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Caso Frei Montalva: “Fue una decisión cien por ciento jurídica (...) No es que no esté probado, no hay homicidio”

Los ministros que absolvieron a los seis condenados por la muerte del expresidente, Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra, relatan que lo más complejo fue el establecimiento de los hechos, por la cantidad de pruebas que tuvieron que ver, y explican cómo llegaron a la convicción de que no hubo envenenamiento, sino que una complicación médica.

Sábado, 30 de enero de 2021 a las 19:00
Balmaceda sobre causas que asumirán De la Barra y Plaza: “Que dicten una absolución en este caso, no implica que estén en contra de los DD.HH.”
Los ministros Paola Plaza y Guillermo de la Barra asumirán en marzo todas las causas de derechos humanos que tenía el ahora supremo, Mario Carroza. Actualmente, están en manos de Jaime Balmaceda, como suplente, quien además sustancia 600 causas de adopciones irregulares y sustracciones de menores entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Estos procesos los tuvo antes Carroza, pero la Corte Suprema decidió que los asumiera Balmaceda.

Ninguno de los tres magistrados ha aplicado la amnistía, prescripción o media prescripción en esta materia.

—Dos de ustedes fueron designados para investigar desde marzo causas de DD.HH. Este fallo podría generar críticas a su labor en estos casos. ¿Cuál es su postura en esta materia?

J.B.: Guillermo y Paola han condenado en casos de derechos humanos a presidio perpetuo. Han revocado causas en las que venían personas absueltas y han condenado a 20 años de presidio. Que dicten una absolución en este caso no implica que estén en contra de los derechos humanos. ¡Eso es absurdo!

“Esto lo haría yo y cualquier juez. Ellos revisarán cada causa y condenarán cuando hayan llegado a una convicción en base a los antecedentes y absolverán cuando corresponda. No hay ideas preconcebidas”.

—¿Y cuál es su postura al respecto?

J.B.: He intervenido en segunda instancia conociendo apelaciones contra sentencias. He mantenido la decisión de condena, en su mayor parte, y en algunas ocasiones he absuelto a algunos de los acusados que me pareció que no tenían participación.

—¿Qué expectativas tienen en esta nueva labor?

P.P.: Asumimos con mucha responsabilidad. Esperamos estar a la altura de quienes nos han precedido.

G.DLB.: Es un desafío encargado por la Corte Suprema y trataré de hacerlo de la mejor manera posible.
“Nosotros somos jueces y en el proceso no existe evidencia disponible que corrobore la tesis del homicidio”.
Guillermo de la Barra

“Lo más difícil fue llegar al establecimiento de los hechos, dada la cantidad de pruebas que tuvimos que analizar”.

Paola Plaza

“Creemos que no se lo envenenó y no hubo mala praxis. No es que no esté probado, no hay homicidio”.
Jaime Balmaceda
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Cinthya Carvajal Arriagada
Las vidas de Jaime Balmaceda Errázuriz, Paola Plaza González y Guillermo de la Barra Dünner se comenzaron a cruzar en 1998. En esa época eran relatores de la Corte de Apelaciones de Santiago (funcionarios que estudian los expedientes y explican a los ministros detalles de las causas y recursos interpuestos, durante los alegatos). Aquí fueron compañeros por cerca de cinco años.

Desde entonces comenzaron una carrera judicial en paralelo muy similar, y también a cultivar una amistad. El siguiente paso fue trabajar como jueces penales, pero en distintos tribunales. Mientras Balmaceda lo hacía en el sistema antiguo, en los juzgados del crimen, Plaza y de la Barra fueron jueces de garantía.

En 2008 coincidieron nuevamente, en esa oportunidad como relatores de la Corte Suprema. “Esta fue la mejor escuela”, según recuerdan, donde estuvieron juntos cerca de seis años: Balmaceda en la Sala Civil y luego como relator de Pleno del máximo tribunal; Plaza en la Sala Penal, y De la Barra en la Sala Constitucional.

Eso hasta que Balmaceda fue designado en enero de 2014 como nuevo ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Pleno del máximo tribunal lo hizo, por unanimidad, con el mecanismo excepcional que permite el nombramiento sin enviar una terna al Ministerio de Justicia. En mayo de 2016 fue el turno del magistrado De la Barra, y en mayo de 2018, Plaza juró como ministra.

