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Abogados plantean interrogantes ante propuesta del Gobierno sobre delito de amenazas y advierten eventual riesgo a libertad de expresión

Se trata de los profesores de derecho penal Antonio Bascuñán y Héctor Hernández, de las universidades Adolfo Ibáñez y Diego Portales, respectivamente. El Gobierno dijo la semana pasada estar trabajando en un proyecto de ley que durante los primeros días de marzo se ingresaría al Congreso, según adelantó el Ministerio del Interior.

Lunes, 22 de febrero de 2021 a las 19:39
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Andrea Chaparro S.
La semana recién pasada, con ocasión de las amenazas denunciadas por el árbitro de fútbol Francisco Gilabert, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley que ingresaría al Congreso a comienzos de marzo. La iniciativa —dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado— buscaría sancionar nuevas formas de amenazas, principalmente, las realizadas mediante plataformas digitales.

Preocupaban, entre otras cosas, los eventuales amedrentamientos que pudieran dirigirse contra los integrantes de la Convención Constituyente y, con ello, afectarse su libre deliberación, sostuvo el secretario de Estado.

Hace algunos días, el texto final aún estaba siendo afinado —se esperaban indicaciones de los ministerios de Justicia y la Segpres—, pero en términos generales ya había claridad.

Dos profesores de derecho penal abordaron los alcances del delito, la necesidad o no de modificar en esta parte el Código Penal y los posibles riesgos a libertad de expresión.

Qué se pretende proteger y la existencia de una paradoja

Para Antonio Bascuñán, profesor de derecho penal de las universidades Adolfo Ibáñez y de Chile, “a la espera del proyecto de ley sobre amenazas virtuales no está de más echar una mirada a las normas vigentes, cuya genealogía es reconducible al Código Penal de Napoleón. Dos razones explican que las amenazas fueran una obsesión para el siglo XIX. Primero, que su condición de actos de habla les permitía sobrepasar el anticipo brutal de una agresión para entrar en el mundo sutil de la manipulación psíquica. A ese rasgo debe su origen el género del cuento policial, con ‘La carta robada’ de Edgar Allan Poe. En segundo lugar, que hacía posible al amenazador mantener oculta su identidad. La mejor expresión de este poder del anonimato se encuentra en ‘Las muertes concéntricas’, de Jack London”.

“Ambos relatos —explica el académico— tratan sobre amenazas explícitamente coercitivas. Pero el interés del Gobierno parece centrarse en amenazas sin ese propósito explícito. Esto abre un campo de preguntas que tienen una respuesta obvia cuando se trata del chantaje o la extorsión. ¿Cuándo es seria o verosímil la amenaza pura y simple? La respuesta depende de esta otra interrogante: ¿Qué es lo que se pretende proteger mediante su disuasión? ¿Un estado de ausencia objetiva de peligro o de tranquilidad subjetiva? ¿O más bien la expectativa generalizada de que valen las normas que prohíben dañar, o de que la función pública es intangible? Por las palabras del ministro del Interior, pareciera que todo lo anterior”.

Sin embargo, dice el abogado, “con las leyes pasa como con la vida. No se puede quererlo todo. El proyecto tiene que tomar una postura. Y a partir de eso tiene que dar respuesta a la que sea quizás la cuestión más difícil: ¿Cuánta firmeza puede exigirse al destinatario de la amenaza como umbral para apreciar su relevancia penal? La dilución de esta exigencia es —aquí la paradoja— la amenaza que se cierne sobre la libertad de expresión”.

Las formas, las personas y revisión de un artículo olvidado

Por su parte, Héctor Hernández, profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales, plantea que “si de lo que se trata es de abarcar nuevos medios a través de los cuales se puede amenazar, es innecesario un cambio de ley, pues los tipos vigentes cubren las amenazas por cualquier medio imaginable y nadie duda, por lo demás, que las amenazas tácitas son plenamente punibles”.

Ahora, el académico sostiene que “si se trata, en cambio, de proteger de un modo especial a ciertas personas por la función que desempeñan, ya hay normas especiales para fiscales, defensores, gendarmes, carabineros y funcionarios de la PDI —paradójicamente, no siempre con más pena, lo que debiera advertir de los riesgos de una legislación poco meditada—, siendo, en todo caso, la más importante la del casi olvidado artículo 264 del Código Penal, referido al funcionamiento de los cuerpos colegisladores y judiciales, que podría revisarse (también su régimen procesal) con miras a una protección especial del proceso constituyente”.

Con todo, agrega el abogado, “si no se hiciera, los tipos penales vigentes cubren íntegramente las posibles amenazas contra miembros de la Convención”.

Así, en su opinión, “el único ajuste realmente necesario a los tipos generales del Código Penal —otros problemas fueron superados por una ley de 1999— sería eliminar la exigencia de que el mal amenazado deba serlo para la ‘persona, honra o propiedad’ del amenazado o (excluyentemente) de su familia. Es cierto que en la práctica la exigencia no ha producido graves problemas, pero si se la toma en serio, tiene efectos restrictivos difícilmente justificables”.

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