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“Debe desaparecer la idea de que existe un Poder Judicial como tal (…), el gran poder que se le otorga a la Corte Suprema debiera desaparecer”

El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Mauricio Olave, dice que el gremio tendrá un rol muy activo en el proceso constituyente y que existe un consenso en “sustraer del máximo tribunal y de las cortes de apelaciones de Santiago las labores que son de gobierno judicial y entregárselas a uno o más órganos autónomos de rango constitucional”.

Sábado, 05 de diciembre de 2020 a las 11:43
- A partir de este lunes, Mauricio Olave irá a trabajar dos semanas a los tribunales de Familia y así apoyar a los jueces en el trabajo por retenciones del 10% de las AFP para el pago de pensiones de alimentos.
Crédito: Cristian Carvallo
“Más del 90% de las veces en que el Ministerio Público pide la prisión preventiva”
—La Subsecretaria de Prevención del delito dijo que hay gente detenida 140 veces y que los tribunales no han hecho su trabajo. ¿Qué opina?

—Estoy de acuerdo con la opinión de la ministra Gloria Ana Chevesich: nosotros hacemos lo que la ley nos encarga, vemos pruebas que tienen fiscales y antecedentes de los sujetos, y si consideramos que no corresponde tenerlo privado de libertad, lo hacemos. Más del 90% de las veces en que el Ministerio Público pide la prisión preventiva, está en estadística, las otorgamos. Yo no veo que el sistema judicial no haya cumplido con su labor.

—La subsecretaria plantea además que los estándares de prueba son mayores.

—Chile tiene un sistema de presunción de inocencia y respeto al debido proceso y los jueces no nos apartamos de eso. La ley nos dice que si usted tiene duda razonable sobre la participación de un sujeto no tiene que meterlo preso, tampoco si hay presunciones fundadas de participación en delito. Hacemos lo que la ley nos encarga y porque ese es nuestro deber.

—¿Por qué se deja libre a reincidentes. que es por lo cual los critican?

—En la medida que no existan antecedentes suficientes para considerar a una persona que participó en delito, no podemos aplicar cautelares que nos solicitan. Los datos duros indican lo contrario, con el 90% que mencioné, no me parece que haya jueces indulgentes que entraben el trabajo del Ministerio Público. Si nueve de 10 dicen que sí, no se puede decir que no escuchamos a la fiscalía. En el 10% hay casos en que no se alcanzan los estándares legales: presunción fundadas de participación y que esté acreditado el delito. Si hay un peligro para la investigación o víctimas sí los dejamos presos, pero hay veces que no llegan con pruebas adecuadas.

—¿Y los reincidentes?

—Hay temas de desinformación. A veces la policía dice que tiene 30 detenciones, pero no es lo mismo que venga al tribunal y tampoco sabemos qué delitos son. Le puedo asegurar que personas que cometen delitos graves y donde está acreditada la existencia del delito terminan en prisión preventiva la mayor parte de las veces. Eso justifica la enorme cantidad de personas privadas de libertad; en esta materia somos los primeros de Latinoamérica y del mundo. Y hay un sistema eficiente de recursos en las cortes.
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Cinthya Carvajal A.
Mauricio Olave Astorga siempre supo que quería ser juez. Lleva 19 años en el Poder Judicial, 15 de ellos como titular del Cuarto Juzgado Oral en lo Penal. “Cuando salí de la Universidad de Chile ingresé a la Academia Judicial de inmediato, yo no ejercí como abogado, siempre quise ser juez”, dice.

Su carrera la ha dedicado a lo penal y, a partir de ahora, su vocación la deberá compatibilizar con temas gremiales: desde el viernes se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas.

Además del proceso constituyente que se avecina, otra de sus preocupaciones es el atraso en los juicios orales que ha generado la pandemia y la carga de trabajo en los tribunales de Familia.

Sobre su futuro, tiene claro que en lo inmediato no tiene aspiraciones de ser ministro de Corte de Apelaciones. “Es incompatible con el trabajo gremial. Hace cinco años que tengo el curso. Solo me interesaría participar en un tribunal de segunda instancia, pero una vez que estén eximidos de funciones administrativas. No estoy para andar investigando y sancionando a jueces, para andar nombrando a notarios ni a conservadores. Si no es así, no me motiva”, explica.

