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“Ningún juez resuelve con miedo. El Gobierno debe mantener el orden público”

El ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, se refiere a las críticas de senadores por resoluciones y violencia en la macrozona sur. Dijo que cada uno tiene que cumplir con su labor: los congresistas deben legislar para que “podamos hacer cumplir la ley, y el Ejecutivo debe ver el tema de seguridad en la zona”.

Lunes, 13 de septiembre de 2021 a las 10:30
- El supremo Arturo Prado, visitador de la zona de Cañete.
Crédito: Christian Zúñiga
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Cinthya Carvajal
Las críticas al Poder Judicial hechas por siete senadores de RN, quienes aseguraron ayer en la sección de cartas de “El Mercurio” que esa institución sería “la más expuesta y vulnerable” en la violencia en la macrozona sur, no dejaron indiferente a los integrantes de la Corte Suprema.

Rodrigo Galilea, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Francisco Chahuán, José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh afirmaron que el Poder Judicial “dicta resoluciones condicionado por el temor. No lo decimos nosotros; un informe del mismo Poder Judicial reconoce que hay miedo en los funcionarios judiciales, y es así como una reciente resolución de la Corte Suprema autoriza a los tribunales amenazados (Cañete) a mantener el trabajo telemático”.

En la misiva describen cuatros hechos en los que basan sus cuestionamientos: el caso de un funcionario judicial de La Araucanía, en cuyo domicilio encontraron diversas armas, incluyendo un fusil de guerra, explosivos y municiones. Se cuestiona que hubo jueces que se inhabilitaron para resolver solicitud de allanamiento y registro de su casa. El segundo caso es el del werkén Jorge Huenchullán, un prófugo en causa de drogas que fue detenido en hospital y la Corte de Apelaciones de Temuco lo dejó libre, y luego no llegó a la formalización. Además dicen que fracasó el operativo en Temucuicui para lograr la detención de este prófugo porque la orden judicial era solo para aprehenderlo y no para allanar. Y por último, el caso del velorio del integrante de la CAM, en el que los jueces no autorizaron la petición de la fiscalía para requisar armas y detener a sus portadores.

El ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado —que es el visitador de la jurisdicción de Concepción donde está Cañete— se refirió a los dichos de los congresistas. “Ningún juez resuelve con miedo. La violencia en la macrozona ha aumentado exponencialmente y cada uno tiene que hacer su trabajo. El Gobierno debe mantener el orden público, nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y asegurar que las personas accedan a la justicia. Y el Congreso debe legislar si estima que se deben hacer modificaciones a la legislación o endurecer penas. Nosotros haremos cumplir lo que estipule la ley”, aclaró Prado.

“Problema político, no judicial”

El supremo insistió en que en esta zona hay un conflicto en el que “el Presidente de la República y el Ministerio del Interior deben mantener el orden público, y tienen el monopolio de la fuerza para hacerlo. Si tienen que dialogar para ello, que lo hagan. Este un problema político, no judicial. Si el Ejecutivo no tiene la capacidad de controlar a estas personas, no es un problema del juez”.

Sobre las críticas por decisiones de los magistrados precisó: “Los jueces tenemos que resolver de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista. Si no hay mérito para dejar en prisión preventiva a una persona, no lo podemos hacer. No podemos resolver por un juicio de valor”.

Sobre el caso del funcionario judicial, explicó que hay que esperar las investigaciones pendientes. “Nosotros no amparamos lo del funcionario con armas. Esto es un caso excepcional, es algo aislado, es algo que está siendo investigado por la fiscalía. El Poder Judicial ha adoptado todas las medidas administrativas”.

El ministro sostiene que “muchos reclaman que el Poder Judicial ha sido débil al momento de impartir justicia, que le ha temblado la mano al tener que juzgar a personas involucradas en estos atentados. Sin embargo, salta a la vista que no es fácil dar con el paradero de sujetos que se esconden en las sombras de la noche, que cuentan con redes de protección basadas en el amedrentamiento de la población”.

El supremo también defiende la decisión de la Corte Suprema de dejar a los funcionarios de Cañete trabajando desde sus hogares, tras los ataques incendiarios y amedrentamientos. “Puedo asegurar que no han cesado de entregar a la población un servicio interrumpido, realizando audiencias telemáticas, resguardando, desde luego, todas las garantías de los intervinientes”, aseguró Prado.

Los atentados que han sufrido los tribunales de Cañete no solo han afectado a funcionarios sino que a los usuarios del sistema, por lo que el Poder Judicial ha buscado mecanismos alternativos para tomar declaraciones.

Según el supremo, “los testigos declaran por vía remota, desde lugares donde se sientan seguros, sin amedrentamientos, sin traslados, aprovechando las tecnologías disponibles, sorteando los inconvenientes de seguridad”.

El magistrado recordó a los senadores de RN, que “el temor de los funcionarios es por sus desplazamientos. Eso no implica que en su labor diaria se hayan dejado abatir en algún momento, manteniéndose firmes en el coraje y en el compromiso que, como funcionarios públicos, han adquirido con el país y el público que accede a nuestros tribunales”.

Y por último concluyó explicando que la preocupación de la Corte Suprema, “dice relación con el deber de asegurar la continuidad del servicio judicial y garantizar la seguridad de todas las personas. No se trata de temores infundados o desmedidos, puesto que desde el año 2016 ha habido atentados contra los edificios institucionales y ataques incendiarios a vivienda de un juez y un fiscal del Ministerio Público. Además de turbas dispuestas a interrumpir audiencias; disparos contra el vehículo de una funcionaria judicial; más amenazas contra dos juezas de la ciudad y un receptor judicial”.

Pese a ello, Prado dice que hasta fines de agosto se habían realizado 1.293 audiencias, y 81 controles de detención.

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