EL MERCURIO. COM
Versión para imprimir El Mercurio.com

Santiago de Chile. Mar 15/06/2021

17:27
Atención a suscriptores

Santiago:   Mín. 5°C   |   Máx. 20°C   |   Actual 13°C

Abbott y eventual indulto: “En algún tipo de delitos, como los desórdenes, daños simples, uno podría entender”

Pero descarta beneficio para condenados por hechos graves en el contexto de crisis social. El fiscal nacional también aborda cuáles son las bases para la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y adelantó los parámetros para revisar y, posiblemente, reabrir causas de esta naturaleza.

Sábado, 05 de junio de 2021 a las 22:23
La Araucanía: “Si logramos desarticular (una banda), aumenta la reacción de estas organizaciones con más violencia”
—Usted anunció en su cuenta pública un plan para La Araucanía en medio de una intensificación de la violencia en la zona. ¿Cómo enfrentarán este escenario?

—Estamos planteando darle a la Unidad de Delitos Violentos, a cargo del fiscal Cristián Paredes, un protagonismo mayor en la macrozona, vamos a plantear una presencia más permanente de la Fiscalía Nacional.

—¿Siente que han fallado en algo? ¿En la desarticulación de las organizaciones que actúan en la zona, por ejemplo? Porque la violencia continúa…

—Son investigaciones muy complejas y el conflicto tiene un origen que excede con mucho al Ministerio Público y, cada vez que tenemos éxito en las investigaciones, lo que se produce son hechos cada vez más violentos. Si logramos desarticular (una banda), la prisión preventiva o condenar a personas que están vinculadas con estos hechos, rápidamente lo que se incrementa es la reacción de estas organizaciones con más violencia, que deben ser prevenidos por otras instancias, no nos corresponde a nosotros.

Ahora, dice, “la única forma de enfrentar esto es en su integralidad, hay aspectos políticos, reivindicaciones que tienen que asumirse”, pero pensar que “el sistema penal puede acabar con este fenómeno es una irrealidad, lo que podemos es hacer investigaciones para llegar a la mayor cantidad de personas posible”.

“Que el fenómeno vaya a desaparecer producto de las condenas que logremos es no entender que el reproche penal no puede solucionar este tipo de situaciones, que van más allá de lo que nosotros podemos hacer desde nuestra función constitucional”, concluye Abbott.
  • Facebook
  • Twitter
Enviar
Imprimir
agrandar letra
achicar letra
Andrea Chaparro
Desde el inicio de su gestión, dice, le ha preocupado el tema de los derechos humanos y valora el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de avanzar en la creación de una fiscalía especializada en esta materia. Es una iniciativa, comenta el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, que, como institución, habían planteado “hace ya algún tiempo”.

Junto con la creación de este organismo, el fiscal nacional aborda el plan de revisión y eventual reapertura de causas de DD.HH., así como los nuevos criterios de actuación en esta materia que se están afinando.

—Aunque todavía es una discusión abierta, ¿cuáles serán las ideas matrices para esta fiscalía?

—La mejor manera de investigar estos delitos es mediante una fiscalía especializada. Como son cometidos por agentes del Estado, requieren una preocupación especial (…) para ver si hay alguna política sistemática de violaciones de los DD.HH. e investigar no solo el hecho concreto, sino también eventuales responsabilidades del mando.

Y, agrega, “en esto hay que abrir una discusión, porque esta fiscalía debe tener una enorme legitimidad social para poder abordar investigaciones que pueden afectar a funcionarios del Estado, que pueden estar vinculados a diferentes niveles de su jerarquía”. Dice que ya se ha conversado con representantes de Naciones Unidas en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.

—¿Cuál sería su estructura preliminar?

—Hemos pensado tener una fiscalía a nivel central, con un fiscal jefe que tenga la misma jerarquía que un fiscal regional, pero que actúe en forma relativamente descentralizada a través de tres fiscalías de DD.HH. en el país, en las zonas norte, central y sur.

“Creo, además, que va a ser importante la forma para designar a ese fiscal jefe, que debería ser distinta a la de los regionales (…). Acá tiene que haber participación de organismos vinculados con los derechos humanos para darle la legitimidad. No solo organismos del Estado, sino incorporar a personas que representen el tema del resguardo de los DD.HH.”.

—Pensando en la baja convocatoria de los últimos concursos para fiscal regional, ¿cree que haya interés en esta jefatura?

—Debería haber interesados. Hay mucha gente en este país que tiene una vocación de respeto, de trabajar en pos del respeto de los derechos fundamentales, y también la hay dentro de la propia institución.

—¿A qué atribuye las bajas postulaciones?

—Hay un problema que no hemos podido resolver. Cuando los fiscales regionales terminan su período, no tienen continuidad al interior del Ministerio Público y, si uno ha hecho un buen trabajo, lo más probable es que en la región no tenga muchos contactos y (…) eso restringe muchísimo el ejercicio de la profesión.