—¿Cuál será su rol en el proceso constituyente?

—Como asociación vamos a tener un rol muy activo. Vamos a conversar sobre la necesidad de un cambio sustancial en la forma que está estructurado el Poder Judicial con todos quienes sean electos para la Convención Constituyente y, en general, a todos los partidos y sociedad civil que va a participar en el proceso.

—¿Qué cambios proponen para el Poder Judicial?

—Hemos trabajado más de 30 años este tema, hemos conversado y generado un consenso común con la academia: con el Centro de Estudios Públicos, con el Instituto Igualdad, Horizontal y Libertad y Desarrollo. Y el consenso es sustraer de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones de Santiago las labores que son de gobierno judicial y entregárselas a uno o más órganos autónomos de rango constitucional que se dediquen a eso, para asegurarles a los jueces la debida independencia para que puedan realizar la labor que la Constitución les encarga: ser garante de los derechos fundamentales y el ejercicio de la jurisdicción.

“En el sistema de nombramientos hoy en día hay una intervención política”

—¿Son partidarios de tener un Consejo Nacional de la Magistratura?

—Nunca hemos hablado de Consejo Nacional de la Magistratura. Nuestros acuerdos son: uno o más órganos autónomos con rango constitucional, donde la mayor parte sean miembros de la judicatura que se dediquen a las labores de gobierno judicial; nombramientos, sistema de responsabilidad de los jueces (sumarios administrativos o investigaciones).

—¿Qué autoridades debieran estar en este órgano?

—No hay una propuesta de quiénes deberían ingresar, solo que haya preeminencia de jueces. Tendremos que mirar la experiencia comparada para ver los consejos u órganos constitucionales que son más estables en el mundo. Hay consenso en ello en la política nacional y en la academia. El informe de Horizontal, asociado a Evópoli, que habla de un consejo, al igual que la prepuesta de Igualdad, asociada al PS, y se revisa el último informe de nombramientos de jueces, que se hizo al alero del Ministerio de Justicia en 2018, se plantea la necesidad de un órgano que le sustraiga a la Suprema y cortes las atribuciones de gobierno, y deje a ministros en su rol principal, que es ejercer jurisdicción.

—¿Qué no les gusta del Consejo Nacional de la Magistratura?

—El temor a que la política influya demasiado en los consejos, eso es un riesgo que se puede corregir bastante, a lo que hay que poner atención es a las atribuciones, cómo ejercen, y la composición de estos órganos. La experiencia dice, dónde ha funcionado mejor, que deben ser mayormente jueces, porque es el Gobierno de los jueces. Si avanzamos en un diseño así lo más seguro es que demos estabilidad y permitamos que los jueces ejerzan de manera independiente e imparcial su función.

—En el sistema actual de nombramientos de jueces y ministros, ¿hay una politización?

—En el sistema de nombramientos hoy en día hay una intervención política. Desde el juez más pequeño hasta un ministro de la Corte Suprema es nombrado por el Ejecutivo.

—¿Cómo observa el gremio los vetos a magistrados por su fallos en materia de derechos humanos, como ocurrió con Raúl Mera y otros?

—Chile tiene un sistema de nombramientos de integrantes de la Corte Suprema que no deja claro qué es lo que se tiene que evaluar para nombrar a un ministro, por eso entran consideraciones extra jurídicas. Lo que uno esperaría es que se analice en su mérito la trayectoria de un juez, si ha sido leal en la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de las normas que el Congreso ha señalado, y no lo que hemos visto ahora: un conjunto de descalificaciones, que pueden desviar la verdadera razón por la cual se nombra o no un ministro de la Corte. Esta etapa del proceso constituyente será una etapa para revisar no solo la forma de nombrar en la Corte Suprema y cómo participa la sociedad civil en ello. En otros países la sociedad civil tiene un espacio donde puede opinar sobre los nombramientos. En Estados Unidos es así y se reciben a distintos miembros de la sociedad civil para opinar del candidato. Esto se debiera modificar en la nueva Constitución.

