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Cristián Delpiano, presidente del Tribunal Ambiental de Santiago: “Las críticas a una eventual poca injerencia (del tribunal) no se sustentan; la injerencia es muy alta”

El abogado culmina este viernes su mandato, el que repasa con “El Mercurio Legal”, y aborda los momentos complejos que debió enfrentar, como una crisis interna, las consecuencias de la crisis social y los problemas de funcionamiento que trajo consigo la emergencia sanitaria por el covid-19.

Miércoles, 13 de octubre de 2021 a las 12:45
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Daniel Inostroza
Cristián Delpiano culmina este viernes su mandato de dos años como presidente del Tribunal Ambiental de Santiago —en su reemplazo asumirá el ministro Alejandro Ruiz— y asegura que se trató de un periodo “especial”, que no estuvo exento de desafíos y situaciones problemáticas.

El abogado asumió formalmente el martes 15 de octubre de 2019 como presidente del Segundo Tribunal Ambiental del país, y solo tres días después, el viernes 18, se produjo un hecho que marcaría un tramo de su gestión: se inició el denominado estallido social.

Este fenómeno se sumó a una crisis interna que atravesaba el organismo desde 2018, cuando renunciaron tres de sus ministros en medio de acusaciones de irregularidades, y solo pocos meses después tuvo que lidiar con los efectos en el funcionamiento del tribunal que provocó la emergencia sanitaria por el covid-19.

—¿La crisis social tuvo consecuencias directas en el trabajo del tribunal?

—Tuvo consecuencias muy directas. Por ejemplo, tuvimos que disponer que los funcionarios se fueran más temprano a sus hogares y dejar todas sus cosas pendientes. Esa fue una primera instancia que nos generó una preocupación muy fuerte respecto de la seguridad de los que trabajamos en el tribunal, y lo segundo, lo que generaba el estallido en los trabajadores. Lo principal fue tratar de equilibrar la seguridad de quienes trabajaban en el tribunal, así como también el funcionamiento del mismo.

Delpiano detalla que durante noviembre y diciembre el tribunal funcionaba por lo general a media jornada. Luego, en enero y febrero disminuyeron las cargas de trabajo. La normalidad no regresó, pues en marzo llegó al país la pandemia.

—¿Cómo afectaron estos factores la labor del tribunal?

—A lo sucedido con el 18 de octubre y la pandemia se sumaban, desde el punto de vista interno, los problemas por todos conocidos, con falta de integración de ministros, y se debía recurrir a ministros externos para funcionar y además muchos problemas de clima interno. Buscamos una planificación estratégica de mediano plazo que nos permitiera tener un rumbo para determinar nuestra misión, visión, nuestros objetivos estratégicos y nuestros valores. Dónde queremos ver y hacia dónde queremos llevar al tribunal.

—¿Este escenario afectó su plan de trabajo para su período como presidente?

—Lo afectó, pero con un matiz: estas circunstancias nos permitieron reforzar un sello más humano en el tribunal, el preocuparse por quienes trabajamos acá. Eso generó una oportunidad y en todas las crisis uno tiene que buscar la oportunidad. Y si uno busca dar un enfoque más humano, centrado en la persona, el estallido nos permitió desarrollar ese lado, lo que nos ayudó además a mejorar el clima laboral. Si bien uno viene con una planificación más o menos estructurada y esa planificación cambia completamente por el escenario, eso también nos permite mostrar un enfoque.

—¿Ese esfuerzo fue percibido por los trabajadores?

—Fue muy bien valorado y lo hemos percibido en una serie de encuestas y mediciones que hemos aplicado y que nos permiten llegar a la conclusión de que se ha valorado el sello y el factor humano en el tribunal. La gestión se basó en dos pilares fundamentales: primero, proponer este factor humano y dar un sentido identitario y de pertenencia al tribunal; el segundo pilar estaba dado por mejorar el clima laboral, con una serie de medidas que se valoraron mucho en pandemia, como varias instancias para recoger la opinión de los trabajadores, sus inquietudes y sus problemas en casa, por ejemplo, denominado acompañamiento en pandemia.

—Y en materia del avance de las causas, ¿cómo afectó la pandemia la labor del tribunal?

—Logramos adaptarnos muy rápido con las herramientas que tenemos y desarrollamos un sistema de teletrabajo que funciona hasta hoy. Lo único que se afectó en un tiempo acotado, fueron las audiencias que estaban programadas. Cuando se decretó el estado de excepción suspendimos las audiencias programadas, porque teníamos que revisar qué herramientas teníamos para desarrollarlas de manera virtual. Elaboramos un protocolo para funcionar.

—¿No se generó un atraso en la vista de causas? En todos los tribunales del país se observó este fenómeno debido a las restricciones que se impusieron por la pandemia.