El destino los volvió a reunir en octubre de 2020, esta vez porque la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago salió sorteada para revisar la sentencia de primera instancia del ministro Alejandro Madrid, que determinó que el expresidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado en 1982. Esta sala es habitualmente presidida por Plaza y la integra De la Barra, pero cómo faltaba un titular, hubo que designar a otro magistrado.

El azar quiso que fuera Balmaceda. El presidente de la Corte llamó al ministro más antiguo del escalafón de la sala inferior, la Octava. Así se compuso esta sala, que finalmente fue presidida por Balmaceda por antigüedad, que este lunes, en una decisión unánime, resolvió absolver a los seis condenados, tres de ellos ya fallecidos, porque llegaron a la conclusión de que “Eduardo Frei no fue víctima de homicidio, sino que falleció de complicaciones médicas”.

Tal como lo había hecho Madrid en su sentencia, también descartaron la tesis del envenenamiento. Y desecharon los argumentos del juez de primera instancia respecto de que la aplicación de un producto no autorizado —el Transfer Factor— haya ocasionado la muerte de Frei Montalva.

Los tres ministros hablan por primera vez del trabajo que realizaron. Reconocen que “esta causa fue muy relevante, porque no todos los días se falla el caso de un homicidio de un presidente de la República”.

Relatan que el fallo lo revisaron unas 15 veces. Querían que fuera “fácil de leer”. Aseguran, además, que procuraron hacerse cargo de todo, para que no se pensara que habían omitido algo y, sobre todo, que “trataron de ser leales con la valoración de la prueba para llegar a esta conclusión”.

Se les ve tranquilos y no temen que esta decisión pueda traerles consecuencias en sus carreras en el Poder Judicial. Dicen estar felices trabajando en la Corte de Apelaciones y no tienen, por ahora, aspiraciones de ascender a la Corte Suprema. Nunca se han presentado al concurso.

—¿Qué fue lo más complejo del fallo?

Guillermo de la Barra (G.DLB.): El tema médico, de entender bien las dolencias que le afectaban al expresidente, no es nuestra especialidad.

—¿Estudiaron los temas médicos?

G.DLB.:Sí, el diagnóstico, el shock séptico. También la toxicología, lo que era el talio y gas mostaza. Embalsamamiento y conservación del cadáver.

—¿Le consultaron a expertos?

Jaime Balmaceda (J.B.): No. Lo pensamos, pero preferimos que no, la ley no dice que tiene que ser así. Nuestra convicción es en base a lo que estudiamos nosotros en el proceso.

Paola Plaza (P.P.): No en persona. Sí consultamos abundante literatura.

—¿Por qué decidieron redactar los tres el fallo?

P.P.: Por la complejidad del asunto y especialmente por la extensión del trabajo y del fallo, el que debía abarcar múltiples aspectos, fácticos y jurídicos.

—¿Influyó la muerte de algunos condenados en el hecho de sacar la sentencia lo antes posible?

J.B.: No nos apuramos especialmente porque se puedan morir. Teníamos las cosas más frescas y quisimos hacerlo rápido para que no se diluyera con el tiempo.

—¿Fue muy complicado jurídicamente fallar esta causa?

J.B.: Este caso no tenía un problema jurídico, sino que más de hecho: no estaba claro lo que había pasado. El problema aquí era de valoración de prueba, de establecer si había ocurrido lo que se decía, lo que supuso leer a fondo todo. Esto lo hace difícil.

G.DLB.: El tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos —1982— también genera una complejidad para juntar pruebas.

P.P.: Lo más difícil fue llegar al establecimiento de los hechos, dada la cantidad de pruebas que tuvimos que analizar, acumuladas durante tantos años de investigación.

—¿Cuáles fueron los problemas que se encontraron?

P.P.: La multiplicidad de pruebas que tuvimos que estudiar, de diversa naturaleza, pericial, documental y testimonial.

