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“La independencia es algo que tenemos que defender en una nueva Constitución”

La recién asumida ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales, asegura que este principio no es transable, porque si se quieren defender los derechos, que se cautelen las garantías, hay que establecer estos límites de poder. Consultada por la crisis social, dice que los magistrados siempre deben estar conectados con la realidad, pero no se puede tolerar la violencia desmedida, injustificada.

Jueves, 03 de diciembre de 2020 a las 11:19
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Cinthya Carvajal A.
En la vida de la nueva integrante de la Corte Suprema, Adelita Ravanales Arriagada, el azar siempre ha jugado un rol importante. Juró no solo como abogada el mismo día de su cumpleaños, el 14 de octubre, sino también como suprema. "Las fechas se fueron dando de una manera que coincidieron. Le dije al presidente que estaba disponible para jurar cuando él quisiera, hubiese preferido jurar un día antes, más joven, fue algo fortuito", dice riéndose.

También el azar la llevó a la Sala Constitucional, donde había dos vacantes. Ahí se encontró con dos conocidos: la ministra Ángela Vivanco, de quien fue compañera en la Universidad Católica y donde ambas eran famosas por sus cuadernos ordenados. Además, se reencontró con el presidente de la sala, Sergio Muñoz, a quien conoció cuando relataban juntos en el máximo tribunal.

Sabe que tiene un gran desafío, porque la Tercera Sala ve las materias constitucionales y resuelve una gran cantidad de causas, pero se la ve feliz, y asegura que está contenta con el recibimiento de sus compañeros. Pero su estado de ánimo, dice, no solo se debe a su ingreso como octava mujer en la actual Corte Suprema, sino también a su nueva filosofía de vida: “Para ser feliz es mejor que tus expectativas sean realistas”.

“No podemos vivir ajenos a lo que pasa, tenemos que relacionarnos”

—El presidente de la Corte Suprema dijo en su discurso cuando juró que “el reto que se enfrentará es inmenso”, por la crisis social, el proceso constituyente y la pandemia. ¿Cómo toma este desafío?


—Es un desafío enorme, grande; que se vaya a hacer una Constitución no es menor. A la Corte Suprema le va a tocar decidir algunas cosas y va a tener que haber definiciones del Poder Judicial de qué se quiere, hay que participar en ello.

¿Cuál cree que será su aporte?

—Tratar de participar e involucrarme en los procesos de la Corte, ayudar en los desafíos y compromisos del Poder Judicial. Me interesa el tema de la modernización, de la legitimización y confianza de la gente. Esto último es importante, porque la gente en algún minuto podría tomarse la justicia por sí misma y para que esto no pase, ellos tienen que entender cuál es nuestra forma de trabajo, que puedan entrar a las audiencias y ver lo que pasa. Esto nos acerca más a la gente.

A poco más de un año de la crisis social, ¿cómo observa el clima de violencia?

—Hay que hacer una evaluación de lo que hay detrás de este movimiento para intentar solucionarlo. No se puede tolerar la violencia desmedida, injustificada, ahí está el derecho para poner en orden las cosas. También hay que volver a encontrarse, hay poco tolerancia, la gente está muy enojada, muchas veces con razón, pero no podemos perder la capacidad de diálogo, de conversar. Una sociedad llena de odio y violencia tampoco puede avanzar.

¿Qué le parece este fenómeno de amenazar y funar a jueces, fiscales y autoridades por redes sociales?

—Quienes estamos en un cargo público sabemos que tenemos mayores exigencias, responsabilidades y costos. Hay que estar preparados, porque es posible que pasen esas cosas, más allá de los resguardos que se puedan dar en seguridad, es una cuestión que hay que prever en un Estado de Derecho en que todo funciona. Creo que falta mucho en materia de ética en las redes sociales, hasta dónde está el límite, hay que estudiar este fenómeno. Hay una suerte de autotutela, a la gente no le gustó una decisión y hace justicia por sí misma.

-¿Los jueces debieran tener otra mirada a la hora de resolver los conflictos jurídicos tras el plebiscito?

—No, porque la ley sigue siendo la misma. Los jueces siempre tenemos que tener una mirada que diga relación con la aplicación de las leyes que nos rigen.

¿Y desde el punto de vista social?

—Un juez siempre tiene que estar conectado con la realidad, no puede estar prescindiendo de lo que pasa en el mundo. No podemos vivir ajenos a lo que pasa, tenemos que relacionarnos. Lo que da cuenta este estallido social es de la molestia de la gente, y si tuviera alguna relación con alguna causa, uno tiene que juzgar conforme a los hechos y al derecho, porque podrían configurar una atenuante, una eximente, una situación especial. Los jueces, en general, están conectados con la realidad.

“El Poder Judicial tiene que definir cuál es su esencia”

¿Qué rol deberían jugar los jueces en todo este proceso?

—El Poder Judicial tiene que definir cuál es su esencia. Hay cosas que no podemos abandonar: la independencia es algo que tenemos que defender en una nueva Constitución, estos principios no son transables porque justamente lo que se quiere hacer es poner unos contrapesos. Si se quieren defender los derechos, que se cautelen las garantías, hay que establecer estos límites de poder. El Poder Judicial tiene que ser independiente, imparcial, con probidad, porque así les da garantías a todos. Estas cosas son esenciales, pero también hay otras en las que podemos discrepar y tenemos que ponernos de acuerdo, hay que definirlas.

La magistrada explica que uno de los temas que se tienen que definir es el de los nombramientos, “porque es algo que se cuestiona, se quiere instaurar un ente para la elección, hay que evaluar cuál es el mejor. Si estamos defendiendo la independencia e imparcialidad, tenemos que evitar que los jueces sean cuestionados o definidos por sus resoluciones judiciales. Si hacemos un Consejo Nacional de la Magistratura, como en otros países, hay que ver de qué tipo, para que no sea político. El actual sistema que tenemos es perfectible”.

