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Héctor Barros decide remoción de dos fiscales por infracciones sanitarias al ir a restaurante en plena cuarentena

Polémico almuerzo con el exfiscal y actual secretario del Senado, Raúl Guzmán. De todas formas, la resolución es apelable ante el jefe del Ministerio Público Jorge Abbott, quien podría tener la última palabra en este caso en las próximas semanas. Expertos analizan proporcionalidad de sanción.

Martes, 04 de mayo de 2021 a las 10:21
- El 25 de junio de 2020 el fiscal Patricio Rosas y el abogado asesor Roberto Contreras fueron fotografiados en el restaurante Loyola, a pasos de la Fiscalía Metropolitana Sur donde se desempeñan. La imagen, que incluye al exfiscal regional Raúl Guzmán, generó investigaciones penales y administrativas.
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Lorena Cruzat
En la habitual reunión de los lunes entre el fiscal nacional Jorge Abbott y sus jefes regionales, se debatieron ayer los criterios para perseguir los delitos sanitarios. Ilícitos que, hasta ahora, se abordan con una “mayor intensidad” en caso de reiteración o “contumacia” de los infractores sanitarios.

La discusión sobre esta y otras materias ocurrió en medio de la decisión que comunicó la Fiscalía Metropolitana Sur: sancionar con la remoción a dos funcionarios sumariados que en junio de 2020 concurrieron a un restaurante en San Miguel, con el exfiscal regional Raúl Guzmán. Los afectados son el fiscal Patricio Rosas y el abogado asesor Roberto Contreras.

Y si bien se trata de una determinación en sede administrativa, el Ministerio Público ya estableció una serie de protocolos de actuación que el propio fiscal nacional repasó en su última cuenta pública: “Hemos fijado criterios de persecución criminal de forma progresiva y escalonada. En efecto, solo se detiene y se pasa a control de detención a infractores contumaces. Como quedara dicho, a empleadores irresponsables, a organizadores de eventos masivos o a individuos con un elevado número de reincidencias”.

Criterio que varía en otros casos según Abbott. “En cambio, a la mayoría de los imputados se les somete a un requerimiento monitorio, cuya pena es una multa que los tribunales, en el ejercicio de sus atribuciones exclusivas, puede compatibilizar con la gravedad de la infracción”.

Recurso interno o ante la corte: instancias de apelación

El tema de los criterios por infracciones al artículo 318 del Código Penal surge nuevamente con fuerza en este caso, pues las defensas de Rosas y Contreras argumentan que ninguno tenía un historial de contumacia o reiteración en la conducta. Incluso hablan de “irreprochable conducta anterior”.

En la investigación sumaria expusieron que no se trata de delitos funcionarios, que son los de mayor gravedad, sino que, eventualmente, podría tratarse de una infracción administrativa menor, distinta al máximo castigo de remoción. Argumentos que, de todas formas, podrían esgrimirse en las instancias de apelación que las defensas podrían utilizar en este caso: ante el fiscal nacional, o con un recurso en la Corte Suprema. Similar a lo que ocurrió en el sumario contra el fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias, quien llegó hasta la Corte Suprema cuestionando las imputaciones en su contra, y que fue representando por los mismos abogados: Gabriel y Cristóbal Osorio.

El primero señala que ahora “estamos en presencia de una resolución ilegal, que ha sido dictada con criterios extrajurídicos, en el que se está sancionando a funcionarios que jamás habían estado involucrados en infracciones administrativas en 18 años de trabajo. Tenemos la plena convicción de que la Tercera Sala de la Corte Suprema dejará sin efecto la resolución por las evidentes vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa jurídica, cometidas en esta larga e intensa investigación, y por la evidente falta de prueba, en tanto los hechos denunciados por el fiscal metropolitano sur no fueron probados”.

Subraya que, “finalmente, tampoco la resolución comparte los criterios expresados por el fiscal nacional, en atención a la política criminal sobre estos asuntos, lo que agrava aún más la situación”.

Distintas sedes no son incompatibles

Consultados expertos en derecho administrativo, concuerdan en que una infracción leve en sede penal puede ser muy grave a nivel institucional.

El abogado experto en derecho administrativo Jaime Arancibia dice que “es difícil opinar sin tener la resolución. Sin perjuicio de eso, seguramente la medida adoptada es de remoción del fiscal y término de contrato del asesor. Dicho eso, conviene tener presente que la sanción impuesta por la Seremi de Salud a los funcionarios por infracción sanitaria no es incompatible con la sanción disciplinaria de su superior ni con el castigo penal. En otras palabras, un mismo hecho puede dar origen a distintas responsabilidades”.

Y advierte que, “sin embargo, para que opere la responsabilidad disciplinaria y la penal, es necesario que el hecho sea también sancionado por esas normas. Además, es preciso tener presente que la suma de los efectos disuasivos de la acumulación de sanciones debe ser proporcionada considerando que es un mismo sujeto infractor”.

También detalla, “con respecto a la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, que la remoción solo opera ante las causales taxativas del artículo 50 de la Ley Nº 19.640, todas asociadas al incumplimiento grave de deberes en el ejercicio de sus funciones. Bajo este prisma, ciertamente el incumplimiento culposo de los protocolos de higiene y seguridad al interior del edificio institucional y el uso indebido del permiso de desplazamiento podrían constituir una infracción grave si así se desprende de las normativas internas de la institución”, dice sobre este caso.

Por su parte, otro experto en la materia, el abogado Eduardo Cordero explica que “esta es como la tercera arista de un mismo caso. Hay que tener presente que sobre estos hechos se instruyó un sumario sanitario por parte de la autoridad sanitaria que aplicó una multa de cerca de $2 millones. Se inició una investigación de carácter penal; sin embargo, esa investigación, y su eventual formalización, no se pudo materializar porque el TC dijo que los hechos ya habían sido sancionados por la autoridad sanitaria (…). Y la tercera variante es la que estamos viendo, que es el ejercicio de la potestad disciplinaria”.

Señala también que “en general esas conductas se consideran dentro del concepto de falta a la probidad. Y un atentado grave a la probidad tiene como sanción la medida de destitución, que es la que ha adoptado el órgano resolutor”.

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