“Hay bastante consenso interno en el mundo judicial chileno, y también en la experiencia comparada, de que uno de los atributos fundamentales de un juez es tener criterio, ponderación, prudencia, una serie de atributos que no se le pueden enseñar a alguien o que es relativamente marginal lo que se puede crear vía simplemente un proceso de formación”, plantea el director de la Academia Judicial,
Juan Enrique Vargas, al explicar algunas de las razones que llevaron a la llamada “escuela de jueces” a inaugurar este 201 un curso de formación especial para abogados con experiencia.
Y agrega: “En otros países la carrera judicial no es una carrera de partida, no se inicia la vida profesional como juez, sino que es al revés, es un punto de llegada después de haber sido exitoso en la profesión. Si esto resulta sería un excelente aporte a la judicatura nacional”.
Una de sus principales características es que a diferencia del programa regular, que dura 11 meses, este tendrá una extensión de seis, lo que permitirá a los funcionarios públicos, por ejemplo, postular con mayor facilidad, ya que el Estatuto Administrativo los faculta para pedir permiso sin goce de sueldo hasta por ese lapso de tiempo.
Además, explica Vargas, suscribieron convenios con varias instituciones que tienen muchos abogados en sus filas para facilitar este proceso, como la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional.
La convocatoria, cuyo cierre de postulaciones es el 11 de enero a las 13 horas, exige a los interesados tener un mínimo de ocho años de actividad profesional acreditada, con una actividad de litigación o asesoría relevante en el ejercicio privado o algún cargo de responsabilidad en una institución pública o privada. Los cupos serán de entre 12 y 24 alumnos y, al igual que en el curso regular, contempla una beca de $1 millón.
—¿Cuál es el perfil de los estudiantes hoy?
—Tradicionalmente al programa de formación, que es indispensable para poder acceder a los cargos del escalafón primario, a los cargos de jueces, han postulado abogados jóvenes, con muy poco tiempo de recibidos, ese es nuestro público por amplia mayoría. De hecho, el promedio de años de titulación que tienen nuestros alumnos es de cuatro años y la única excepción que hay a esto son abogados con más años, pero que son funcionarios judiciales.
—¿Por qué no se pensó desde el principio fomentar la postulación de abogados con experiencia?
—Cuando se creó la Academia, hace ya 25 años, la pelea era establecer un sistema objetivo, transparente y meritocrático, que todo el mundo tuviera que someterse a las mismas reglas y seguir un mismo curso, para curarse así de la enfermedad del nepotismo y del amiguismo que antes significaba el acceso a la carrera judicial. Eso se logró, pero las cosas buenas también tienen un costo y fue que terminó cerrándole en buena medida la entrada a gente con carreras distintas, y eso es lo que se quiere remediar ahora que ya tenemos la experiencia.
—¿Cuáles son esas barreras de entrada?
—El programa de formación es extenso e implica tener que asumir una dedicación exclusiva, por lo tanto, si tienes un trabajo tienes que renunciar a él, o a tu clientela, si es que tienes una oficina, sin tener luego asegurada una designación judicial, porque lo que hay que hacer, una vez terminados los estudios, es postular al Poder Judicial.
“La gente queda, pero a veces se tarda en ese proceso y aunque pueden hacer suplencias entremedio, es una etapa de relativa inseguridad. Si se le suma a lo que dura el programa esta otra etapa de cierta inestabilidad hasta alcanzar una posición titular, operan como barreras demasiado insalvables para alguien que tiene necesidades económicas, con familia, otro tipo de compromisos, y a la larga no lo hace”.
—¿Podría haber molestia entre quienes han hecho la carrera desde el principio?
—Eso pasa cuando te saltan, y acá eso no va a ocurrir. Los abogados con experiencia van a tener que entrar como cualquier otro alumno y luego ingresar a un cargo de juez común, no es que vayan a poder partir como ministros, por lo que no quiebra la lógica de la carrera.
Más antecedentes y menos cursos de nivelación
“Uno de los problemas que tenemos en la selección es que nos debemos atener a los conocimientos, a la prueba psicológica y a una entrevista, pero no tenemos una historia de vida que ponderar. En cambio, estas otras personas tienen más que mostrar y uno puede seleccionar en función de eso también. Hay más elementos para juzgar”, asegura Vargas.
—¿Qué se elimina o comprime al reducir los meses de estudio?
—Si bien tratamos de no hacerlo, es imposible no suplir algunas áreas en las cuales la formación del pregrado es débil. En el caso del nuevo programa, quedaron solo las herramientas indispensables para ejercer la judicatura, por lo que es mucho más práctico aún, ya que se eliminó lo relativo a asuntos de formación más conceptual o abstracta, quedando exclusivamente las destrezas y competencias propias de la función judicial, como conducción de audiencias, manejo de casos, argumentación, razonamiento, redacción de resoluciones judiciales, simulación y pasantías.
“En este caso, efectivamente esas barreras debieran ser menores, porque es gente que ya se ha especializado y la vamos a seleccionar de acuerdo a esos criterios”.
—¿Los abogados con experiencia tomarán los ramos junto a los alumnos del programa regular?
—En principio el currículo es separado, pero tenemos algunas actividades programadas en conjunto porque nos parece que también es interesante que la camada de gente más joven interactúe en determinadas cosas con aquellos con más experiencia, pero son actividades puntuales. El programa curricular duro es separado, es exclusivo para ellos.
—¿Cuánto tiempo deben dedicar a las clases?
—Es con dedicación exclusiva. No quiere decir eso que tengan actividades presenciales todo el día, pero tienen trabajo no presencial las otras horas, es decir, deben estar preparando o leyendo algo. El programa está calculado en función de esa disponibilidad, pero además hay un tema de exclusividad, no solo por el tiempo, sino que también por realizar actividades que eventualmente pueden generar conflicto de interés.