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“Desde el momento en que se destruyó un bien fiscal, para nosotros es un delito de daño, sin calificativos, sin apellidos”

El presidente del CDE, Juan Peribonio, se refiere a la definición de “presos políticos” y al proyecto de indulto. Además, explica que tienen 111 querellas en estas causas, pues deben defender los intereses patrimoniales del Estado. “No queremos que nos acusen de desidia en esa materia (...) es nuestra obligación actuar”, plantea.

Lunes, 31 de mayo de 2021 a las 12:00
- El presidente del CDE, Juan Peribonio
Crédito: Héctor Aravena.
Caso Mulet: “El CDE no especula con sus querellas”
Peribonio decidió en marzo crear una unidad especializada en materias municipales. ¿La razón? Hay unos 500 asuntos relacionados con 18 municipios en los que no se sabe cómo se rindieron $70 mil millones, monto objetado por la Contraloría. El principal foco son las subvenciones preferenciales de educación.

El presidente del CDE muestra su preocupación, además, por el caso de Tierra Amarilla, que, a su juicio, “es de laboratorio, ya que son cinco querellas, por distintas causas y delitos, que involucran a dos alcaldes sucesivos, el titular y suplente, que han estado en prisión preventiva de manera simultánea. Es muy triste ver cómo se defraudan fondos, que están destinados a la comunidad, de una manera vergonzosa”.

Una de las querellas se interpuso contra el diputado Jaime Mulet (FRVS) y los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones. El exalcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado declaró que Mulet le ofreció, en 2016, una “coima de $400 millones” para levantar una medida precautoria en un juzgado sobre US$ 4 millones de honorarios del abogado, por un acuerdo con Candelaria que permitió evitar un juicio ambiental.

El diputado Mulet ha rechazado las acusaciones. Peribonio dice que la decisión se adoptó “porque había suficientes antecedentes. Somos muy serios y rigurosos cuando ejercemos la acción penal. El CDE no especula con sus querellas ni les da un uso instrumental. Esta no es una decisión solo mía, es un acuerdo adoptado primero en el Comité Penal y luego en el Pleno”.
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Cinthya Carvajal A.
El jueves rindió su primera cuenta pública el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio Poduje. En su discurso enfatizó la eficacia alcanzada el 2020 en la defensa de causas vinculadas a la crisis social y a la pandemia —donde hay cerca de 800 recursos—, a la reparación de daños medioambientales y al resguardo del patrimonio cultural, donde se interpusieron 17 querellas por daños a monumentos nacionales.

Otro eje del discurso de Peribonio fueron las condenas de funcionarios públicos y el intenso trabajo que han realizado para lograr condenas en causas de corrupción. En este ámbito hizo un importante anuncio: la creación de una unidad especializada en temas municipales.

Todo esto en medio de la mudanza al nuevo edificio que albergará al Consejo, ubicado en Morandé con Agustinas. Ya tienen todo embalado y el inmobiliario será regalado a distintas instituciones benéficas. Esta semana comienza el cambio, el que concluirá en agosto.

Casa 212: “No hay responsabilidad del Estado”

—En la cuenta dijo que se podrían construir tres hospitales por el ahorro fiscal que tuvieron en procesos. ¿A qué atribuye el éxito?

—El monto de 559 millones de dólares por juicios de 2020 y pagos evitados demuestra que tenemos una tremenda responsabilidad. Cada peso que nosotros ahorramos implica la ejecución de alguna política pública para los más vulnerables. A pesar de la pandemia, hemos mantenido nuestros logros.

—Uno de los casos que perdieron fue en el del Casa 212, donde la Corte Suprema ordenó una millonaria indemnización por falta de servicio a la familia de Joaquín Arnolds. ¿Esta jurisprudencia puede significar que pierdan otras causas, como la de la familia de Felipe Camiroaga?

—Cada causa tiene su mérito y los jueces tienen que valorar la prueba rendida para dictar fallo. La causa de Arnolds valoró ciertas pruebas y no todas las que el fisco presentó.

