC solo tiene sentido si es la última instancia.

Tribunales indígenas: “Se debe tener un límite: los derechos humanos se deben respetar porque son para todos”

—¿Está de acuerdo con la creación de los tribunales indígenas que han propuesto convencionales de la comisión de Sistema Justicia?

—Desconozco la propuesta, pero en muchas sociedades donde hay culturas indígenas arraigadas y que tienen sus marcos jurídicos reconocibles se permite el sistema normativo paralelo, como el militar, que convive con el de civiles. Lo que sí es que se debe tener un límite: los derechos humanos se deben respetar porque son para todos, no puede haber torturas ni malos tratos. Un claro caso es lo que ocurrió en Rapa Nui y el fallo del TC (por penas inferiores en caso de violación). Se respetan las diferencias étnicas hasta que afectan los derechos humanos. No había igualdad ante la ley, las mujeres en Isla de Pascua valían menos.

—¿Qué causas debiesen fallar?

—De la vida familiar, las tierras, propiedades locales, las disputas entre personas, etnias y hasta ciertos delitos que no produzcan desigualdad muy grande entre ellos y el resto de las personas. La mayor parte de los delitos relevantes (como los de la macrozona sur) se excluyen, a menos que exista una cierta garantía de que habrá igualdad de trato.

—¿Cómo debiera estar integrado este tribunal?

—Cómo uno puede introducir la cultura indígena es a través del juicio de pares. Se puede tener un juez de carrera y, si es un pleito que se suscita entre pueblos originarios, puede haber un jurado completamente indígena. Si es una zona urbana el jurado puede ser mezclado.

—¿Es partidario de los jurados?

—Sí, esto hace que las personas, que pueden ser alcaldes, senadores, diputados, pueden ser jurados, y que determinen la responsabilidad. Se puede integrar a distintas personas.

—¿Cómo funcionan estos tribunales indígenas a nivel internacional?

—Hay experiencias buenas y otras no, pero tratándose de una disputa local, familia, de herencia y tuición de niños funciona bien porque son las personas más cercanas. Los problemas se suscitan cuando resuelven cuestiones que van más allá de la vida doméstica, donde operan tormentos y castigo físicos. Este tipo de sanciones son contrarias a los derechos humanos. Ese es el problema.

—¿Cree que sería mejor que las causas de la macrozona sur se fallaran en otra jurisdicción, por las amenazas a jueces?

—La solución es un traspaso a una jurisdicción diferente. En España se creó un tribunal especial: la Audiencia Nacional, que tiene la competencia de todo el país por sobre los tribunales regionales para los casos más graves y la integran jueces de experiencia, no los que están en la última categoría judicial. También tienen fiscales a nivel nacional. En Estados Unidos, los problemas que sobrepasan a un Estado se resuelven con el tribunal federal, con una autoridad mayor a la estatal. Esto es lo que permite salir del problema.

—¿Sería una buena solución para los hechos de violencia en la zona?

—Nosotros necesitamos eso. No solo por lo de la macrozona sur, también por lo que ocurre en el norte con el narcotráfico. Acá tenemos investigaciones en distintas regiones por los mismos hechos y esto produce dispersión y falta de control.

—¿Resuelve el tema de la independencia de los jueces víctima de presiones y amenazas en la zona, a los que hasta le han quemado hasta la casa?

—Estos tribunales resuelven este problema, para eso se hizo en España, para que pudieran juzgar a la gente de la ETA y no fueran los tribunales de Bilbao; para que pudieran juzgar a los narcotraficantes en Galicia. El tribunal especial nacional fortalecería la independencia judicial y también de los fiscales. Este sistema funcionó en España y es un modelo al que podríamos adaptarnos.

—¿Tendría que ser un tribunal superior integrados por ministros?

—Sí, de rango de ministros. Un tribunal superior que tuviera un respaldo político.

—¿El traslado de tribunal ayuda a superar la tensión en la zona?

—Claro que ayuda y se fortalece la independencia judicial. Nosotros tenemos hoy a los tribunales de menor jerarquía viendo las cuestiones más relevantes del país. Eso no puede ocurrir.

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