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Comisión de libertades condicionales de Santiago inicia revisión de 1.800 postulaciones, el doble de períodos anteriores

En abril y octubre del año pasado, las peticiones se empinaron por sobre las 900. En el caso de Punta Peuco, realizaron el trámite cuatro internos, mientras que la mayor cantidad de solicitudes corresponde al penal Santiago Sur.

Miércoles, 07 de abril de 2021 a las 9:50
En cifras
1.044
internos de Santiago Sur postularon al beneficio de libertad condicional.
455
condenados de Colina 1 presentaron solicitudes para continuar cumpliendo en el medio libre.
332
reclusos de Colina 2 hicieron el mismo requerimiento ante la comisión.
4
reos de Punta Peuco y el mismo número de la Unidad Especial de Alta Seguridad ingresaron postulaciones para este proceso.
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Andrea Chaparro
La Comisión de Libertad Condicional de Santiago inició el estudio de un total de 1.869 postulaciones presentadas por personas que se encuentran privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.

Es una cifra que prácticamente dobla las peticiones efectuadas en las revisiones del año pasado, que promediaban las 900. De ellas, en el último examen, de octubre de 2020, la comisión concedió el 6,7% de las solicitadas y ninguna a los postulantes condenados por causas de violaciones de los derechos humanos.

Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema otorgó 175 libertades condicionales denegadas por esa instancia en 2020.

Según informó el Poder Judicial ayer, en esta ocasión la mayoría de los postulantes corresponde a Santiago Sur, con 1.044; seguido de Colina 1, con 455, y Colina 2, con 332.

En el caso de Punta Peuco, realizaron la solicitud cuatro internos, mientras que en la Unidad Especial de Alta Seguridad lo hizo el mismo número.

Desde el Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez se presentaron 10 peticiones y desde el Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano, otras 20.

Postulantes condenados por delitos violentos

Las comisiones de libertades condicionales sesionan dos veces al año en todas las jurisdicciones del país, en abril y octubre, y en este examen hay cuatro postulantes, de las regiones del Biobío, Valparaíso y Metropolitana, que la Fundación Amparo y Justicia identificó como condenados por delitos de violación y homicidio de tres niños y un adolescente.

Sobre estos casos particulares, el abogado y presidente de la fundación, Ramón Suárez, sostuvo en la víspera: “Aun cuando la libertad condicional es un beneficio deseable en el marco de la promoción de la rehabilitación y reinserción social de los condenados, al tratarse de agresores sexuales que han cometido delitos de la magnitud expuesta, la obtención de este beneficio constituye un riesgo permanente y puede alterar significativamente el bienestar de las víctimas, sus familias y de la comunidad, por la alta probabilidad de reincidencia”.

Si bien no es una estadística de los resultados de las comisiones de libertades condicionales, sino de aquellas concedidas por la vía del recurso de amparo ante los tribunales, impugnando la negativa de estas instancias, un estudio del Observatorio Judicial que analizó estas acciones en los últimos cinco años, entre 2016 y 2020, arrojó que un 17,8% de los beneficiados ha cometido delitos violentos y homicidios.

Y en términos generales, por la comisión de todo tipo de delitos, se otorgó el 70% de los beneficios requeridos por vía judicial, es decir, 1.087 reclusos accedieron a cumplir su condena en el medio libre en ese período.

Los comisionados de la instancia capitalina


El grupo de comisionados es presidido por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, y está integrado por los jueces de Garantía Carolina Reyes, Nibaldo Arévalo, Ponciano Sallés, Mario Cayul, Sergio Córdova y María Inés Lausen, además de los magistrados de tribunales de juicio oral en lo penal Matías de la Noi, Valeria Alliende, Carolina Paredes y José Pérez.

La instancia capitalina tiene previsto sesionar, en modalidad virtual, hasta el jueves 15 de abril.

Entran en funciones primeros delegados

Una de las novedades que tendrá este proceso es que, a dos años de dictada la nueva ley que regula el beneficio, comenzarán a operar los delegados de libertad condicional.

El Ministerio de Justicia adelantó hace unas semanas con “El Mercurio” que durante 2021 se contratará a 58 de estos profesionales por un plazo de 10 meses —llegando a 118 en 2022—, quienes operarán en los distintos centros de Apoyo para la Integración Social (CAIS) del país.

Quienes obtengan el beneficio este mes serán supervigilados por un delegado. Hasta ahora, para mantener la libertad vigilada concedida solo debían firmar en dependencias de Gendarmería.

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