¿Cuáles son las expectativas que tienen por el rol que deberán jugar en las futuras reclamaciones de integrantes de la Convención Constitucional?

—Tenemos que dirimir los conflictos de procedimientos que existan. También podemos participar en el proceso con opiniones. Hay voluntad de participar a través del conocimiento, no imponiendo, pero se ha hecho un trabajo de antes y se puede aportar, por ejemplo, en el tema del Consejo de la Magistratura, explicando cuáles son las fortalezas y debilidades en todos los países en que existe. Esto lo debe definir el órgano correspondiente, pero el Poder Judicial es el que mejor conoce su realidad.

Fallido nombramiento de ministro Mera: “Fue una situación lamentable”

¿Qué cambios constitucionales serían necesarios?

—Eso requiere de un estudio más acabado. A lo mejor habría que hacer cambios en el sistema de nombramientos.

-¿Qué se debería cambiar?

—Me parece que la participación de los tres poderes del Estado es importante, es un acto republicano que legitima, que hace más transparente la nominación, eso está bien. Hay cosas que mejorar que dicen relación con los límites en el examen que se te hace; en mi caso fue amigable, me sentí cómoda y lo disfruté, pero la experiencia reciente muestra que puede haber una intromisión a la independencia, porque las críticas no pueden provenir de los fallos.

¿Debiera permanecer el Senado participando en este proceso, en el cual hay acuerdos políticos que van más allá de sus capacidades?

—Antes era solo el Ejecutivo y se produjeron estas mismas críticas, ahora se incluye al Senado para que haya una suerte de equilibrio.

¿Cómo tomó los cuestionamientos y vetos que se hicieron a sus antecesores en el Congreso por sus sentencias, como el caso del ministro Raúl Mera?

—No lo conozco, pero tengo la mejor opinión del ministro Mera, lo respeto mucho. Es un gran ministro y le tocó vivir una situación muy dura y justamente cuestionado por fallos judiciales, es algo muy duro. A mí no me compete opinar cómo votó el Senado, está dentro de sus facultades, pero fue una situación lamentable que se afecte la independencia de los jueces y la imparcialidad, porque se pone en peligro al Poder Judicial.

Algunos abogados han hablado de la presión que tienen los magistrados al fallar causas de Derechos Humanos porque pueden ser vetados en el Senado y no llegar a la Suprema. ¿Concuerda?

—En la medida que se salvaguarde la independencia, no influye. Creo en la independencia de los jueces y que estamos dispuestos a pagar el costo de ello, aunque existan las presiones, porque no solo existen en causas de derechos humanos, sobre todo hoy que cualquier cosa adquiere notoriedad en las redes sociales o impacto que significa una presión. No podemos ser jueces si no tenemos la fortaleza o la templanza para enfrentar esas presiones.

Han habido varios episodios, como la acusación constitucional a ministros de la Sala Penal por libertades condicionales en causas de DD.HH., además de vetos a magistrados. ¿Esto le hace daño a la independencia de los jueces?

—Creo que no, y quiero creer que algo así no va a amedrentar a un juez de verdad. Si este es el precio que debe pagar un juez (ser vetado), seguramente es un costo que va a pagar para mantener la independencia y no ceder a eso.

Esto es difícil cuando está de por medio la carrera judicial. 

—Ser juez no es fácil y las presiones siempre existen, no solo en estos temas. La gente siempre te trata de influenciar y por eso debemos tener una suerte de armadura constituida de razones, de argumentos.

¿Qué piensa de las críticas por activismo judicial a la Sala Constitucional, acerca de que se ha involucrado en temas de políticas públicas y presupuestarias, por ejemplo, al ordenar financiar tratamientos de alto costo?

—También las corte de apelaciones hemos resuelto estos recursos, y yo veo caso a caso. No sé si uno podría atribuirlo a cambiar en políticas públicas, sino más bien a ver si cabe el caso dentro de alguna ilegalidad, si está en las leyes especiales de medicamentos, en las coberturas especiales de las isapres.

Sala Constitucional y fallos por medicamentos: “No es activismo judicial, hay un criterio legal”

A la Sala Constitucional se la acusa de activismo...

—Entiendo que activismo judicial es cuando yo me salgo absolutamente de la ley o Constitución, y creo que no es así. Yo respeto el juramento de respetar la Constitución y las leyes, pero cuando uno da un medicamento es porque entiende que está incluido en el CAE, o en ley Ricarte Soto, en algunas de la hipótesis que el legislador se ha puesto; por lo tanto, está dentro de la ley, y activismo judicial no podría ser. También he fallado algunos medicamentos por derecho a la vida, algunos los acojo y otros los rechazo, depende del caso: el medicamento, el riesgo de vida, si está dentro de las hipótesis que la ley los cubre, si hay una razón arbitraria para no otorgarlo. Esto podrá gustar o no, pero no es activismo judicial, hay un criterio legal. En la medida que uno está dentro de la ley y existan fundamentos, no hay activismo judicial.

¿Se requiere que los congresistas se hagan cargo de legislar para solucionar estos problemas, como dijo el presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial?

—Los legisladores tienen que ver qué iniciativas toman. El Poder Judicial pone en conocimiento algunas situaciones que evidencian que urge que se miren y tomen algunas medidas. Cuando uno ve que el trabajo en las cortes es principalmente de isapres, hay que ponerlos en conocimiento de las situaciones, no les estamos diciendo lo que tienen que hacer. Todo esto sirve de insumo para hacer las leyes.

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