—Hay abogados que piensan que los jueces tienen una presión adicional en causas de derechos humanos porque deben siempre condenar, aunque no hayan pruebas suficientes, y, de lo contrario, serían vetados en el Senado, por lo que esto puede influir en sus sentencias. ¿Concuerda con estas críticas?

—No hay ningún juez en Chile que esté presionado para fallar en favor de los derechos humanos, si es que el medio de prueba así no lo señala. No creo que eso sea cierto. Por el contrario, lo que ha ido cambiando en el país con la vuelta a la democracia es un análisis y reconocimiento de que existe una normativa internacional en materia de derechos humanos.

—¿Los vetos dañan la independencia de los jueces?

—Absolutamente, si es que un ministro no es nombrado por una decisión que no le parece a la mayoría de turno en el Senado, eso atentaría contra su independencia. Lo que tenemos que cuidar es modificar la manera en que está estructurado el nombramiento tripartito: parte con una quina en la Corte Suprema, luego el Ejecutivo nomina y en el Senado, para ratificarlo, se exige un alto quórum, debe pasar por los 2/3 y la minoría puede vetar. En otros países también es el Senado, pero con mayoría simple.

Quitarle poder a la Corte Suprema y abolir la carrera judicial

—¿Hay otros cambios que hacer en la Constitución?

—Debe desaparecer la idea de que existe un Poder Judicial como tal, más bien en otras constituciones se habla de jurisdicción, y de las obligaciones que tienen los jueces de respetar la Constitución y la ley al momento de resolver. Así se asegura la garantía de juez independiente e imparcial, y luego, incorporar órganos que organicen el sistema judicial para asegurarles a los jueces independencia. Esta sobrerregulación que tiene la Constitución actual, del gran poder que se le otorga a la Corte Suprema, debiera desaparecer, no existe prácticamente en ninguna otra Constitución.

—¿Cuál poder se debería quitar a la Corte Suprema?

—Debería dedicarse a ser un tribunal de casación y control de constitucionalidad y entregarle a otros órganos otras atribuciones: cómo se ingresa al Poder Judicial, cómo uno se mantiene en el Poder Judicial y cómo se hace efectiva la responsabilidad de otros jueces, a través del estatuto profesional, donde se va a mostrar la manera en que el juez navega dentro de la estructura judicial. La asociación, en las últimas convenciones, planteó la necesidad incluso de abolir la carrera judicial, porque también afecta la independencia. Cuando un juez está mirando cómo ascender siempre se distrae del caso concreto, de la aplicación de la ley, está viendo la manera de estructurar su carrera.

“Lo peor que se le puede hacer a la estructura judicial es que se organice como un ejército, se priva la independencia judicial. Los magistrados hoy, que quieren ser ministros de la Corte Suprema, deben estar mirando atentamente qué pasa en el mundo político, porque deben ser evaluados por 2/3 de los senadores”.

—En definitiva, ¿qué las cortes no hagan sumarios administrativos?

—Sí. En la mayor parte del mundo esas son la labores de lo consejos de las magistraturas.

—¿El Senado debiera permanecer en la elección de supremos?

—La asociación no tiene un pronunciamiento al respecto. Sí creemos que en el marco del proceso constituyente hay que tener un debate en serio sobre debilidades y fortalezas de nuestro sistema.

—¿Cuál es la propuesta de ustedes en materia de nombramientos?

—Hemos consensuado con el Ministerio de Justicia tener un Consejo Nacional de Nombramientos, un órgano autónomo permanente con rango constitucional, que no dependa de la autoridad de turno, basado en el debido proceso, paridad, mérito y transparencia, cosas que hoy día el sistema no tiene.

—¿Por quién debiera estar integrado?

—Estamos a la espera de la propuesta el Gobierno, pero creemos que por un grupo de jueces, un representante del Ejecutivo, del Senado, académicos de universidades. El diseño tenemos que verlo, porque primero tenemos que quitarle todas esas atribuciones a la Corte Suprema. El piso es sustraer de las cortes las labores gerenciales. Las cortes no debieran nombrar al fiscal nacional, regionales, notarios y conservadores porque abre un espacio de anormalidades entre ambas instituciones.