G.DLB.: Había dos grandes tesis: el envenenamiento, que fue sostenido por el ministro Madrid al someter a proceso; luego en la acusación ya le resta importancia, porque habla de la factibilidad de que se hubiese inoculado algún tóxico, y en la sentencia lo descarta definitivamente. Respecto de esto hay pruebas periciales y no es tan complejo acreditar o desechar esa teoría. Y lo otro, la mala praxis dolosa, que fue la tesis que hace valer Madrid para condenar. Teníamos a todo el equipo médico de Frei, de conocido prestigio, todos cercanos a él, de confianza de su familia. Todos coincidían en que todas las atenciones médicas eran necesarias, fueron bien practicadas, bien ejecutadas, y que no sospecharon nada anómalo.

J.B.: Hay algunos médicos que plantearon que en la segunda intervención, del 6 de diciembre, pudo haber un atraso y nos hicimos cargo de eso. Solo podemos juzgar a los que fueron juzgados en primera instancia. El único que había intervenido a Frei, Patricio Silva Garín, vimos que él no tuvo injerencia en la decisión de la oportunidad de la intervención. Y si eventualmente había que hacer un reproche, no era al acusado, y no era misión nuestra empezar a declarar quiénes eran los que habían tenido la culpa si no podemos juzgarlo. Dijimos en el fallo que no hay pruebas de que si la intervención a Frei hubiese sido antes, el resultado hubiese sido distinto, atendido el cuadro que presentaba. Pudo haber estado exactamente igual días antes y al llegar a la clínica hubiesen hecho lo mismo. Por eso creemos fue correctamente ejecutada, oportunamente, y que era necesaria (la intervención).

—Hay quienes piensan que como el ministro Madrid concluye que hubo una mala praxis se debería haber juzgado al equipo médico de la primera operación. ¿Ustedes se podían pronunciar sobre ello?

J.B.: Procesalmente no podíamos, por no haber sido acusados por el ministro Madrid.

“No hay evidencia que corrobore tesis del homicidio”

—De acuerdo al contexto histórico de la época, ¿era plausible que el presidente Frei Montalva fuera asesinado?

G.DLB.: Desde el punto de vista histórico, es muy plausible por lo que ocurría en esa época. Quizás un historiador podría tener esa tesis, pero nosotros somos jueces y en el proceso no existe evidencia disponible que corrobore la tesis del homicidio.

P.P.: Sí, claro. Desconocer que muchas personas fueron asesinadas en esa época, antes de la muerte del expresidente, e incluso con posterioridad, simplemente hoy no es posible.

J.B.: El contexto histórico evidentemente era especial, el fallo lo reconoce de manera explícita, y podría perfectamente llevar a hacer imaginable que el expresidente Frei Montalva pudiera ser asesinado. Cuestión distinta, sin embargo, es que existan antecedentes probatorios que demuestren que esa eventual idea se haya materializado en actos concretos, y en la causa, esos antecedentes la Corte estimó que no existían.

“Creemos que no se lo envenenó y no hubo mala praxis”

—¿Tienen la convicción de que no fue asesinado? J.B.: La ley lo que nos exigía es adquirir la convicción de que se había cometido un delito y de que los acusados tenían participación, y no la alcanzamos. Tenemos la convicción contraria de que no se cometió un homicidio. Creemos que no se lo envenenó y no hubo mala praxis. No es que no esté probado, no hay homicidio.

P.P.: El estudio de la causa nos condujo a la convicción que se expresa en nuestra sentencia.

—¿En qué minuto en estos tres meses llegan a esa convicción?

P.P.: No fue un momento exacto. Fue consecuencia del desarrollo de un trabajo paulatino.

J.B.: No hay un hecho puntual. Uno escucha los alegatos de las partes, y como eran buenos abogados, uno dice: “Me hace sentido lo que dice”; luego escucha al del otro lado, y también te hace sentido. Cuando uno tiene esas dudas, lo único que puede esclarecerlas es el proceso.

G.DLB.: Al haber escuchado los alegatos de las partes, al haber estudiado nosotros el expediente y los documentos de custodia. Este caso tiene la particularidad que todos los médicos que estuvieron declararon, salvo dos que fallecieron.

—El ministro Madrid no interrogó a todos los médicos. Por ejemplo, el doctor Juan Pablo Beca, yerno del expresidente, quien estuvo en las dos intervenciones y que no cree que fuera un homicidio, solo prestó testimonio a petición de una defensa y en el plenario.

