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El debate de los ministros del TC que terminó con la apertura de un sumario y una denuncia en fiscalía por eventual entrada y registro ilegal de la PDI a oficinas del tribunal

La decisión de instruir una investigación administrativa contra la presidenta y su jefa de gabinete la adoptó el magistrado más antiguo, Iván Aróstica, luego que la secretaria del tribunal expusiera en el Pleno los hechos denunciados por un funcionario. La diligencia habría sido conocida por la ministra Brahm, pero no por todos los jueces de la magistratura.

Miércoles, 07 de abril de 2021 a las 12:48
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C. Carvajal y A. Chaparro
Un sumario enfrenta la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luis Brahm, ayer luego que en el Pleno la secretaria de la magistratura, María Angélica Barriga, informara ante todos los presentes de una eventual entrada y registro realizada por personal de la PDI a las dependencias y oficinas de los ministros el 15 de febrero de 2020, sin la autorización correspondiente.  

“Señores ministros, lamentablemente debo dar cuenta de una situación extremadamente delicada que traerá repercusiones para el tribunal y respecto de las cuales tomé conocimiento el pasado jueves 1º de abril, en el desempeño de mi cargo. Hechos denunciados por el funcionario don Rubén Quezada y que habrían acontecido el día sábado 15 de febrero de 2020 en dependencias del tribunal. De acuerdo a su denuncia dirigida a mí, relata en términos expresos y textuales: ‘(...) No informé en su oportunidad por temor a perder mi trabajo, siendo las 20:00 horas aproximadamente del día viernes 14 de febrero de 2020 recibo una llamada de la señora jefa de gabinete de la presidencia, doña Claudia Velez Gajardo, desde su teléfono celular, adjunto detalles de registro, a través de dicha llamada me manifiesta lo siguiente: 'Por orden de la presidencia, el día de mañana, sábado 15 de febrero, se recibirán visitas de la PDI a primera hora, por lo cual no debe haber nadie al interior del tribunal, se le pide avisar al personal de aseo que debe presentarse a trabajar e ingresar después de las 10:00 de la mañana’”.

“Me dispone que dicho personal —sigue el relato— no debe ser registrado en los libros de control de acceso, tanto de seguridad privada como de Gendarmería (...) En la conversación sostenida me prohíbe informar a mi jefatura directa en esa época, don Julio Ortiz, menos a la señora secretaria por tratarse, según sus términos, de un ‘asunto muy delicado’, y que, si en algún momento se sabe, yo sería culpable y me costaría mi cargo”.

La secretaria Barriga reproducía lo que le denunciara días atrás administrador del tribunal Rubén Quezada, y junto con ello exhibió en la sesión de Pleno imágenes de ese día obtenidas de las cámaras de seguridad, en que la jefa de gabinete de Brahm, Claudia Velez, habría permitido el ingreso de los supuestos policías.

Finalizada la intervención de la secretaria, la ministra Brahm expresó: “Yo quiero informar que con fecha 3 de marzo, en el punto 6.1 del acta de ese Pleno, que está firmado por mi de puño y letra y por la señora secretaria, se informa por esta presidenta la realización de esta diligencia. Una diligencia en materia de seguridad y da cuenta de observaciones prácticas en ella realizadas. Fue detalladamente (...) Es una actuación que fue informada en su momento y el Pleno tuvo pleno conocimiento de eso el día 3 de marzo de 2020”.

Vásquez: No hubo información previa a diligencia

El hecho provocó molestia en algunos ministros, como José Ignacio Vásquez: “Yo este tema también lo hice presente con posterioridad al 3 de marzo, porque la información no fue suficiente y solamente se me indicó que habían ido a dependencias de presidencia. Esa fue la información que se señaló con posterioridad al 3 de marzo. Yo tuve conocimiento de que había entrado gente aparentemente, porque me contaron, y que se le había exigido a la gente de seguridad, lo mismo que a la gente de Gendarmería, que no dejaran registro de este ingreso, lo que me parece que es gravísimo, porque este tema no es un tema que haya sido planteado, primero, como una advertencia previa a los ministros en el Pleno. Que después se informe de una manera genérica y vaga, me parece que no aclara”.

Agregó el magistrado que “no sabemos a qué ingresaron a nuestras dependencias". Plantea, además, que esta no es la función de una jefa de gabinete, aludiendo a su rol en la diligencia, porque "va más allá de la función meramente de apoyo al despacho de presidencia”.

“Fue solicitado al director de la PDI”, según Brahm

Retomó entonces la palabra la presidenta, quien detalló: “Yo esto lo conversé con otros ministros antes. Fue solicitado al director de la PDI y me parece que con la regularidad que se hacen este tipo de actuaciones”.

Vásquez replicó de inmediato: “¿Qué ministros? ¿Con qué ministros habló, porque no le comunicó a todo el Pleno? Aquí hay un Pleno, Ud. habla con algunos ministros, trabaja con algunos ministros”.

La ministra respondió, a su vez, “yo di cuenta al Pleno de la realización de la diligencia hace más de un año". Puntualizó, leyendo, “página 38, la señora presidenta da cuenta al Pleno que las dependencias del tribunal fueron visitadas por personal experto en materia de seguridad y da cuenta de algunas observaciones prácticas. Esta nota no la tomé yo, la tomó la señora secretaria”.

