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Propuesta sobre incluir a abogados en reporte de lavado de activos preocupa al gremio por eventual “vulneración del secreto profesional”

Mientras el gremio analiza la propuesta a nivel de consejo, varios especialistas debaten sobre sus implicancias y posibles afectaciones a garantías fundamentales.

Miércoles, 15 de septiembre de 2021 a las 13:00
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Daniel Inostroza
Un nuevo debate está tomando fuerza entre los abogados. La discusión se da en torno a una propuesta incluida en último Informe de Evaluación Mutua de Chile, que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país, y que recomienda incluir a abogados y otras profesiones —como contadores o proveedores de servicios societarios— en reportes donde se detecten operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos, además de fortalecer las sanciones vigentes en la materia y una actualización del tipo penal de lavado de activos.

Distintos actores abordan las implicancias que tiene esta propuesta y expresan varias aprensiones por eventuales vulneraciones de garantías constitucionales o incluso del secreto profesional que una norma de este tipo podría generar.

Colegio de Abogados analiza la propuesta

Esta es una materia que ya se estudia al interior del gremio. Consultado por “El Mercurio Legal”, el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, explica que ayer se reunió el consejo del organismo y justamente se discutió la propuesta.

Asegura que es un “debate complejo, que se está analizando con la calma y profundidad que requiere al interior del Colegio” y que cuando sea oportuno, y dicho estudio haya concluido, manifestarán su postura, sobre todo respecto de lo que concierne al secreto profesional.

Mientras que el socio de Aninat Abogados, Manuel Blanco, dice que, a su juicio, la propuesta busca “perfeccionar el esquema de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y, en tal sentido, se hace cargo de la experiencia acumulada sobre la materia”.

Riesgo de afectar el debido proceso, el derecho a defensa y el secreto profesional

Sin embargo, señala que “excepcionalmente se propone exigir a los abogados que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades referidas precedentemente”.

Y sobre esta última propuesta de obligación de reportar, Blanco explica que “se debe efectuar un análisis profundo y acabado, de manera de no vulnerar ni restringir garantías constitucionales (debido proceso y derecho a defensa) ni deberes profesionales (secreto profesional)” y, añade, “la especial diligencia que la propuesta exige para representar a clientes que realizan las operaciones ya referidas precedentemente, por una parte, y la facultad de renunciar al encargo por causa justificada sobreviniente, según lo dispone el código de ética profesional, por la otra, debieran constituir salvaguardas suficientes a la luz de los fines buscados”.

En tanto, Felipe Cousiño, socio del estudio Alessandri, asegura que “la obligación de secreto profesional de los abogados es un pilar básico del Estado de Derecho y una garantía fundamental para el respeto de los derechos humanos”. Por lo tanto, agrega, “debe existir extremo cuidado de no afectar indebidamente el secreto profesional a la hora de incluir a los abogados dentro de la lista de personas obligadas a entregar reportes de operaciones sospechosas a la UAF”.

Blanco señala también que “la propuesta de establecer una obligación de denuncia, además de vulnerar garantías constitucionales, puede dañar gravemente la confianza cliente-abogado, elemento esencial de dicha relación profesional”.

Diferenciar el tipo de actividad del abogado

En el caso de FerradaNehme, el socio del área de Compliance del estudio, Rafael Collado, hace una distinción y dice que “no todos los abogados son iguales ni respecto de todos ellos pesan los mismos deberes”.

“Existen abogados asesores de empresas o de personas naturales que son colaboradores en la creación de operaciones comerciales, abogados internos que trabajan para las empresas y abogados defensores en materias litigiosas. Dentro de los abogados defensores se encuentran aquellos que defienden a imputados por el delito de lavado de activos”, precisa.

Collado asegura que es importante hacer esa aclaración, “pues no es lo mismo defender penalmente a un imputado de lavado de activos ante el Ministerio Público o los tribunales que ser asesor de una empresa que requiere organizar su sistema de lavado de activos”.

Y profundiza: “La primera es una situación reconocida en nuestra Constitución como derecho fundamental (derecho a defensa) y nuestra legislación (secreto profesional como derecho a no declarar en juicio). Estos abogados, al recibir sus honorarios con dinero proveniente del lavado, si bien configurarían el tipo penal, bien podrían encontrarse en una causal de justificación. Por contraste, el abogado asesor carece del reconocimiento constitucional y si este abogado es al mismo tiempo parte de la empresa, incluso podría carecer del derecho al secreto profesional”.

Collado concluye que “salvo por el caso del abogado defensor, el resto de las posiciones jurídicas que un abogado puede adquirir en su vida laboral no parecen tener la importancia y relación con el dinero que justifique excluirlos del régimen de sujeto obligado”.

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