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Primera Sala del TC sobreseyó a renunciado director de Administración y Finanzas con críticas a presidenta Brahm y al investigador

Julio Ortiz renunció a su puesto tras 10 años de labor en el organismo. Se cuestiona la falta de antecedentes para abrir el sumario, tiempo de tramitación, el secreto, el debido proceso y una resolución inexistente.

Martes, 23 de febrero de 2021 a las 10:45
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Cinthya Carvajal A.
El renunciado exdirector de Administración y Finanzas del Tribunal Constitucional (TC), Julio Ortiz, finalmente fue sobreseído por la Primera Sala del organismo. El histórico funcionario se desempeñó en su cargo por más de 10 años y alcanzó a trabajar con los últimos seis presidentes del tribunal.

El 5 de febrero se despidió con un correo electrónico dirigido a todos los ministros. Esto, pese a que ya había sido sobreseído por el magistrado Miguel Ángel Fernández, quien condujo la parte final de la investigación administrativa.

Ortiz fue investigado por una denuncia de “manipulación en los parámetros para el cálculo respecto de aquellos funcionarios que tienen asignación profesional” y la tramitación irregular de órdenes de compra que se habrían cursado antes del 27 de enero de 2020, fecha en la que el Pleno aprobó el gasto total del tribunal.

Los ministros de la Primera Sala, Iván Aróstica, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y Rodrigo Pica, junto con confirmar el sobreseimiento, realizaron diversos cuestionamientos. En su resolución critican a la denunciante, la presidenta María Luisa Brahm, y al primer investigador, el magistrado Gonzalo García.

“Investigación inmersa en un contexto anómalo”

En el fallo, se describe que Brahm sostuvo una reunión el 12 de febrero de 2020, para oír pareceres sobre el funcionamiento de la unidad de Administración y Finanzas.

Según describen los ministros, se decide recopilar versiones de los funcionarios sobre presuntas irregularidades, exhortarlos a transmitir imputaciones y abrir un sumario, “sin esperar a que el director y la secretaria abogada (cabeza oficial y jefa directa de la unidad y del servicio, respectivamente) retornaran de su feriado para recabar su versión, contrastar información, pedir explicaciones o eventualmente corregir lo que se considerara pertinente”.

Los integrantes de la Primera Sala cuestionaron la apertura de una investigación “y comunicar profusamente tal circunstancia en una conferencia de prensa, para ‘notificar' recién después de ello al investigado”.

Para los magistrados, “la investigación ya está inmersa en un contexto calificable a lo menos de anómalo y también de incumplimiento de regularidad procedimental: imputaciones por la prensa, instrucciones de comunicar irregularidades, en una incitación a la denuncia y darlas por establecidas para efectos de la apertura de la investigación, sin siquiera oír o pedir antecedentes a los afectados para constatar la veracidad de los dichos de los funcionarios interrogados al respecto y, en algunas de las denuncias, sin tener hechos precisos y específicos”.

Concluyen que de la lectura del informe del fiscal, y de los razonamientos precedentes, “se colige que, finalmente, las imputaciones no permiten dar por acreditadas faltas disciplinarias, lo cual deja en evidencia que con la sola lectura de la denuncia se concluía que esta investigación sumaria no solo tiene infracciones e irregularidades procedimentales, sino que además nunca debió instruirse”. Agregan que les llama la atención que para el mismo auto acordado que regula la presente investigación constituye una falta “muy grave” el “efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado”.

Vulneración de debido proceso, tiempo de tramitación y secreto

Los cinco ministros critican “el proceder raudamente a declarar secreta la investigación (2 de marzo), impidiendo el acceso a la misma por parte del imputado director de Administración y Finanzas y al Pleno”.

Además de la vulneración del debido proceso y en cuanto al plazo razonable de esta investigación, ya que el auto acordado interno regula que los sumarios deben durar 30 días, prorrogables por 30 más, es decir, 60 días. El ministro García, quien fue quien encabezó la investigación sumaria en un inicio, solicitó prórroga a principios de marzo de 2020, por razones personales. “Debió haberse decretado, en el peor de los casos, en los primeros días de abril del año pasado”, dice el fallo y afirma que los plazos “son una garantía para el imputado”.

También se cuestiona a García por dictar “una resolución que no existe”. Los ministros se refieren al 18 de marzo cuando decretó la “suspensión” de la investigación, “fundada, supuestamente, en la pandemia que azota al mundo. En este sentido, tal resolución no aparece en el expediente entregado a esta sala, cuestión que fue reconocida expresamente por el sumariante, por lo que es imposible siquiera constatar su existencia y resulta a lo menos impropio que se dé por establecida su existencia y efectos, como se pretende”.

Los magistrados exponen que no existe la facultad para suspender un sumario, de acuerdo a la regulación interna.

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