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Estudio muestra que 82% de los encuestados evalúa como deficiente el desempeño del sistema de justicia en 2020

La medición realizada por Cadem incluyó a la fiscalía, defensoría, tribunales y Ministerio de Justicia. La percepción en relación con la confianza y transparencia de estas instituciones tampoco es buena, cerca del 70% les da una nota inferior a 5. La encuesta se hizo con una escala que sigue la lógica de calificaciones escolares, donde 1 es “muy malo” y 7 es “muy bueno”.

Domingo, 01 de noviembre de 2020 a las 18:44
Defensor nacional: “Las cifras refuerzan la necesidad de que todos los actores del sistema de justicia nos acerquemos más a las personas”
Para el defensor nacional, Andrés Mahnke, “el estudio es muy trascendente, pues se da a 20 años del inicio de la reforma procesal penal y en medio de un último año complejo, donde en la agenda pública se ha relevado la importancia del reconocimiento y protección de derechos y, por tanto, existen mayores exigencias ciudadanas de lo que las instituciones debemos hacer”.

En ese sentido, la autoridad cree que “las cifras refuerzan la necesidad de que todos los actores del sistema de justicia nos acerquemos más a las personas, pues cuando la desaprobación en el desempeño y la desconfianza aumentan, la respuesta de las instituciones públicas debe ser desde la transparencia”.

También explica por qué en las últimas mediciones la institución va mejorando en la evaluación que hacen las personas de ella.

“En la defensoría hemos hecho múltiples esfuerzos para dar a conocer lo que hacemos y, sobre todo, explicar que el derecho a la defensa es una pilar fundamental del aseguramiento de un juicio justo”, plantea.

Desde ahí surge, agrega Mahnke, que “recibamos una evaluación progresivamente más positiva en términos de confianza y percepción general del servicio, pero sobre todo desde el cada vez mayor conocimiento que tiene la población respecto de lo que hacemos y de la mano también de la importancia de la existencia de la defensa como eje fundamental en el resguardo de los derechos humanos”.

Lenguaje claro y equilibrio entre seguridad y derechos

Subraya, además, que pareciera ser que “cada vez es más necesario y urgente que el sistema de justicia hable en un lenguaje claro, pues las personas tienen derecho a entender las implicancias de una decisión judicial, ya que muchas veces ese desconocimiento lleva a una evidente confusión y desde ahí a una mala evaluación”.

Junto con ello, menciona que otro de los desafíos institucionales es visibilizar la vulnerabilidad de las personas con las que trabajan: pueblos originarios, jóvenes, personas con problemas de salud mental, entre otros. Y advierte, “muy claramente, cómo se ha dado durante esta pandemia respecto de las mujeres y hombres privados de libertad, quienes estaban más expuestos al contagio”, cuyos encierros se revisaron con el Ministerio de Justicia, disminuyendo el hacinamiento.

Recordó, para finalizar, que “distintos casos recientes demuestran la relevancia de que todas las instituciones involucradas busquemos el necesario equilibrio que debe existir entre los temas de seguridad y los derechos de las personas”.

Y, sobre ello, puntualizó: “Necesitamos contar con un sistema de justicia que pueda tener la capacidad de incorporar criterios para diferenciar sus respuestas ante la diversidad de los conflictos, reproches sociales y contextos de las personas involucradas, para transformarlo en un ámbito que incida directa y eficazmente en el fortalecimiento de la paz social”.

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Andrea Chaparro S.
Cada dos años, la Defensoría Penal Pública encarga a un organismo externo un estudio de percepción respecto de su funcionamiento, así como de los otros actores del sistema: la fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia. Esta vez, la medición la realizó Cadem y arrojó que el 82% de los encuestados a nivel nacional —que se empinaron por sobre los 1.200 (ver recuadro)— calificó en promedio con nota 3 el desempeño de estas instituciones.

Un 3, bajo la lógica de la encuesta. que asimila las notas escolares, donde 1 es “muy malo” y 7 es “muy bueno”, es deficiente. Correspondería a un “rojo”. Además, si se compara el resultado con el recogido en 2018, cuando el estudio lo hizo la Dirección de Estudios Sociales (DESUC), de la Universidad Católica, la calificación es baja.

