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Casi 40 mil menores no cuentan con representantes judiciales para sus casos y Justicia solicita aumento de presupuesto para subsanar déficit

Pese a haberse dictado medidas de protección por vulneración de derechos. La secretaría de Estado envió oficios a la Corte Suprema y al Ministerio de Hacienda. También propuso crear una mesa técnica con el Poder Judicial para aumentar la cobertura.

Martes, 23 de noviembre de 2021 a las 23:02
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A. Zúñiga
Durante el proceso para la implementación del nuevo servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia “Mejor Niñez”, que inició sus funciones el 1 de octubre pasado en reemplazo del Sename, hubo un dato que por primera vez se cuantificó y generó preocupación entre los actores del sistema: casi 40 mil menores no tenían un curador ad litem —abogados que dan representación judicial a los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos—, pese a contar con alguna medida de protección por parte de un juez de familia.

Esto ocurría por falta de capacidad y, principalmente, en programas ambulatorios. En muchos casos, además, puede tratarse de derivaciones para iniciar un proceso de diagnóstico. La cifra se desprende del primer estudio a nivel nacional de curadurías realizado por la Corte Suprema y los centros de observación, control y cumplimiento de medidas de protección de cada una de las cortes de Apelaciones del país (Unidad Acta 37/2014), donde se determinó que en 36.764 casos no aparecía informada la figura como litigante.

Este análisis se realizó en el contexto de una mesa interinstitucional liderada por el ministro del máximo tribunal Mario Carroza para coordinar la implementación del nuevo servicio.

Posteriormente, se efectuó el traspaso de las curadurías que tenía el Sename en los programas de representación jurídica (PRJ) hacia el Programa Mi Abogado, todos de carácter ambulatorio y vigente hasta el 30 de septiembre, mientras que las que dependían de las direcciones regionales del organismo pasaron a las corporaciones de Asistencia Judicial.

Ahora —el lunes recién pasado—, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, envió dos oficios relacionados con esta situación: uno dirigido al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Siva, para solicitar la implementación de una mesa técnica que permita proyectar una nueva línea de atención al interior de las corporaciones, focalizada en la representación jurídica que se ejerce con la curaduría ad litem, principalmente de medidas de protección ambulatorias, y otro para su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, solicitando recursos extraordinarios para ello.

“Con el propósito de abordar de manera íntegra y desde una mirada global el desafío que esta nueva política pública implica para los actores del sistema de justicia, se ha estimado necesaria la creación de una mesa técnica, en la cual se espera contar con vuestra disponibilidad, facilitando la participación de representantes del Poder Judicial y de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema”, señala el documento enviado por Justicia al máximo tribunal.

Y añade que “el objeto de esta instancia será procurar insumos relevantes para el diseño de fondo de esta política, revisando los contenidos y estándares de atención adecuados para el ejercicio de la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, atendiendo a la complejidad de los procesos y el nivel de vulneración observado, para lo cual se tendrá a la base las positivas experiencias de colaboración interinstitucional precedentes en el área, cuyo trabajo ha posibilitado una coordinación que favorece la operación y el debido acceso a la justicia de nuestra infancia”.

Esta nueva línea de atención requiere un incremento de recursos para la Subsecretaría de Justicia de $10 mil 498 millones para una cobertura completa, incluyendo profesionales e instalaciones.

“Es fundamental establecer una política”

Una propuesta de estas características, explica la coordinadora nacional del Programa Mi Abogado, Verónica Pincheira, requiere de “una política pública que involucre a las diversas instituciones que intervienen en ella. Desde esta lógica, para el diseño y desarrollo de la misma resulta esencial la participación del Poder Judicial, porque son finalmente los jueces quienes, en uso de sus facultades jurisdiccionales, establecen la necesidad de que el niño cuente con un curador, haciendo la respectiva designación”.

Sin perjuicio del rol que puedan tener otras instituciones, como fundaciones o clínicas jurídicas, precisa, “es fundamental establecer una política para generar la oferta pública necesaria para asegurar el derecho a la defensa jurídica de un niño, niña o adolescente que se encuentra en un proceso judicial, especialmente cuando existe una vulneración a sus derechos”.

Nuevo servicio no ejerce representación

Debido a que el servicio Mejor Niñez no tiene facultades para representar judicialmente los derechos de los menores, la tarea fue asumida por las corporaciones de Asistencia Judicial.

Pincheira explica que esta atribución no fue incluida en el nuevo servicio, porque tal labor “debe ser independiente de los organismos que prestan el servicio de protección, de manera de poder actuar con la autonomía que requiere una defensa jurídica destinada a la protección y restitución de derechos, donde para hacerlos efectivos es necesario requerir su materialización a las instituciones mandatadas por ley a otorgarla”.

A ello se sumó que desde 2018 el Ministerio de Justicia se encarga de gestionar el fortalecimiento de la oferta programática especializada en la materia a través del Programa Mi Abogado, con el fin de otorgar defensa interdisciplinaria en las medidas de protección decretadas en favor de los menores. Así, mientras en 2017 solo 23% de aquellos que estaban en residencias del Sename contaban con representación jurídica, ese número se comenzó a incrementar y en 2020 ya tenía cobertura nacional.

Las cifras

Según los datos levantados en el primer informe sobre esta materia, las medidas de protección en las cuales se ha dispuesto la designación de un curador ad litem para representar los derechos de menores son 114.321, al mes de junio pasado.

De estas causas, 17.145 son patrocinadas por el Programa Mi Abogado, 32.884 por los centros jurídicos no especializados de las corporaciones de Asistencia Judicial, 15.638 por las oficinas de Protección de Derechos y 10.878 son asumidas por clínicas jurídicas de universidades y otros actores de la sociedad civil.

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