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Corte Suprema confirma fallo que declaró improcedente sanción de nulidad de despido de funcionario público contratado a honorarios

Se estableció que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, no contiene ninguna interpretación sobre el asunto de derecho propuesto que sea susceptible de contraste. La decisión se tomó con el voto en contra de la ministra Gloria Ana Chevesich.

Martes, 08 de junio de 2021 a las 18:22
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A.Z.C.
“Respecto de la materia de derecho planteada por la parte demandante, se debe señalar que si bien se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia, esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto, con similares fundamentos, coincide en la decisión de rechazo de la pretensión relativa a la misma”, sostiene el fallo del máximo tribunal que rechazó las acciones presentadas contra la sentencia que acogió una demanda de despido injustificado y declaró la existencia de la relación laboral, ordenando el pago de prestaciones, pero desestimó la pretensión de sanción de nulidad del despido de un funcionario contratado a honorarios por la Subsecretaría de Transportes.

Y añade que “no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector”.

Así, la Cuarta Sala del máximo tribunal, compuesta por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Antonio Barra, estableció que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, no contiene ninguna interpretación sobre el asunto de derecho propuesto que sea susceptible de contraste.

Recuerdan, además, que el máximo tribunal ya se ha pronunciado sobre este asunto, “señalando que si bien es indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa y, en consecuencia, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado —entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575—, pues, a juicio de esta Corte, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo”.

Por otro lado, añaden, “la aplicación —en estos casos— de la sanción referida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido”.

En relación a lo presentado por la parte demandada “se colige que tampoco podrá ser acogido, por cuanto, como se dijo, el recurso de nulidad que promovió sobre la base de la existencia de diversas infracciones de ley respecto del mismo asunto jurídico ahora sometido al análisis de esta Corte, fue desestimado por haber sido construido y sustentado a partir de hechos distintos de los asentados por la judicatura del grado, defecto que impidió que el tribunal de nulidad analizara y se pronunciara sobre el fondo del asunto”.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la ministra Gloria Ana Chevesich, quien estuvo por acoger el recurso deducido por la parte demandante y dictar sentencia de reemplazo dando lugar al recurso de nulidad y, en consecuencia, condenar “a la demandada a las prestaciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo”.

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