—¿Qué diferencias hay en ambos casos?

—En el primer caso, no se rindieron todas las pruebas y no se presentaron todas las pericias que ahora están disponibles. En estos juicios hay que analizar lo que causó el accidente. Estamos convencidos de que no hay responsabilidad del Estado, porque la causa del accidente no es la falta de combustible, el sobrepeso ni la falta de los manuales; fue un hecho fortuito producto de un fenómeno meteorológico y de los vientos.

Cambios en el CDE y nueva Constitución

—¿Está de acuerdo con el indulto a los detenidos y condenados por delitos en el marco de la crisis social que se tramita en el Congreso?

—Somos querellantes en 111 causas por el delito de daños en contra de bienes públicos, bienes nacionales de uso público y bienes patrimoniales. Esperamos que los tribunales tengan la posibilidad de dictar sentencia con las pruebas que se rindan por parte del Ministerio Público. Nosotros no podemos interferir en las decisiones de otros órganos de dictar una ley de amnistía o un indulto, es algo ajeno al CDE, por lo que no podemos pronunciarnos acerca de la bondad o no de la medida.

—¿Son presos políticos?

—Nuestra obligación es defender intereses patrimoniales del Estado, y lo vamos a hacer siempre, no queremos que nos acusen de desidia en esa materia. El Consejo no puede hacer una calificación de las motivaciones que tuvo el imputado al momento de la comisión de este delito. Para nosotros es un delito que se cometió contra el Estado y es nuestra obligación actuar. Es irrelevante qué motivó esa conducta, desde el momento en que se incendió o se destruyó un bien fiscal, para nosotros es un delito de daño, sin calificativos, sin apellidos. Vamos a seguir actuando, independiente de si se produce en el futuro una ley de amnistía o indulto para solucionar otro aspecto de los hechos que es un tema político, en el cual nosotros no actuamos.

—¿Cómo tomó el rechazo de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados esta semana a legislar el proyecto que reforma al CDE?

—Nos sorprendió porque era solo la idea de legislar y pensé que sí se podía aprobar. Si le faltaban aspectos al proyecto, se podían agregar a través de indicaciones.

—Las asociaciones de funcionarios plantearon en la comisión que se requiere mejorar las remuneraciones y una mayor dotación por aumento de atribuciones…

—La idea original era crear otras dos procuradurías en Santiago, las que deben venir acompañadas de dotación mínima por las nuevas funciones que se incorporan. Eso no estaba en el proyecto, pero se podría haber perfeccionado. En Santiago tenemos cerca de 6.500 juicios y eso es una carga excesiva para la cantidad de abogados que tenemos.

—¿Deberían incluirse las atribuciones y reformas al CDE en la nueva Constitución?

—Un reconocimiento constitucional del Consejo no se requiere porque es un servicio público más. Eso sí, se podría incorporar una norma que exprese con claridad la autonomía del CDE.

—¿Cómo se podría garantizar la autonomía?

—La fortaleza nuestra es la diversidad de los 12 consejeros nombrados por el Presidente. Hay distintas visiones que nos garantizan esa autonomía que necesitamos.

—¿Deben seguir manteniendo esa dependencia del Presidente de turno?

—Esa dependencia dice relación con la necesaria vinculación con la administración del país, y es garantía de autonomía en cuanto a las decisiones técnicas que adoptamos.

—Hay muchos consejeros que provienen de cargos políticos, como usted mismo. ¿Es partidario que siga siendo así?

—Históricamente ha sido así, y esa diversidad es una fortaleza. No hay consideraciones políticas o ideológicas en las decisiones del Consejo. Al momento de defender al fisco, nos alineamos todos.

—¿Es necesario cambiar el sistema para privilegiar la carrera funcionaria, algo que reclaman los gremios?

—Hoy hay cinco consejeros que son de carrera. Hay que buscar una combinación. Soy partidario de un cambio en el sistema de nombramientos.

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