G.DLB.: No podemos opinar sobre eso, pero su declaración es muy relevante.

J.B.: Sus declaraciones fueron esclarecedoras. Era el yerno y un médico de reconocido prestigio.

P.P.: Para mí lo importante es que declaró.

—Los defensores cuestionaron los errores de redacción y de tipeo del fallo. ¿Esto significó más trabajo? G.DLB.: Nos hacemos cargo y con eso nos parece suficiente.

J.B.: Es una sentencia compleja y extensa, pareciera ser que hay un problema de un sistema computacional de transcripción, de dictado de voz, que no funcionó cómo se esperaba.

P.P.: Consideramos que corregir errores formales nos habría restado tiempo para el análisis de la cuestión de fondo. En eso nos concentramos y tratamos en lo posible que la sentencia de alzada se bastara a sí misma.

Fallo y “verdad histórica”: “Hay una confusión brutal”

—Se cuestionó que hubo desprolijidad de parte del magistrado.

P.P.: Pienso que fue una investigación muy completa.

J.B.:Puede haber desprolijidad… sí, la hay.

—¿Cómo consideran la investigación del ministro Madrid?

J.B.: No sé si nos corresponde calificar el trabajo de un par. Es un ministro al que le tenemos mucho respeto y será el presidente de la Corte. Lo conocemos harto y le tenemos mucho aprecio. Ahora, la investigación estaba muy completa. No echamos de menos nada.

G.DLB.: Él investigó todo, no dejó nada sin indagar.

—¿Por qué él llegó a una conclusión tan distinta y con los mismos antecedentes que hay en la investigación?

J.B.: Es una pregunta para él. En esto de los procesos depende mucho de cada persona.

G.DLB.: Puede ser porque es sistema antiguo y es juez investigador: quizás tiene otra aproximación a la causa, otra cercanía.

—¿Cómo han tomado las críticas al fallo, especialmente desde el mundo político?

P.P.: Cualquiera hubiese sido nuestra decisión, sabíamos que iba a suscitar comentarios y críticas. Era previsible en una causa penal de esta envergadura.

G.DLB.: Son muy legítimas. No podemos desconocer que este proceso excede lo meramente jurídico. Alguien dijo que este fallo es censurable porque atenta contra una verdad histórica, opinión que da cuenta de una confusión brutal. Es pretender que, como jueces, nos apartemos del mérito de las pruebas y de la ley, en pos de privilegiar un juicio histórico, sin importar que se haya comprobado o no dentro de un proceso la responsabilidad penal de las personas a quienes se les atribuyó la comisión de un delito.

J.B.: Me gustaría oír críticas procesales.

—Carmen Frei dijo que “desconocen la prueba recabada y rendida durante la instrucción del proceso” y que dieron por descartado que hubo una operación de inteligencia para asesinar a su padre.

J.B.: El tribunal valoró la prueba procurando ajustarse en todo momento a las reglas que entrega la ley para realizar esta tarea. Ese ejercicio culminó con una decisión, que fue estimar que no se hallaban legalmente probados los hechos que se había atribuido a los encausados en la acusación judicial y en las acusaciones particulares de los querellantes. En esos casos, la ley manda dictar sentencia absolutoria. La condena se impone, de acuerdo a la misma ley, cuando el tribunal ha adquirido la convicción, sobre la base de la valoración de la prueba, de que realmente se ha cometido un hecho punible y que ha cabido en él participación a los acusados como autores, cómplices o encubridores. A la Corte no le corresponde pronunciarse respecto de las opiniones que las partes o cualquier interesado emitan en relación a un fallo.

P.P.: Hicimos un trabajo acucioso, con responsabilidad y mucha dedicación. No corresponde hacernos cargo de las opiniones ni de las críticas, para eso existen otras vías procesales.

—Se ha dicho también que es una resolución que “indigna”. ¿Qué opinan?

P.P.: Reitero lo dicho. La decisión de la Corte de Apelaciones es impugnable.

“Un juez no puede actuar motivado ?por eventuales repercusiones ?en su carrera” —¿Se sintieron alguna vez presionados con esta causa?