—¿Cuál es la crítica que hacen a la Corte Suprema para que no siga cumpliendo con sus actuales funciones?

—Que son labores impropias, porque distraen de sus labores jurisdiccionales. Segundo, que afecta la independencia de los jueces porque están mezclado lo jurisdiccional con lo administrativo, los jueces se preocupan de cómo el superior falla y lo replican. Esto atenta contra su independencia, los ciudadanos no tienen seguridad de si los que están en el estrado están resolviendo por las pruebas del caso o si están pensando en si afecta su carrera.

“Los jueces no debiéramos tener una mirada distinta que no sea la aplicación de la ley y la Constitución”

—El Presidente de la Corte Suprema dijo hace un tiempo que los jueces tienen en un gran desafío tras la crisis social.

—Hemos estado a altura de lo que se espera de los jueces en un Estado democrático de derecho cuando ocurren estas crisis. En noviembre del año pasado fuimos invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una audiencia especial por el estallido, y los comisionados reconocieron que el sistema judicial había estado a la altura, cómo reaccionaron los jueces de garantía al ampliar sus turnos para tomar los controles de detención, cómo reaccionaron las cortes y cómo funciona el sistema en general como garantes de los derechos fundamentales en estado de excepción.

“Ahora hay que esperar la investigaciones del Ministerio Público sobre derechos humanos, torturas. Y hay que esperar que los jueces tomen las mejores decisiones si es que la fiscalía llega con las pruebas que permitan establecer alguna responsabilidad de abusos”.

—¿Cuál es la mirada que deben tener tras las crisis?

—Los jueces tenemos que seguir vinculados a la ley y los tratados internacionales, más las pruebas del caso. No debiéramos tener una mirada distinta que no sea la aplicación de la ley y la Constitución.

—La Corte Suprema archivó un llamado de atención de jueces laborales que hicieron una declaración pública sobre la crisis, hablaron de abusos de los empleadores y de prácticas antisindicales de empresarios, pero dijo que había una falta de prudencia. ¿Es conveniente que los jueces se refieran a esto, considerando que deben conocer causas de este tipo?

—Todos fueron amparados por la asociación para contribuir a su defensa. Me quedo con el considerando que dice que no corresponde ningún reproche, porque no se les había aplicado una sanción, porque no está dentro del catálogo de acciones prohibidas para los jueces. Los jueces estamos conectados a la realidad y tenemos algo que decir, de manera respetuosa. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por censurar al juez Daniel Urrutia. El fallo razona sobre la base de que es bueno que emitan opiniones dentro de un marco jurídico. Los jueces laborales no faltaron a la ética ni a la prudencia.

—¿No cree que pueden perder la imparcialidad sobre temas que deben resolver?

—En este caso los jueces laborales parten diciendo que han aplicado el ordenamiento jurídico, descartan falta de imparcialidad, y solo hacen una constatación de algo que ven todos los días, de cuáles son los conflictos que deben resolver.

—¿Y comentarios en redes sociales?

—Eso es distinto, deben considerar que después muchas cosas les puede tocar resolver. Hay que ser más prudente.

—¿Son partidarios de un Código Ética Judicial propio, como han planteado algunas ministras de la Suprema, y que contenga conductas reprochables?

—Debiéramos tener uno propio porque aplicamos el Iberoamericano, pero el problema es que en Chile se mezcla la falta ética con la disciplinaria, que son cosas distintas. A la ética se adhiere; lo disciplinario opera con sanciones. La ética no debiera operar con sanciones. Hay que tener también debates sobre este tema.

—¿Cómo tomaron el fallo de la CIDH?

—Venimos reclamando hace mucho que Chile no tiene un sistema claro de debido proceso para los jueces, donde se puedan defender; no hay un catálogo claro de las conductas que no están prohibidas. Era evidente que iban a sancionar al Estado para que modifique la estructura judicial. Se habla de lo mal que le hace al sistema la estructura vertical. No están diciendo que hay que modificar la forma en que está estructurada la justicia chilena, porque eso atenta contra la independencia de los jueces. Esperamos que este fallo también motive a quienes estarán en el proceso constituyente.

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