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Corte Suprema confirma fallo contra juez árbitro que calificó su actuación como “errada, grave y arbitraria”

Se presentaron dos recursos de protección contra el profesional a cargo de la disputa entre un grupo de accionistas, uno de los cuales demandó al resto, solicitando la disolución de la sociedad. La sentencia lo responsabiliza, entre otras cosas, de cobrar millonarios honorarios contra un tercero que no era parte del juicio arbitral y de aceptar una segunda demanda interpuesta en forma tardía e indebida.

Jueves, 19 de noviembre de 2020 a las 11:03
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Alejandra Zúñiga y Daniel Inostroza
“No obstante tratarse de resoluciones de un juez árbitro, al haberse este apartado por completo del marco que le entregó el arbitraje para el que se designó, abarcando cuestiones ajenas, dictando resoluciones indebidas, no solo se constituyó en una comisión especial, vulnerando el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental, sino que ha afectado, además, el derecho de propiedad de la recurrente”, se lee en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago contra el juez árbitro José Luis López Blanco.

Esta sentencia, de septiembre pasado, fue apelada y recientemente la Corte Suprema confirmó en todas sus partes lo resuelto por la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino, ordenando dejar sin efecto todas las actuaciones y el pago de costas del demandado.

Se trataba de dos recursos de protección contra el juez árbitro a cargo de la disputa entre un grupo de accionistas y donde uno de ellos demandó al resto en un arbitraje, solicitando la disolución de la sociedad.

El problema surgió cuando López Blanco involucró a esta última en la contienda: la Inmobiliaria Puerto Tongoy —que no era parte del procedimiento ni había sido demandada por el accionista— al decretar una medida precautoria sobre el predio en el que se está desarrollando un proyecto de parcelación, impidiéndole celebrar actos o contratos.

Una vez ordenado esto, la empresa solicitó el alzamiento de la acción, lo que fue acogido por el juez árbitro. No obstante, aquello significó un cobro de $7 millones quinientos mil por concepto de honorarios y $750 mil más por el pago de su actuaria.

En esta etapa se presentó el primer recurso de protección.

“Millonarios honorarios”

Para López Blanco, según se lee en la sentencia, los honorarios “se ajustan a derecho, tanto en lo que se refiere a las obligaciones que nacen de las relaciones contractuales entre las partes como, asimismo, en la normativa, doctrina y jurisprudencia relativa al trabajo profesional que desempeñan los jueces árbitros y a su retribución”.

La Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, no comparte su opinión y asegura no entender el motivo por el cual la sociedad Inmobiliaria Puerto Tongoy, “que no es parte del juicio arbitral, aun cuando el señalado árbitro quiera otorgarle dicha calidad, se encuentre en la obligación de satisfacer millonarios honorarios, desde que fue él mismo el que dispuso que tomara parte en el procedimiento únicamente para que pudiera hacer la defensa de sus derechos, injustamente amagados, puesto que se ordenó una improcedente medida precautoria en un bien de su propiedad, en el marco de un juicio arbitral que era seguido entre los socios de la recurrente, pero no entre estos y la sociedad en cuestión”.

Al ser un tercero, agrega, “y verse arrastrado a una disputa judicial arbitral” por defender sus derechos, “no le afectan ni pueden afectarle los pactos de honorarios que hayan suscrito las partes que realmente litigan sobre el fondo de la controversia suscitada, lo cual pareciera que no merece mayor explicación y, la verdad, no tiene explicación, y solo debe entenderse desde la perspectiva de estimarla como una actuación errada, grave y arbitraria”.

La resolución estima que la decisión de López Blanco “atenta al menos contra la norma legal precitada, y no puede sino ser calificada como caprichosa y ajena a toda razonabilidad y, aún, al simple sentido común”.

El segundo recurso: nueva demanda

Tras ordenar la acción precautoria, luego alzarla y posteriormente cobrar los honorarios, el juez árbitro aceptó a trámite una segunda demanda del mismo accionista que inició la disputa, ahora contra Inmobiliaria Puerto Tongoy. Esto generó la presentación del segundo recurso de protección.

A juicio de la Corte de Santiago, esta decisión “constituye un nuevo yerro jurídico, que afecta directamente el señalado artículo 234 del Código Orgánico de Tribunales, por ende, es una actuación ilegal que debe ser debidamente corregida, y careciendo la empresa afectada de otra forma para hacer la corrección, pues ya se ve el destino que tuvo el reclamo contra la medida cautelar decretada, el recurso de protección se erige como la única vía idónea”.

Con esta decisión, plantea el fallo, López Blanco “se ha apartado notoriamente de los términos de su cometido, y en lugar de aceptar la demanda tardía e indebidamente presentada, debió disponer que ella no se podía aceptar y que había de iniciarse el trámite relativo a un arbitraje nuevo y diferente, lo que incluía la distribución de la demanda de designación de árbitro, así como todos los trámites posteriores que corresponden a esta clase de procedimientos”.

En este sentido, advierte el tribunal de alzada, el profesional “ha incurrido en un nuevo acto ilegal, atentatorio contra la regla legal antes citada, al tiempo que incurrió en un nuevo acto carente de razonabilidad y, por ende, debe ser tenido por arbitrario”.

Debido proceso versus rol del árbitro arbitrador

El abogado Carlos Prado, del estudio Prado & Aylwin, que representó a Inmobiliaria Puerto Tongoy, explica que como el demandante no emplazó a la sociedad y no pidió la nulidad de los aumentos de capital ocurridos con anterioridad, “para reparar eso presenta una segunda demanda ante el mismo árbitro y en forma paralela, y este acoge a tramitación esa segunda demanda y ahí dijimos que esta era una segunda vulneración al debido proceso”.

Sobre la relevancia del fallo destaca que “normalmente los recursos de protección no se acogen contra resoluciones judiciales, porque se entiende que estas están enmarcadas dentro de un debido proceso y hay otras instancias procesales para reclamar, pero en este caso se acogió por la gravedad de lo que estaba ocurriendo”.

López Blanco, por su parte, afirma tener “severos reparos” contra la sentencia del tribunal de alzada capitalino.

“Tengo la calidad de árbitro arbitrador, que me la dieron ambas partes de común acuerdo, y la Corte de Apelaciones dice que soy árbitro de derecho, eso es una diferencia enorme. Y con eso solo basta, porque la ley dice que los árbitros arbitradores resuelven respecto de lo que les dice su prudencia y la equidad, o sea tienen un rango muy amplio para resolver. Mientras que los árbitros de derecho tienen que hacerlo a la ley. Y la Corte analiza toda mi conducta como si fuera árbitro de derecho, y eso es un error gigantesco”, plantea.

Pese a que la Corte Suprema ratificó lo señalado por el tribunal de alzada, el juez árbitro sostiene su versión: “Yo mantengo mi juicio”.


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