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Larraín espera que reforma procesal civil se convierta en ley este año y anuncia pronto ingreso de nuevo Código Penal al Congreso

Ministro de Justicia adelanta parte de la agenda sectorial 2021. También se prepara una iniciativa relacionada con sistema de ejecución de penas y está “por entrar” otra que busca asegurar la autonomía de la Defensoría Penal Pública.

Martes, 04 de mayo de 2021 a las 10:03
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Andrea Chaparro
La semana pasada, cuando la comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley que crea un nuevo Código Procesal Civil, el Gobierno vio un hito. “Este código (el actual) está vigente desde 1903, ha pasado ‘mucha agua bajo el puente' y seguimos con lo mismo (...). Los esfuerzos han sido frustrados”, dice el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

“Se presentó este proyecto —recuerda— en 2012, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado se paró, porque estaba solo el proyecto de Código Procesal Civil, faltaba ‘la bajada' en la estructura orgánica y el financiamiento para eso, y no había sido posible retomar la discusión legislativa hasta ahora”.

Esta vez hay un nuevo cuerpo normativo, pero “también una propuesta de ley de mediación, que agrega un elemento de resolución alternativa de los conflictos, y para el Código Orgánico de Tribunales (COT), que cambia toda la estructura de los tribunales, aumenta los jueces (…) y, todo ello, con su debido financiamiento”.

La cartera estima unos $74 mil millones, principalmente en infraestructura y la contratación de más jueces, mediadores, entre otros funcionarios.

Qué pueden esperar las personas de la reforma

Para el ministro Larraín esta es una reforma con foco en el acceso a la justicia. “La gente se queja de que la justicia es lenta, engorrosa, cara (...) y este proyecto procura un nuevo modelo de atención al usuario, creando una unidad de atención de público y una de mediación”. Esta última alternativa —explica— “hoy no existe” y será “gratuita, no se requerirá de abogado, permitiendo resolver en breve tiempo el problema si es que las partes voluntariamente optan por esta vía”. También habrá “un procedimiento simplificado para las causas de hasta $2 millones, donde el juez en una audiencia y sin necesidad de abogado, puede resolver”.

En resumen, describe: “Desde un punto de vista ciudadano, logramos diversos objetivos: mayor cobertura, disminución de tiempo de tramitación, mayor atención de público, una nueva alternativa de resolución de conflicto, como es la mediación, disminución de costos y eficacia en el cumplimiento de derechos de las personas”.

Por ejemplo, enumera, “se crean 36 tribunales civiles reformados, 139 unidades de atención de público, se aumenta el número de jueces de 278 a 490, se crean los mediadores y va a haber 191, se crean los oficiales de tramitación civil, que van a ser 210”.

—Hay algunas aprensiones ante esta idea de una justicia sin abogado...

—Hemos trabajado con la Academia Judicial, le hemos ido informando, porque obviamente tendrá que haber una capacitación de los jueces (...), pero si el juez en esa audiencia advierte que alguna de las partes tiene dificultad de expresar sus derechos, entonces puede decir “sabe, necesitamos que usted esté representado por un abogado”. El juez va a tener esa responsabilidad.

—¿Cuál es el plazo para los proyectos complementarios?

—Esperamos presentar dentro de un mes la ley de mediación y dentro de dos el COT. Ambos en su contenido normativo están listos, lo que estamos terminando de afinar es el financiamiento (…), el que tiene más costos y mayores complejidades es el del COT.

—¿Tiene el ministerio una estimación para que la reforma y estos proyectos se conviertan en ley?

—Hemos hablado con la comisión de Constitución del Senado y (...) quisiéramos tratar de sacar estos tres proyectos dentro de este año, pero uno propone y la realidad dispone, vamos a ver qué pasa.

Casi dos décadas y no solo un gobierno

—¿Hay un compromiso de la comisión de Constitución del Senado para que avancen?

—Así es, yo los noté muy entusiasmados. Estamos viviendo días de muchos conflictos y tensiones políticas, pero aquí en el trabajo de la comisión se produjo un ambiente muy positivo (...) no tiene un sesgo ideológico (la reforma), que sea de derecha o izquierda. En todo caso, yo no me amargo si no la dejamos terminada en este gobierno, porque siento que este proceso no es uno en que podamos decir que es de este gobierno. Es una realidad que viene trabajándose en las últimas dos décadas y, por lo tanto, cada uno tiene que tener la humildad de ser una parte del proceso. Ojalá que podamos culminar con ella; sino serán otros.

—Es un proyecto de gran envergadura, ¿qué más hay en la agenda del ministerio para este año?

—Esperamos ingresar muy pronto el Código Penal, proyecto que está terminado y que también ha sido producto (del trabajo) de mucha gente, durante muchos años. Ya tenemos el proceso de recoger todas las inquietudes sobre ese código en todos los ministerios, en las facultades de derecho, entre otros, así que está muy avanzado.

También se trabaja, dice, en un “proyecto que crea los tribunales de ejecución o una ley de ejecución de los procesos penales. Porque hoy los jueces terminan su participación con la sentencia, pero lo que pasa después queda en manos de Gendarmería o, a ratos, de este propio ministerio en algunos temas”.

“Queremos, y es parte también de un antiguo anhelo, que haya jueces de ejecución de las penas y que sean ellos los que supervisen los procesos de beneficios penitenciarios, las libertades condicionales, todo lo que sigue hasta que la persona vuelva a recuperar su libertad y entre en los procesos de reinserción social”. Y Larraín agrega que está “por entrar” un proyecto de ley para “asegurar la autonomía de la Defensoría Penal Pública. Creo que esos son los principales, más los que acabamos de ingresar, que están en plena tramitación, como el de nombramiento de jueces, el del Consejo de Defensa del Estado, por nombrar las reformas institucionales más significativas”.

En qué está la reforma al sistema notarial

—¿Qué le falta a la reforma del sistema notarial para convertirse en ley?

—Estamos en el Senado con el proyecto de ley que instala el sistema judicial una vez terminada la pandemia y los estados de excepción, donde vamos a tener una justicia de transición en los ámbitos penal, civil, laboral y de familia. Ese proyecto entró por el Senado y debería despacharse entre esta y la próxima semana. Una vez que termine ese proceso, vamos a entrar con el cambio al régimen notarial y registral chileno. Ese proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, está en el Senado y tan pronto se desocupe el Senado de este proyecto (de justicia de transición) vamos a entrar con todo a sacarlo en el tiempo que nos queda.

Esto también lo hemos hablado con el presidente de la comisión de Constitución, con el senador (Pedro) Araya, y él sabe que queremos dejar este proyecto terminado en la actual administración.

—¿Hay ánimo en la comisión para sacar adelante este proyecto?

—Hay opiniones, este es un proyecto más discutido. Yo lo que digo es discutámoslo. Si estamos en un régimen democrático, si hay consenso en que hay una necesidad de modernizar las notarías, de simplificarlas, de ponerse del lado del usuario y no del negocio del notario; si estamos en esa idea de bajar los costos, usar la tecnología, tener designaciones de los notarios de manera más objetiva, más pública y más transparente, discutamos y resolvamos.

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