Corte Suprema deberá zanjar quién se queda con el caso FAM

La ministra Romy Rutherford había resuelto que ella era competente para investigar a militares y no civiles. El Juzgado de Garantía de Coyhaique trabó la contienda.

Miércoles, 13 de enero de 2021 a las 10:13

- El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma .

Crédito: Héctor Flores

C.Carvajal y D. Inostroza

El juez titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, magistrado Mario Devaud Ojeda, resolvió ayer que dicho juzgado es competente para seguir conociendo el caso de fraude al fisco en el Ejército conocido como FAM (Fondo de Ayudas Mutuas).

El juez sostiene en su resolución que “los hechos que se investigan en esta causa, perpetrados entre 2015 y 2016, no corresponden a un acto de servicio militar o con ocasión de él (...), ya que tanto las comisiones de servicio, como la asignación de viáticos y contrataciones parecieran ideadas para compensar pérdidas producidas en la administración del FAM (...)”, y que “en opinión de este juez, claramente no corresponden a actos del servicio militar o con ocasión de este”, más allá de que dichas conductas constituyan o no el delito que se imputa en la querella presentada por el CDE.

La ministra Romy Rutherford accedió parcialmente el jueves pasado a la solicitud de la Fiscalía Militar, respecto de asumir el caso FAM, y solicitó al Juzgado de Garantía de Coyhaique inhibirse de seguir conociendo del proceso, en aquella parte que involucre a personal militar.

Dicha causa estaba hasta ahora a cargo del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien recientemente anunció que alistaba la formalización de más de 800 funcionarios del Ejército, en retiro y activos, por un eventual fraude al fisco que superaría los $3 mil millones.

Ahora, será la Corte Suprema la que deberá resolver esta controversia acerca de quién es competente para continuar con la indagatoria: la justicia ordinaria o la militar.

En su resolución, Rutherford señaló: “Pídase al Juzgado de Garantía de Coyhaique que se inhiba de seguir conociendo de la causa, solo en cuanto se refiera a aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 6° del Código de Justicia Militar y remita los antecedentes pertinentes”. En el documento agregó que esto no afecta la investigación del fiscal Palma, porque él puede seguir indagando a civiles. Entre ellos, a los militares que estaban jubilados cuando ocurrieron los hechos.

Por su parte, el persecutor regional de Aysén ya había anunciado hace más de una semana a radio Cooperativa que trabaría la competencia del caso FAM.

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