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Gobierno decide no renovar a Andrés Mahnke como defensor nacional por un tercer período y convocará a concurso

A comienzos de semana, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le informó que no continuaría encabezando la institución. Fue designado por la Presidenta Bachelet y en diciembre cumple seis años en el cargo.

Jueves, 19 de noviembre de 2020 a las 10:13
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Andrea Chaparro

El próximo 24 de diciembre cumple su segundo período como defensor nacional y será el último. El Gobierno decidió no renovar en el cargo a Andrés Mahnke por tres años más, que es el máximo que permite la ley, y abrirá un concurso de Alta Dirección Pública para buscar su reemplazo.

A comienzos de semana, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le informó la decisión al abogado de la Universidad de Valparaíso. Los lunes se reúnen los representantes de las distintas instituciones del sistema de justicia penal en la comisión coordinadora.

Mahnke fue nombrado en 2014 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet y luego fue ratificado por el Presidente Sebastián Piñera para un segundo período, completando este 2020 seis años en el cargo.

Esta misma semana, el defensor nacional designó a quien asumirá como la jefa regional metropolitana norte, Daniela Báez, quien hasta ahora se desempeñaba como su jefa de gabinete y obtuvo los mejores puntajes ponderados del proceso.

Consultada la Defensoría Nacional confirmó que este martes la decisión “fue oficializada por resolución emanada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” y que “se llamará a concurso de Alta Dirección Pública el cargo del defensor nacional una vez que finalice el período respectivo (de Mahnke), cuya fecha es el próximo 24 de diciembre 2020”.

Sin reparos, pero con necesidad de renovación

No habría reparos a su profesionalismo, dijeron desde el Ministerio de Justicia, pero se buscaría generar una renovación en la dirección de la Defensoría Penal Pública.

Bajo su mandato la institución fue la mejor calificada del sistema de justicia, según los resultados del estudio de percepción elaborado por Cadem “Imagen y posicionamiento de la Defensoría Penal Pública”.

El análisis, que también evaluó a la fiscalía, al Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, arrojó que el 82% de los encuestados a nivel nacional —alrededor de 1.200— calificó con nota 3 el desempeño de estas instituciones, pero “en este contexto, la Defensoría alcanza una mejor posición”.

Ese estudio fue abordado el lunes en la comisión coordinadora y el ministro Larraín advirtió que “a 20 años de la reforma procesal penal (...) es necesario evaluar lo que estamos haciendo y cómo la gente percibe esa labor”.

Su última cuenta pública: crisis social y pandemia

La última cuenta pública de Mahnke fue en mayo pasado y en su discurso abordó la crisis social y la pandemia, así como las acciones de defensa penal pública en estos contextos. También los desafíos del sistema, entre otros temas.

Recordó el incremento de causas penales producto de las movilizaciones sociales. “En situaciones de normalidad como en 2018, las solicitudes de ilegalidad de la detención se realizan en el 10% de las audiencias de control de detención y son otorgadas en el 2,2% de los casos. Sin embargo, solo entre el 20 y el 28 de octubre de 2019 se alegó ilegalidad de la detención en el 32,8% de los controles y fue declarada como tal en el 8% de los casos”.

Sobre la pandemia, afirmó que “la emergencia sanitaria no distingue fronteras, nacionalidades, género, estratos sociales, colores políticos ni orígenes raciales”. Sin embargo, se vuelven a reproducir desigualdades y “un ejemplo dramático dice relación con las miles de personas privadas de libertad (…) la evidencia empírica demuestra que una persona privada de libertad en Chile está expuesta a contagiarse hasta cinco veces más que una persona que no se encuentra en un recinto penitenciario”, advirtió en su discurso, enumerando las distintas gestiones realizadas por la defensoría. Estas, apuntó, permitieron “liberar a más de cuatro mil 300 personas, lo que representa una cifra cercana al 10% del total de la población penal de Chile que llegaba a las 42 mil personas en marzo de este año”.

Desafíos de reformas al sistema de justicia penal

También realizó algunas reflexiones en relación con la reforma al sistema de justicia penal. “Se trata de brechas o espacios que dan pie a la vulneración de derechos o que simplemente se distancian de los objetivos iniciales de esta gran reforma”, dijo.

Por ejemplo, afirmó Mahnke, la Defensoría ha advertido en reiteradas ocasiones “un uso excesivo de la prisión preventiva que importa una condena anticipada para miles de personas que, eventualmente, en más del 50% de los casos terminarán condenadas a penas no privativas de libertad”. Describió, además, que en 2000, al inicio de la reforma, el 48,5% de las personas privadas de libertad cumplían esta medida, porcentaje que el sistema logró reducir hasta un 24% en 2007. Sin embargo, “el total de personas en prisión preventiva comenzó nuevamente a subir, llegando a un 34,16% de la población penal total en 2019”.

Expresó, entonces, que era necesario “un nuevo equilibrio en el sistema, lo que implica, entre otras cosas, un nuevo Código Penal que actualice su mirada respecto de formas de vida y costumbres sociales que no existían hace 150 años y que nos permita rebalancear la persecución penal, de modo que no se sancione más duramente ciertos delitos contra la propiedad que aquellos contra la vida, el bien jurídico más preciado de todos”.

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