“Además, se ha estado ocho años dedicado exclusivamente a lo penal y hay algunas limitaciones propias de los códigos de ética de los colegios de abogados, que a uno le impiden tramitar causas penales durante un período relativamente largo; en el caso del Colegio de Santiago es de un año. Es difícil insertarse y más aún para la gente joven; yo cuando terminé (en Valparaíso) tenía mi vida un poco hecha (…), por eso los abogados lo piensan mucho antes de postular a este cargo”. A ello se suman los “costos personales, familiares”, dice.

—¿Cuál es la inversión para esta fiscalía?

—Si pensamos en una fiscalía de 27 fiscales, más el personal de apoyo, deberíamos tener un costo del orden del 3% o 4% del presupuesto del Ministerio Público, estamos hablando de $5 mil o $6 mil millones al año en números muy gruesos, pero esta es una propuesta inicial.

Debe investigarse posible responsabilidad de mando

—En su cuenta pública habló de un plan de reapertura de casos de derechos humanos. ¿Bajo qué criterios se hará eso?

—Hemos mirado todas las investigaciones y decidimos revisarlas para verificar que se hayan cumplido los estándares que fijamos en su oportunidad. Queremos ver, además, si del relato de los hechos delictuales puede sacarse alguna información adicional, aplicando al método que hoy usamos en el sistema de análisis criminal y focos”.

“La idea, naturalmente, es ir priorizando los delitos más graves, de tortura, de apremios ilegítimos, los desnudamientos, las lesiones en el tercio superior del cuerpo”.

El objetivo, puntualiza, es “darle certeza a la comunidad de que hemos realizado todas las diligencias para establecer las responsabilidades individuales, como eventualmente también responsabilidades del mando”.

—Habla de eventual responsabilidad del mando, ¿está pensando en el jefe en terreno, el de unidad o el alto mando de Carabineros?

—La verdad es que no estamos pensando a priori en nada en particular, lo que tenemos que hacer es investigar y llegar hasta donde debemos llegar. Puede ser que no existan las responsabilidades de mando o que puedan existir al más alto nivel y, si es así, tendremos que hacer la investigación y acumular los antecedentes necesarios para hacer los reproches penales que correspondan.

—¿Lo mismo aplica en el ámbito político? Ministros, exsecretarios de Estado...

—Le reitero, aquí no hay un límite posible en este tipo de investigaciones.

—¿No se incluyen ataques o lesiones contra Carabineros en esta revisión?

—En ese tipo de investigaciones tenemos fiscales preferentes. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en La Araucanía, particularmente, en aquellas causas en que se ha producido la muerte de policías, donde hay un equipo especial, porque nos parece de principal importancia investigar a quienes cometen ilícitos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad.

—Se lo pregunto a raíz de una carta al director de “El Mercurio”, en que la abogada Laura Novoa plantea que las violaciones de los derechos humanos también pueden ser cometidas por particulares. ¿Qué opinión tiene de eso?

—Esto se ha discutido bastante y, en general, la doctrina señala que solo es posible violar los derechos humanos por parte de agentes del Estado, pero aquí hay una instancia que puede dar lugar a una discusión de esta naturaleza durante el proceso legislativo. Perfectamente se podría dar el debate sobre si dentro de las funciones de esta Fiscalía de DD.HH. corresponde la investigación de este tipo de delitos.

Recuerda, por ejemplo, que “los derechos humanos de tercera generación son vulnerados por particulares, el derecho a vivir en una comunidad libre de contaminación, los delitos medioambientales, son cometidos por particulares”.

Afinan nuevos criterios de actuación en causas de DD.HH.

—En su cuenta también anunció nuevos criterios de actuación en casos de DD.HH., ¿cuáles son estos?

—Estamos trabajando intensamente en la dictación de estos nuevos criterios. Hemos tenido consejos extraordinarios con los fiscales regionales, porque el fiscal nacional tiene la posibilidad de fijar estos criterios de actuación oyendo al consejo de fiscales.

Entre estos lineamientos, que todavía se afinan, Abbott comenta que estarían los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la manifestación pacífica y el uso de la fuerza por los encargados de hacer cumplir la ley; la obligación de los fiscales especiales de tener formación en DD.HH.; un capítulo especial sobre desnudamientos forzados; y la investigación de la responsabilidad del superior jerárquico.

—Ha habido mucho debate sobre un eventual indulto a imputados y condenados en el contexto de la crisis social, ¿cabe un beneficio de esta naturaleza en algunos casos?

—Hemos sido tajantes al decir que en los delitos violentos no es posible pensar en indulto ni amnistía, porque es una muy mala señal. Es normalizar la violencia en las manifestaciones y de todos los lados (…). ¿Vamos a decir “ya está bien, esto fue producto del estallido”? Estaríamos promoviendo una situación incontrolable en el futuro: manifestantes usando bombas molotov, civiles disparando a manifestantes.

