Cada dos años, la Defensoría Penal Pública encarga a un organismo externo un estudio de percepción respecto de su funcionamiento, así como de los otros actores del sistema: la fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia. Esta vez, la medición la realizó Cadem y arrojó que el 82% de los encuestados a nivel nacional —que se empinaron por sobre los 1.200 (ver recuadro)— calificó en promedio con nota 3 el desempeño de estas instituciones.

Un 3, bajo la lógica de la encuesta. que asimila las notas escolares, donde 1 es “muy malo” y 7 es “muy bueno”, es deficiente. Correspondería a un “rojo”. Además, si se compara el resultado con el recogido en 2018, cuando el estudio lo hizo la Dirección de Estudios Sociales (DESUC), de la Universidad Católica, la calificación es baja.

Ahora, el “82% evalúa el sistema de justicia en general con notas 1 a 4, siendo más baja que la del año 2018, en que el 77% puso notas 1 a 4”, consigna el análisis.

Peor evaluado por mujeres y menores de 54 años

También se explica que “la mala evaluación de este año es dada por mujeres más que por hombres (87% frente a 77%) y en los tramos de edad de jóvenes y adultos (18 a 34 años, con un 84%, y 35 a 54 años, con un 85%), más que en los de 55 y más años (77%)”.

Ahora, dice el estudio, “en este contexto, la defensoría alcanza una mejor posición por sobre la fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia”. El organismo obtiene “un mayor porcentaje de notas 5 a 7 (35%), luego la fiscalía (30%), y el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia alcanzan los porcentajes más bajos (26% y 23%, respectivamente)”.

Un escenario similar se da en el ítem de “confianza y transparencia”, en que el 31% de los encuestados dio a la institución una evaluación en la escala de 5 a 7 o un “azul”, mientras que ninguna de las restantes tocó el 30% en ese rango de notas.

Personas conocen lenguaje judicial

Otro objetivo del análisis fue saber si las personas estaban al tanto de la terminología asociada al sistema de justicia. El resultado: “Hay un alto conocimiento (…) y la gran mayoría dice que es importante que exista una institución pública que defienda los derechos de los imputados”, reseña el documento.

Por ejemplo, el 90% entiende qué es la prisión preventiva y entre el 83% y el 88%, qué es libertad condicional, persona imputada, formalización. Disminuye un poco al preguntárseles por el concepto de “absuelto” (76%) y el término menos conocido es sobreseimiento (54%).

Cuando se revisa la composición de la muestra, el estudio sostiene que, “con respecto a las diferencias por segmentos, en general los hombres declaran conocer en mayor proporción estos términos que las mujeres, y entre los grupos socioeconómicos, los que menos conocen los términos son los pertenecientes al grupo más bajo D/E”.

Dos tercios saben qué es la defensoría

Y como el estudio fue encargado por la Defensoría Penal Pública, también hay preguntas que apuntan a dar un panorama particularmente enfocado en ella.

¿Cuántos de los encuestados saben qué es la defensoría? Según el informe, cada año la gente tiene más conocimiento de la institución —en 2015 y 2018, el 44% y 53% la identificaban— y, este 2020, dos tercios de los encuestados declararon saber qué era.

Sin embargo, la muestra arroja que ese conocimiento “va disminuyendo a medida que el nivel socioeconómico es menor (87% para C1 y 56% para D/E). Aquellos pertenecientes a pueblos originarios la conocen más que quienes no los son (72% frente a 63%)”.

Cuando se preguntó a los encuestados si consideraban importante la existencia de un organismo público que representara a personas imputadas, la respuesta positiva alcanzó un 89%, puntualizándose que esta valoración es “mayor entre jóvenes de 18 a 34 años (92%) y, por segmento socioeconómico, es mayor a medida que este aumenta (95% para C1 y 85% D/E)”.

Y entre las tareas que realiza la defensoría que son “altamente reconocidas”, se encuentra el “garantizar que toda persona acusada de un delito cuente con un abogado defensor (86%) y defender penalmente a condenados por delitos (72%), en menor medida defender los derechos humanos (63%)”. Sus atributos más valorados son, en tanto, el trato igualitario y que explique de forma clara la situación a las personas que atiende.