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Abogados debaten sobre existencia de “derecho al olvido” en la legislación chilena

Luego que se desestimara el recurso presentado por el director de teleseries Herval Abreu. Para los especialistas, la Corte de Santiago acertó con la sentencia, aunque hay quienes estiman que la figura puede ser utilizada al estar contenida de forma implícita en otras normas.

Sábado, 31 de octubre de 2020 a las 23:07
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Alejandra Zúñiga C.
El objetivo era eliminar de los motores de búsqueda y sitios web de Google, Microsoft (Bing), Verizon (Yahoo!) y Wikimedia (Wikipedia) los accesos a cualquier tipo de información relacionada con las cinco acusaciones por abuso sexual que en 2018 presentaron contra el director de teleseries Herval Abreu varias actrices. Para ello se quería utilizar la figura del “derecho al olvido”.

A juicio de su defensa, el hecho de que en marzo del año pasado fuera sobreseído, una vez que la fiscalía decidió no perseverar en la causa, justificaba la petición; no obstante, lo denunciado no fue controvertido ni impugnada su veracidad.

La opinión extendida entre abogados y académicos es que la sentencia es correcta, aunque plantean diferencias respecto de la declaración del tribunal de alzada acerca de la efectiva inexistencia de la figura en Chile.

“Ha sido reconocido varias veces por la Corte Suprema”

Aunque para el profesor de Derecho Civil Hernán Corral la Corte acierta en rechazar el recurso, “yerra en sus fundamentos”, porque “no es efectivo que el ‘derecho al olvido’ no exista en Chile, ya que se puede entender implícitamente contenido en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución”, sobre vida privada y honra. Y añade que, incluso, “ha sido reconocido varias veces por la Corte Suprema”.

En todo caso, no cree que el máximo tribunal vaya a acoger el recurso, “primero, porque para ejercer el ‘derecho al olvido’ es necesario que haya transcurrido una cantidad de tiempo que haga que la noticia, siendo cierta, ya no sea relevante; además, tratándose de delitos sexuales, normalmente se considera que hay interés público en su información. Lo más que podría hacer la Corte es que se añada a esas informaciones el hecho de que ha sido sobreseído”.

“Era bastante predecible”

Para la profesora de Derecho Civil María José Arancibia, “era bastante predecible la sentencia, dado que considera ciertas partes que la Corte ha repetido en otros fallos, indicando que en nuestra legislación no está reconocido”, mientras que su par Branislav Marelic, académico de acceso a la información pública, señala que la resolución tiene un fundamento correcto en cuanto a “reconocer que no existe un ‘derecho al olvido’ en Chile que permita borrar información que a uno no le gusta”. Aunque, agrega, la Corte “desliza la posibilidad de ‘olvidar’ solo información falsa, lo que parece posible con la normativa vigente y sin necesidad de agregar alguna norma más”.

“Es un concepto que salió de los sistemas europeos y de un fallo específico”, plantea Martín Mois, abogado especialista en temas de tratamiento de datos personales y tecnología; no obstante, advierte que es probable que en una jurisdicción que sí tuviera incluida la figura la conclusión habría sido similar, “basada en el carácter de interés público que tiene la noticia y el transcurso del tiempo”.

¿Cómo podría incluirse?

Marelic señala que se debiera avanzar en establecer la figura para permitir la eliminación de datos, más allá de aquellos que sean falsos, “solo a través de una regulación legal clara y acotada, ya que la posibilidad de eliminar información sobre hechos que sí acontecieron, aunque sean desagradables para algunos, es un riesgo para la libertad de expresión, lo que abre una puerta peligrosa de control encubierto”.

Arancibia, en tanto, cree que debiese existir en el país, “para que no existan dudas” frente a casos similares, “pero con ciertas limitaciones en cuanto a personas y bajo ciertos parámetros”.

“Que exista, pero criterioso, es decir, muy regulado y restringido”, puntualiza.

Mois dice que se debe esperar a ver lo que contiene el proyecto que actualiza la Ley de Protección de Datos Personales, actualmente en el Congreso, “porque lo que está haciendo esa iniciativa es ampliar los derechos de los titulares de los datos”.

Cancelación de datos o derecho al olvido

Algunos especialistas recuerdan la existencia de un procedimiento contenido en la Ley de Protección de Datos Personales que permite ejercer el derecho a la cancelación de datos o habeas data.

“La doctrina en Chile, y una parte de la jurisprudencia, dice que se debe entender el ‘derecho al olvido’ como la aplicación del derecho a la cancelación de datos”, explica Mois, aunque agrega que este se ejerce contra quien sea responsable de una base de datos, “y los buscadores, como señala el propio fallo, no cumplen esa función”.

Para Arancibia, “el problema de ese mecanismo es que es un proceso lentísimo, porque lleva a un juicio sumario, en tribunales civiles, con costos de notificación, que puede durar años”.

Ambos comparten que el recurso de protección —utilizado por Abreu— se ha convertido en la forma más expedita para los abogados al momento de intentar remover contenidos de una página web.

Una situación que se vio fortalecida tras el reconocimiento constitucional, en 2018, del derecho a la protección de datos, “que le dio un fundamento mucho más fuerte a esta acción como vía idónea para poder obtener respuesta a solicitudes de empresas que hacen tratamiento de datos”, comenta Mois.

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