—Las causas que enfrenta este tribunal son muy complejas, requieren harta revisión y análisis técnico, pero el volumen no es elevado. Entonces, según los datos, en 2020 se programaron 71 audiencias, varias las tuvimos que bajar, pero se realizaron 31, que es el año con más audiencias efectuadas. Eso da cuenta de que el trabajo no se detuvo. Tuvimos en régimen dos audiencias por semana, que es cercano a lo normal. Hemos logrado avanzar mucho, por ejemplo, en audiencias de conciliación. Hemos podido funcionar normalmente. El año pasado dictamos 22 sentencias, a pesar de que las demandas por daño ambiental se suspendieron en sus fases probatorias, lo que es un régimen alto, porque el año que más sentencias se dictaron fue 2017 con 24. Y este año probablemente superemos las 25.

—Durante su período, ¿cuál fue la causa más emblemática que le tocó revisar?

—En este tribunal, las más mediáticas son las de Central Los Rulos, en Limache; la de la Central Alto Maipo, que estamos cerca de dictar sentencia; la del centro de distribución El Peñón de Wallmart, en el cerro Chena de San Bernardo; la causa de Quintero-Puchuncaví, o las causas de los incendios forestales de 2017, donde llegué al final a la fase probatoria, pero me tocó estar en todo el proceso que finalmente llegó a la conciliación entre las municipalidades demandantes y el demandado que era CGE, entre otras.

—¿Cuál es su visión sobre las críticas que recibe el tribunal por parte de abogados del sector sobre una eventual poca injerencia o que sus sentencias son recurribles a otras instancias? ¿Cómo toma esos cuestionamientos y qué puede decir del desempeño del tribunal en materia ambiental en estos años?

—Lo que pasa es que el régimen jurídico que tenemos, y particularmente la revisión de las sentencias que hace la Corte Suprema, es una revisión que se hace desde la correcta aplicación del Derecho. Desde esa perspectiva, la ley está diseñada para que la apreciación científica de las pruebas esté radicada en los tribunales ambientales como tribunales especiales. Y la Corte Suprema lo que hace es la revisión de los aspectos jurídicos. Entonces, desde el punto de las críticas a una eventual poca injerencia, son críticas que no se sustentan, ya que la injerencia que tienen las sentencias de estos tribunales es una injerencia que nos permite decirle al órgano administrativo que su acto administrativo es ilegal y debe ajustarlo a la legalidad. O sea, la injerencia es muy alta. La Suprema evidentemente tiene la facultad de corregirnos, porque tiene la superintendencia de todos los tribunales, pero el análisis que hace el máximo tribunal es un análisis de derecho, de interpretación jurídica, no propiamente de apreciación de pruebas. Y se le reconoce este tribunal la calidad de tribunal especializado, lo que implica que las pruebas sean observadas desde un punto de vista científico-técnico.

—¿Cómo evalúa el trabajo de los tribunales ambientales desde su creación en 2012, más allá de lo que fue su mandato?

—Los tribunales ambientales han hecho un importante aporte en los estándares de revisión en materia de evaluación ambiental, así como también en los estándares de aplicación de sanciones. Creo que además hemos contribuido mucho a reforzar temas relevantes como la participación ciudadana o de las comunidades, y reforzar los estándares de cumplimiento como alternativas a la sanción ambiental. El análisis técnico que se hace de las causas ha contribuido a mejorar la evaluación ambiental. Estamos aún en un periodo de crecimiento; somos tribunales muy jóvenes.

—¿Cómo se proyecta el trabajo del tribunal, tomando en cuenta que las materias medioambientales están cada vez más presentes en la agenda debido al cambio climático?

—Creo que hoy el cambio climático es más un hecho de la causa que otra cosa. Hoy nadie lo pone en duda. Ahora, para entender el fenómeno y la participación de los tribunales ambientales, creo que tenemos que contextualizar la idea de los tribunales ambientales, como parte de un engranaje institucional que está compuesto por distintos actores: quienes hacen las normas en el Congreso; los ministerios correspondientes y sus reglamentos; quienes hacen las evaluaciones de impacto ambiental; quienes están en la labor de fiscalizar y sancionar; y quienes estamos también por la revisión de los actos administrativos que emanan de esos órganos.

“En ese engranaje, creo que podemos hacer una contribución muy importante, en materia de determinar, de forma científica, cómo podemos implementar que una reclamación tenga, al menos, como parte de la solución, en consideración el fenómeno del cambio climático. Por otro lado, tenemos que ver qué dirá respecto de nuestras competencias la ley marco de cambio climático que se discute en el Congreso y es una norma que nos dará competencias sobre ciertos instrumentos asociados a materia de cambio climático, agregando facultades”.

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