En ese momento, Barriga, la secretaria titular del tribunal, intervino para realizar una precisión. Ella no estaba en febrero, cuando ocurrieron los hechos.

“Yo estaba de vacaciones cuando ingresó la PDI. No estaba en conocimiento hasta el jueves pasado que formalmente me denunciaron ciertos hechos”. Sostiene que personal de seguridad no quiere decir PDI y que, dice, en el caso de “la PDI, esta necesita una orden de un tribunal para ingresar a un recinto. Necesita autorización para el ingreso y esa autorización debe darla el dueño o representante legal de una empresa, (...) ¿tuvo conocimiento el secretario subrogante de esta diligencia? ¿autorizaron los señores ministros que ingresaran a revisar sus oficinas?”, dijo la funcionaria.

Tras ello ,el ministro Gonzalo García respaldó la versión de la presidenta, en cuanto que se había informado en un Pleno a los ministros, indicando que “me parece que hay una cierta determinación compleja sobre calificar estos hechos, a 13 meses de ser informados en el Pleno, porque efectivamente yo recuerdo —no había visto el acta y la acabo de encontrar— (...) en esa discusión que hubo el 3 de marzo, recordarán los señores ministros, lo que se estaba debatiendo, era un chequeo de control sobre la seguridad del funcionamiento de nuestra propia institución”. Indicando que en esa reunión se sostuvo que “ese chequeo lo han hecho por orden de presidentes diferentes en varias oportunidades”.

Aróstica: No se cumplió con formalidades para registro legal

Para el expresidente del TC y ministro, Iván Aróstica, el tema es más complejo: “Yo no tenía conocimiento anteriormente. Se trata de un registro, lo vamos a llamar, un ‘cacheo’ como dicen en jerga popular policial, realizado un día sábado, un día no hábil, a una hora donde no podía haber personal de la institución, ni ministros, donde personal al parecer de la PDI, ingresa y está por cerca de dos horas en las dependencias institucionales”.

Añadió, en este sentido, que “aparece también como un hecho que no están cumplidas las formalidades para realizar un registro en forma legal. No se informó previamente a los señores ministros de la realización de este registro, no hay constancia, la señora ministra Brahm se ha referido a un acta posterior a los acontecimientos, siendo que la señora secretaria dijo que la autorización tiene que ser previa”. “Lo que hice yo como presidente, lo que hicieron anteriores presidentes, era a sus propias dependencias”, explicó.

En un ánimo menos crítico, su par, el ministro Nelson Pozo, dio su opinión: “Yo cuestiono el tema de empezar ‘altiro’ un sumario, creo que primero deberíamos todos los ministros tener la información necesaria, hay un video que está editado (...) justo fue en la época en que no estaba en el país. Usaría un criterio más tranquilo, más reposado, sin desconocer el derecho a investigar (...) Yo presidenta le pediría informe a Ud. y a la jefa de gabinete de ese tema, previo a cualquier decisión, y la secretaria está en todo su derecho de mandar una denuncia al Ministerio Público”.

“Hechos de una delicadeza extrema”, dijo Romero

Por su parte, el más nuevo de los magistrados que integran el TC, el ministro Rodrigo Pica, quien instruye el sumario administrativo contra Brahm a raíz de denuncias de funcionarios por maltratos,  comentó que a él nadie le dijo, “cuando llegó el 9 de marzo, “que la PDI había pasado por mi oficina”.

Llegó entonces el turno del ministro Juan José Romero: “Los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, relatos y testimonios, imágenes, (...) dan cuenta de hechos no controvertidos que en sí mismos son de una delicadeza extrema. Por respeto a este tribunal, si hay algo respecto de lo que yo tendría sumo cuidado, es evitar bajarle el perfil a un hecho que, al menos para mí, es muy inaudito. Esto es inédito, yo al menos no estoy acostumbrado a que revisen mi oficina sin autorización, no estoy acostumbrado a tratar con la PDI". Ello, dice, “considerando el momento interno en el que se dio era uno de extraordinaria desconfianza”.

Dijo además: “Yo no he dado ninguna autorización, hay una conducta deliberadamente clandestina, entonces, tomémosle el peso. Esto es más que decir investiguemos y sigamos con lo nuestro. Estos hechos rebasan la relación entre los ministros y les pido que por favor no nos acostumbremos a normalizar una situación que no es normal”.

La situación volvió a generar tensiones entre los jueces y el debate en el Pleno acabó con la decisión de indagar internamente los hechos, así como de denunciarlos al Ministerio Público.

El ministro Aróstica por ser el más antiguo adoptó esta resolución. El sumario, que está dirigido contra Brahm y su jefa de gabinete, será sustanciado —al igual que previamente abierto por denuncias de maltrato— por el ministro Pica. Este buscará determinar si son o no veraces los dichos del administrador del tribunal y eventuales responsabilidades administrativas.

La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público por la secretaria del tribunal quien estimó que, como funcionaria pública, al haberse enterado de lo sucedido, estaba obligada a denunciarlo a la fiscalía.


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