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Pleno de la Corte Suprema adopta medidas de seguridad y de vigilancia para tribunales de la Región de La Araucanía

Principalmente están enfocadas en Collipulli, Carahue y Victoria por ataques incendiarios. Continuarán con teletrabajo y se evalúa la posibilidad de entregar un bono de asignación por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros para bienes.

Martes, 14 de septiembre de 2021 a las 9:30
- El máximo tribunal está revisando la situación de los tribunales de la Macrozona Sur.
Crédito: Héctor Flores
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Cinthya Carvajal
El Poder Judicial recibió el fin de semana severas críticas de siete senadores de RN, quienes aseguraron en la sección de cartas de “El Mercurio” que esa institución sería “la más expuesta y vulnerable” por la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur del país. “No lo decimos nosotros; un informe del mismo Poder Judicial reconoce que hay miedo en los funcionarios judiciales, y es así cómo una reciente resolución de la Corte Suprema autoriza a los tribunales amenazados (Cañete) a mantener el trabajo telemático”.

Los congresistas basaron sus cuestionamientos en cuatro hechos: que no se decretó prisión preventiva a un imputado, que luego no se presentó a su formalización; que jueces se inhabilitaron para resolver solicitud de allanamiento; el fracasado operativo en Temucuicui en que la orden judicial era solo para arrestar al prófugo y no para allanar, y que en el velorio del integrante de la CAM jueces no autorizaron la petición de la fiscalía para requisar armas y detener a sus portadores.

Fue el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado —que es el visitador de la jurisdicción de Concepción— quien se refirió a los dichos de los senadores en representación del Poder Judicial. “Ningún juez resuelve con miedo. La violencia en la macrozona ha aumentado exponencialmente y cada uno tiene que hacer su trabajo. El Gobierno debe mantener el orden público, nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y asegurar que las personas accedan a la justicia. Y el Congreso debe legislar si estima que se deben hacer modificaciones a la legislación o endurecer penas. Nosotros haremos cumplir lo que estipule la ley”, dijo Prado.

Si bien el tema causó molestia entre algunos integrantes de la Corte Suprema, ayer durante el Pleno se abordó someramente y decidieron enfocarse en adoptar nuevas medidas para los tribunales de la Macrozona Sur.

Una de las iniciativas fue mantener la vigilancia y seguridad especialmente para los tribunales de Collipulli, Carahue y Victoria, en la Región de La Araucanía, donde se han producido varios ataques incendiarios en los últimos meses.

Se estableció mantener el sistema de teletrabajo para los funcionarios de estos tribunales, asegurando la continuidad del servicio judicial.

La última medida, que también se contempló para la zona de Cañete, es una compensación económica que se está evaluando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eventualmente, entregar un bono de asignación por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda) durante el desempeño de las funciones judiciales.

Para ello, hay quienes creen que se requiere de una modificación legal, aunque también se evalúa en una mesa de trabajo creada solo para Cañete, y no para esta zona.

El Pleno del máximo tribunal dará a conocer en los próximos días su resolución, que fue acordada ayer, tras analizar los antecedentes entregados por la ministra visitadora, Andrea Muñoz.

Medidas en Cañete y mesa de trabajo

En la jurisdicción de La Araucanía no se creó una mesa de trabajo como sí se hizo en la comuna de Cañete, que depende de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Esta medida se adoptó tras analizar el informe que realizó el ministro Prado, por el cual se adoptaron diversas medidas de resguardo para la seguridad de quienes laboran en el Tribunal Oral en lo Penal, Juzgado de Letras y Juzgado de Garantía de Cañete. Principalmente, mantener el trabajo telemático, como regla general, en la zona afectada.

Tras conocer diversos relatos de funcionarios del lugar, el magistrado concluyó en su informe: “Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aun cuando permanezcan con trabajo a domicilio”. Son dos los episodios más graves vividos en Cañete. El primero ocurrió el 24 de abril: un ataque incendiario sufrido en la propiedad de un exjuez de la localidad, que se había desempeñado 15 años en la zona y quien ante “la amenaza y el riesgo expuesto a su persona y familia decidió retirarse del lugar”.

El inmueble tuvo una importante pérdida de enseres, pero nadie resultó herido, porque no estaban en el lugar. El otro hecho se produjo el 8 de julio, mientras se desarrollaba una audiencia de juicio oral de manera semipresencial: había cuatro funcionarios del tribunal, dos acusados, un defensor, testigos, personal de aseo y guardias.

“Siendo las 12:10, una turba de aproximadamente cien personas procedió a atacar el edificio con piedras y hondas, por lo que se detuvo la audiencia (...) y se dispuso proceder conforme al protocolo de seguridad, trasladándose todos los presentes a la zona de seguridad”, relató el presidente del comité de jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, Ricardo Piña.

En paralelo, la situación de seguridad en los tribunales de la Macrozona Sur tiene preocupados a los jueces y funcionarios. El gremio de estos últimos hizo una encuesta que midió la percepción de seguridad que se tiene en todo el país a raíz de los ataques y hechos violentos.

Los funcionarios proponen tener botón de pánico y protectores antivandálicos. “Queremos contar con las condiciones de seguridad en tribunales de cara a los usuarios e intervinientes para que desarrollen sus audiencias y trabajo de causas y no se suspendan, además de no arriesgar la seguridad de jueces, jefes y funcionarios del tribunal”, aseguró Patricio Aguilar, el presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud).

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