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Declaraciones sobre Estado de Derecho genera controversia al interior del Colegio de Abogados

Primero, fue la carta enviada por un grupo de consejeros, entre ellos el presidente del gremio, Héctor Humeres, donde advierten preocupación por la “violación sistemática” de este derecho y una “creciente degradación de nuestra institucionalidad”, a lo que el resto de los miembros del Consejo respondió asegurando que esta figura “no es sinónimo de statu quo” y lamentaron que en múltiples temas al interior del gremio “ha imperado una mirada conservadora”.

Lunes, 03 de mayo de 2021 a las 9:50
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Daniel Inostroza
“Manifestamos públicamente nuestra gran preocupación frente a los diversos escenarios de violación y ruptura de las instituciones que por tantos años han sustentado la vida republicana y democrática de nuestro país”. Con esas palabras, 10 consejeros del Colegio de Abogados, de un total de 19, se pronunciaron respecto del funcionamiento de las instituciones del país y lo que ellos califican como una “violación sistemática del Estado de Derecho”. Así es como titulan la misiva, publicada el sábado por “El Mercurio”, Marcela Achurra, Florencio Bernales, Carmen Domínguez, Carolina Fuensalida, Nicolás Luco, Paulo Montt, Enrique Navarro;, Diego Peralta, Pedro Pablo Vergara y el presidente del Colegio, Héctor Humeres.

Este último precisa, eso sí, que la firma como integrante del consejo y no en su calidad de máximo representante del organismo gremial. Esto, porque envió la solicitud de sumarse a la firma de la carta a los 19 miembros, pero solo estos 10 la adscribieron.

“Paulatina y creciente degradación de la institucionalidad”

En concreto, manifiestan que “resulta inexplicable observar que en todos los ámbitos del quehacer público esté primando una paulatina y creciente degradación de nuestra institucionalidad. Nuestras autoridades son los primeros llamados a cumplir la Constitución y la ley. Ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, como las que vivimos actualmente, una autoridad puede atribuirse facultades que la ley no le confiere. Vemos con preocupación que ese mandato constitucional ha sido vulnerado en sucesivas oportunidades en el último tiempo, a veces con gran despliegue mediático”.

En ese sentido, reflexionan que “las actividades legítimas de los habitantes de nuestro país se ven afectadas a diario por las más diversas acciones de quienes han decidido no acatar la ley”, y que “la falta de cumplimiento espontáneo del Derecho y de las normas sociales violenta y afecta gravemente la convivencia social, lesionando las garantías constitucionales”, lo que, a su juicio, “constituye una severa amenaza para el Estado de Derecho”.

Finalmente, concluyen con un llamado a las autoridades y a la ciudadanía, “a encauzar su quehacer dentro de las normas vigentes, única forma de sostener una convivencia social pacífica y en democracia”.

El expresidente del Colegio Arturo Alessandri asegura compartir “íntegramente” lo señalado por sus pares. Respecto del contenido, indica que “es apropiada, atingente y moderada. Creo que apunta a lo medular, y es que hay un deterioro institucional y un deterioro del Estado de Derecho”.

En ese contexto, añade que “el llamado que hacen no es solamente republicano, sino que es un llamado a fortalecer el Estado de Derecho, porque se nos olvida que vivimos en una democracia que hay que cuidar, y la manera de cuidarla es respetando la Constitución y las leyes”.

Por su parte, Humeres complementa e indica que hoy se observa “una sensación en la ciudadanía de relación y ruptura de las instituciones fundamentales en la vida del país. Hay una degradación de la institucionalidad, eso es muy grave, porque barrena de por sí el Estado de Derecho, que es fundamental para la subsistencia de una democracia sana como la que queremos tener”.

Para remediar esta situación, indica, “los primeros que tienen que obedecer las leyes y la Constitución son las autoridades del país, y con ello me refiero a todas las instituciones que integran los tres poderes del Estado. Ese mandato ha sido vulnerado en varias oportunidades en el último tiempo”. Concluye que “quien observe la realidad en el último mes, se da cuenta de los quebrantamientos a que estamos aludiendo, en todo tipo de autoridades (...). Hay preocupación ciudadana, desde los temas delictuales que la gente ve todos los días, hasta estas reyertas entre los poderes del Estado que uno no les encuentra sentido”.

Es en ese contexto que los consejeros que no firmaron respondieron en una carta enviada ayer. La firman Luis Alberto Aninat, María de los Ángeles Coddou, Leonor Etcheberry —anterior presidenta del Colegio de Abogados—, Álvaro Fuentealba, Matías Insunza, Cristián Maturana, Mónica Van der Schraft y Paulina Vodanovic. Solo la consejera Elisa Walker no firma ninguna de las dos cartas al tener sus derechos suspendidos por estar en campaña electoral.

Aseguran que participan “de la preocupación permanente que como abogados y abogadas mantenemos por el Estado de Derecho y las actuaciones de las instituciones del país y sus autoridades, y creemos indispensable que actúen conforme a la Constitución. Nos parece, con todo, —y así venimos manifestándolo en las sesiones de Consejo— que el rol del Colegio no debe limitarse a realizar declaraciones y llamados genéricos que resultan obvios para todos quienes vivimos en una democracia”.

En ese sentido, destacan que “estatutariamente nos compete representar a las autoridades situaciones concretas, contrarias a la legalidad y proponer soluciones y reformas legales, como hemos hecho”.

“Proceso de cambios”

Sin embargo, manifiestan, “el Estado de Derecho no es sinónimo de statu quo. El país experimenta un proceso de cambios culturales, políticos e institucionales, cuyos efectos, sean del agrado de unos u otros, se han producido y canalizado en las instancias y de acuerdo a los procedimientos que establece la institucionalidad vigente. Y cuando así no ha ocurrido, lo hemos denunciado”.

“Mirada conservadora”

“Lamentan” que en múltiples temas al interior del Consejo “ha imperado una mirada conservadora, que dista del rol que debe cumplir el Colegio de Abogados a la luz de la nueva Constitución, que tan necesaria resulta para Chile. Como hombres y mujeres de derecho, condenamos la violencia y exigimos que las autoridades actúen conforme a sus facultades y en el ámbito de su competencia, como la única forma de contribuir a mantener una convivencia social pacífica y en democracia, pero que permita, conduzca y oriente el proceso de cambios y de renovación constitucional que se encuentra en marcha, con un irrestricto apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales”.

Finalmente, concluyen que lo importante es “trabajar unidos para afrontar exitosamente los desafíos que presenta la elaboración de una nueva Constitución y, más allá de declarar nuestro respeto al Estado de Derecho, ser capaces de manifestar como Colegio nuestra postura respecto de temas de trascendencia. Como la concepción constitucional que habremos de adoptar para permitir reformas necesarias que permitan proveer de una regulación efectiva y general del respeto y resguardo de la ética en el ejercicio profesional, la reformulación del reestablecimiento de la colegiatura obligatoria, la modernización del sistema procesal, tanto en materia civil, como respecto de las fallas que presenta el sistema procesal penal, las graves demoras que tienen los juicios y, particularmente, aquellos de mayor significación en estos momentos de apremio económico”.

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