“Pero sí uno puede pensar para que probablemente con el objeto de que las personas no queden con antecedentes penales en algún tipo de delitos, como los desórdenes, daños simples, uno podría entender que en el contexto de una revuelta se detuvo a ciertas personas y se las pasó a control de detención y fueron condenadas por estos delitos de menor entidad, bien, para que no queden con antecedentes penales. Lo que no es posible es indultar a personas que fueron condenadas a altas penas producto de hechos gravísimos”.

—Se ha dicho que hay presos políticos y una persecución penal política. ¿Qué piensa de esas afirmaciones?

—Yo pediría que quienes hacen esas afirmaciones digan qué personas son presos políticos o han sido objeto de persecución política, porque hasta ahora nunca me ha llegado un caso acá, en que se diga “mire, aquí hay una persona presa por sus ideas”. Las personas están presas por los hechos delictuales graves en los que incurrieron.

—La fiscalía informó recientemente que había 25 personas en prisión preventiva por causas vinculadas con la crisis social, ¿cree que ha habido una aplicación proporcional? Se critica la extensión de la medida en algunos casos…

—Estamos insertos en un sistema procesal penal en el que hay un control por los jueces, de los defensores; tenemos casos en que se ha revisado nueve veces la prisión preventiva, se ha llegado hasta la Corte Suprema, y en cada uno de estos tribunales se ha llegado a la conclusión de que se cumplen los fines que la ley ha establecido para la justificación de la misma.

“Lo que sí, uno podría instar porque los procesos pudieran demorarse un tiempo menor, para que las personas que hoy están en prisión preventiva y que, probablemente, serán condenadas a penas efectivas puedan empezar a cumplir”.

—La Enusc arrojó una baja en las denuncias y las personas argumentan desconfianza en el sistema, ¿cómo se puede enfrentar esto?

—Llamar a las víctimas a que denuncien, porque las denuncias son fundamentales para poder aclarar los delitos, por mucho que ellos estimen que en un caso particular haya poca probabilidad de detener al responsable.

“Si hay personas que no denuncian, porque no creen en el sistema, le hacen un flaco favor, porque necesitamos que nos entreguen la información necesaria para avanzar en el análisis criminal”.

—Esta semana la Corte confirmó una rebaja de cautelar para el excarabinero imputado en el caso Pío Nono, decretada por un juez de garantía que, además, cuestionó la tesis de la fiscalía. ¿Le preocupa esa investigación?

—Tenemos una fiscalía de alta complejidad a cargo, que es muy competente, y creemos que la causa se ha llevado dentro de todos los estándares para acumular los antecedentes necesarios para llevar a juicio a quien aparece como responsable.

“La cautelar ha sido revisada varias veces por los tribunales y fue confirmada la prisión preventiva al comienzo y, ahora, a raíz del paso del tiempo, claro, han ido modificando la necesidad de cautela, que probablemente no es la misma que al inicio de la investigación”.

—En temas de corrupción, ¿se pueden esperar pronto nuevas formalizaciones en el caso LED?

—Esa es una investigación en curso que, probablemente, seguirá dando novedades en la medida en que vayamos avanzando las indagatorias a otros municipios. Vamos a tener novedades cada cierto tiempo, más aún con los antecedentes que se han ido levantando y la cooperación que han ido prestando los propios imputados.

EL MERCURIO.COM
Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online
El Mercurio

"...No obstante las diversas y muy relevantes diferencias entre la situación del daño moral y la sanción penal, parecen asemejarse en el problema de la inconmensurabilidad. Aunque, agreguemos ahora, se distancian en la forma que resuelven la cuestión, en Chile al menos...."

El Mercurio

"...Facilitaría las cosas que los grupos que se empiezan a articular al interior de una Convención Constitucional, bastante fragmentada en sus orígenes, se concentraran en debatir y fijar sus posiciones respecto del reglamento y otros puntos fundamentales del proceso, en lugar de adelantar por los medios de comunicación y las redes sociales sus diferencias con las posiciones de otros..."

El Mercurio

"...Si el matrimonio deja de ser una institución reservada a hombres y mujeres libres y capaces de casarse entre sí, entonces, ¿qué sentido tiene el darle una normativa civil? Propongo que, de partida, se derogue el artículo 102 del Código Civil, que pierde todo su sentido cuando se reemplazan las palabras 'hombre' y 'mujer' por 'personas'..."

El Mercurio

"...En ese contexto se enmarca uno de los problemas económicos que ha dado que hablar últimamente: el encarecimiento de los materiales de construcción, que alcanzaría hasta el 400% en algunos casos (...) Desde luego, esta circunstancia ha repercutido directamente en el equilibrio contractual de los contratos, tanto de obra pública como privada..."

El Mercurio

"...En Inglaterra y Gales realizan muchos menos controles que en nuestro país, su número ha ido a la baja en la última década en forma constante, en su gran mayoría están basados en indicios (sospechas) y con una tasa de detención notablemente superior a la nuestra (...) Si tuviéramos una tasa de 11 controles por cada mil habitantes, hubiéramos hecho en 2020 solo 214.041 controles, es decir, 2,9% de los que efectivamente realizamos..."

Ver más

Comentarios Recientes

Más Comentados

Ranking de Comentadores