Ahora, el “82% evalúa el sistema de justicia en general con notas 1 a 4, siendo más baja que la del año 2018, en que el 77% puso notas 1 a 4”, consigna el análisis.

Peor evaluado por mujeres y menores de 54 años

También se explica que “la mala evaluación de este año es dada por mujeres más que por hombres (87% frente a 77%) y en los tramos de edad de jóvenes y adultos (18 a 34 años, con un 84%, y 35 a 54 años, con un 85%), más que en los de 55 y más años (77%)”.

Ahora, dice el estudio, “en este contexto, la defensoría alcanza una mejor posición por sobre la fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia”. El organismo obtiene “un mayor porcentaje de notas 5 a 7 (35%), luego la fiscalía (30%), y el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia alcanzan los porcentajes más bajos (26% y 23%, respectivamente)”.

Un escenario similar se da en el ítem de “confianza y transparencia”, en que el 31% de los encuestados dio a la institución una evaluación en la escala de 5 a 7 o un “azul”, mientras que ninguna de las restantes tocó el 30% en ese rango de notas.

Personas conocen lenguaje judicial

Otro objetivo del análisis fue saber si las personas estaban al tanto de la terminología asociada al sistema de justicia. El resultado: “Hay un alto conocimiento (…) y la gran mayoría dice que es importante que exista una institución pública que defienda los derechos de los imputados”, reseña el documento.

Por ejemplo, el 90% entiende qué es la prisión preventiva y entre el 83% y el 88%, qué es libertad condicional, persona imputada, formalización. Disminuye un poco al preguntárseles por el concepto de “absuelto” (76%) y el término menos conocido es sobreseimiento (54%).

Cuando se revisa la composición de la muestra, el estudio sostiene que, “con respecto a las diferencias por segmentos, en general los hombres declaran conocer en mayor proporción estos términos que las mujeres, y entre los grupos socioeconómicos, los que menos conocen los términos son los pertenecientes al grupo más bajo D/E”.

Dos tercios saben qué es la defensoría

Y como el estudio fue encargado por la Defensoría Penal Pública, también hay preguntas que apuntan a dar un panorama particularmente enfocado en ella.

¿Cuántos de los encuestados saben qué es la defensoría? Según el informe, cada año la gente tiene más conocimiento de la institución —en 2015 y 2018, el 44% y 53% la identificaban— y, este 2020, dos tercios de los encuestados declararon saber qué era.

Sin embargo, la muestra arroja que ese conocimiento “va disminuyendo a medida que el nivel socioeconómico es menor (87% para C1 y 56% para D/E). Aquellos pertenecientes a pueblos originarios la conocen más que quienes no los son (72% frente a 63%)”.

Cuando se preguntó a los encuestados si consideraban importante la existencia de un organismo público que representara a personas imputadas, la respuesta positiva alcanzó un 89%, puntualizándose que esta valoración es “mayor entre jóvenes de 18 a 34 años (92%) y, por segmento socioeconómico, es mayor a medida que este aumenta (95% para C1 y 85% D/E)”.

Y entre las tareas que realiza la defensoría que son “altamente reconocidas”, se encuentra el “garantizar que toda persona acusada de un delito cuente con un abogado defensor (86%) y defender penalmente a condenados por delitos (72%), en menor medida defender los derechos humanos (63%)”. Sus atributos más valorados son, en tanto, el trato igualitario y que explique de forma clara la situación a las personas que atiende.
Ficha técnica del estudio

Técnica: cuantitativo probabilístico a partir de entrevistas telefónicas a celulares, a través de sistema CATI, utilizando una base de datos a nivel nacional propia de Cadem que contiene tanto los números prepago como pospago, todos ellos obtenidos a través de Random Digit Dialing y consolidados durante los últimos cinco años.

La base de datos de móviles de todo el país alcanza a 18 millones de números y constituye el marco muestral por medio del cual se seleccionaron aleatoriamente los números a llamar.

Grupo objetivo: hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, habitantes de todas las regiones del país.

Muestra:1.208 casos.

Ponderación y error estadístico: los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por región, género, edad y nivel socioeconómico, obteniendo una muestra de representación poblacional para el universo en estudio. El margen de error estimado, considerando el supuesto de varianza máxima y un nivel de confianza de 95% para una muestra de 1.208, es de alrededor 2,8%.

Campo: el trabajo de campo fue realizado entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre de 2020.


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