Todos: No.

—¿Creen que este fallo pueda tener un costo para su carrera judicial?

G.DLB.: Para nosotros eso nunca fue tema.

J.B.: Si uno se pone a pensar en su carrera cuando está fallando una causa, no sirve para juez. El juez que falla pensando en lo bien o mal que le va a ir más adelante, esa es la negación de un juez. La ley quiere a alguien imparcial, que no vaya con ideas preconcebidas, juicios por hechos, si no, no hay justicia.

P.P.: Si así lo creyera, no podría ejercer este cargo ni pertenecer al Poder Judicial.

—¿Qué les parecen los vetos de ministros nominados a la Corte Suprema, por ejemplo de Juan Manuel Muñoz, por acoger un amparo en el caso Frei, y de otros casos por fallos en causas de DD.HH.?

P.P.: Para mí todos los ministros nominados para integrar la Corte Suprema han sido de probada trayectoria.

J.B.: Lo encuentro lamentable, porque no es porque hacen mal su trabajo.

—El abogado de uno de los condenados en este caso, Claudio Feller, dijo que “el juez que absuelva, por cualquier razón, va a pagarlo caro y va a tener consecuencias muy negativas para su carrera judicial, será muy cuestionado”. ¿Qué les parece?

P.P.: Un juez no puede actuar motivado por eventuales repercusiones en su carrera, favorables o adversas. Si eso ocurre, hay que dar un paso al costado.

J.B.: Es un juicio que emitió él sobre la base de la experiencia de lo que le pasó a Juan Manuel Muñoz. Si uno fallara en el sentido diverso del cual tiene la convicción, sería prácticamente un delincuente más.

G.DLB.: Frente a este escenario, la mejor defensa de uno es un buen fallo, bien fundado, bien construido, sólido, este es nuestro mejor escudo.

“Si se invocan razones no jurídicas, eso queda en evidencia”

—En la sentencia, ustedes criticaron decididamente el informe del fiscal judicial Jorge Norambuena que solicitaba penas más altas y condenar por envenenamiento, pese a que el propio Madrid lo había descartado.

G.DLB.: La ley obliga a que nos hagamos cargo del informe del fiscal y eso fue lo que hicimos. Dijimos que discrepamos de sus conclusiones y las analizamos, tal como la ley lo ordena.

J.B.: Nos pareció que no solo probatoriamente, sino también jurídicamente, era muy improcedente proponer la recalificación de participación de todos los acusados de autoría y la elevación de las penas a 20 años. Es una discrepancia jurídica y procesal que la hicimos notar en la forma que la ley dice: hacerse cargo. No podíamos disfrazar un desacuerdo tan patente con palabras que fueran más suaves. Estamos en desacuerdo con el fiscal.

—¿Quedaron conformes con el fallo?

G.DLB.: Lo tratamos de hacer con un lenguaje accesible y que fuera entendible.

P.P.: Hicimos un buen trabajo, manifestado en una sentencia escrita en forma clara. No hubo nada que dejáramos de revisar.

J.B.: Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional. Es una causa con trascendencia, pero tratamos de darle la misma importancia.

—¿Qué piensan de que se crea que los jueces fallan políticamente?

G.DLB: No sé cómo un sesgo político podría influir.

J.B.: La gente cree que uno falla de acuerdo a su opinión política y eso no influye. Está en el inconsciente colectivo que la postura política influirá de manera determinante en la decisión. Y esto en nuestro caso y otros, no influye. La mejor forma de dar cuenta que eso ocurre así es que es una decisión cien por ciento jurídica, que se puede compartir o no. En este caso no hay una decisión política, ni sesgo. Una sentencia que no tiene fundamento no sirve, no justifica la decisión. Si se invocan razones no jurídicas, eso queda en evidencia.

—Los querellantes ya anunciaron que irán a la Corte Suprema…

P.P.: Ese es un derecho de las partes.

G.DLB: Es lo usual que las causas terminen en la Corte Suprema.

J.B.: Están en su derecho y la Corte Suprema, que conocerá de los recursos que la ley le da competencia para conocer, fallará de acuerdo a la convicción que ella se forme. Estas son partes de las reglas del juego.

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