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Corte Suprema revierte expulsiones en UDP por toma feminista

También lo hizo respecto de las suspensiones aplicadas y estimó, en general, vulnerada la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Los alumnos dicen que solo participaron en asamblea y manifestaciones.

Jueves, 22 de julio de 2021 a las 10:07
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Cinthya Carvajal
La Sala Constitucional de la Corte Suprema acogió distintos recursos de protección en favor de un grupo de estudiantes de la Universidad Diego Portales, UDP, quienes fueron sancionadas con la expulsión o la suspensión de estudios por participar en una toma feminista de dependencias del plantel, en agosto de 2019.

Al revisar los antecedentes de la causa, los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Mario Carroza, Jorge Zepeda y el abogado integrante Diego Munita establecieron que “los hechos que se han tenido por acreditados en el proceso disciplinario seguido en contra de los actores, consisten en que, de acuerdo con sus propias declaraciones, se encontraban presentes en el establecimiento universitario, (…) constatándose además que existen, a lo menos otros 600 estudiantes identificados, en circunstancias que dicho edificio se encontraba a esa fecha tomado”.

Los estudiantes dicen que participaron junto a un total de 680 alumnos en una asamblea y movilizaciones, el 2 de septiembre de 2019, con motivo de denuncias de acoso y abuso sexual provenientes de ayudantes de esa universidad, mientras que la casa de estudios sostiene que el 20 de agosto de 2019, un grupo de alumnos decidió ocupar “de manera ilegal, las dependencias de la universidad”, motivados por diversas manifestaciones denominadas “tomas feministas”, y que estuvieron paralizados durante un mes.

La UDP planteó que los hechos se ajustan plenamente a las conductas que aparecen descritas como “faltas gravísimas” del Reglamento de Convivencia Estudiantil al “impedir o dificultar, en cualquier forma, el ingreso a algún recinto de la universidad o la libre circulación en ella” y “usar el domicilio de la Universidad o cualquiera de sus instalaciones o dependencias, para fines que atenten contra los principios y normativa interna”.

Sin embargo, los ministros determinaron que la decisión de la UDP de imponer estas sanciones es “arbitraria, pues no es posible encuadrar la conducta típica en los hechos que han resultado probados y, además, es necesario considerar que se ha sancionado a un grupo reducido de estudiantes, de entre aproximadamente 600, que también se encontraban en ese lugar, sin que la autoridad haya justificado, respecto de los recurrentes, la existencia de circunstancias particulares o especiales que difieran de las de los demás asistentes a la Asamblea, que hacen a los actores merecedores de una sanción”.

La Corte estimó que siendo “manifestaciones estudiantiles, legítimas, como pueden definirse las manifestaciones en torno al movimiento feminista, no es posible configurar las causales” del reglamento.

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