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Ministros defienden la existencia del TC por ser un órgano de control y libre del poder político

En la conferencia los magistrados José Ignacio Vásquez y Rodrigo Pica, junto al ex abogado integrante de la Corte Suprema y actual director del Diario Constitucional, Emilio Pfeffer, concordaron que su legitimidad está en dar garantía a un Estado de Derecho y en el poner límites al ordenamiento jurídico.

Viernes, 11 de septiembre de 2020 a las 17:20
“Menos del 0,8% corresponde al ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, que es la de las atribuciones más cuestionadas”
La presidenta del TC, María Luisa Brahm, inauguró el encuentro con un recorrido por la historia del tribunal, desde su origen académico, en los años 60, cuando se discutió esta figura durante un seminario en la Biblioteca Nacional.

Con 50 años de existencia, el tribunal, recordó la ministra, ha tenido tres períodos de actividad, y esta trayectoria se traduce en el ingreso de 17 causas y la dictación de este mismo número de sentencias entre 1971 a 1973; el ingreso de 462 causas y la dictación de 435 sentencias, entre 1981 y 2005, y el ingreso de 8.744 causas y la dictación de 5.025 sentencias, entre 2006 y agosto pasado. En estas cinco décadas, han sido 9.027 los ingresos y 5.477 fallos.

¿Qué explica este aumento en el último tramo? Se pregunta Brahm, y responde: la inaplicabilidad.

“La reforma constitucional del año 2005 le entregó al TC la competencia para resolver, por la mayoría de sus miembros, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión que se siga, resulte contrario a la Constitución”, plantea.

Y agrega que se trata de una competencia “que transformó por completo la cara de la justicia constitucional chilena, para acercarla y hacerla protagonista en la resolución de casos concretos. Ha significado en 15 años la presentación de más de 8.500 requerimientos de inaplicabilidad, vinculados a una causa que conoce un juez de la República, representando cerca del 93% del total de nuestro trabajo jurisdiccional”.

“Menos del 0,8% corresponde al ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, que es la de las atribuciones más cuestionadas”, aclara.
El rol del TC en el proceso constituyente
Qué rol jugaría el TC en una nueva Constitución fue una de las preguntas realizadas por el público a los expositores.

El ministro Vásquez recordó que en la última reforma constitucional, de diciembre de 2019, el Tribunal Constitucional no participó.

“Ahí el comité asesor simplemente lo dejó fuera, bajo la presión, desde luego, de los sectores políticos que precisamente han querido de manera radical eliminar todo vestigio de control de constitucionalidad y de la existencia de un TC, entonces, bajo ese esquema, el tribunal no tendría absolutamente nada que decir. Ahora, si la prudencia de los futuros constituyentes los lleva a considerar la experiencia, el conocimiento, no solo la pura teoría de quienes van a estar ahí tratando de participar y figurar en ese proceso, lo lógico es que debieran recurrir a los archivos del TC”, plantea.

Por su parte, el ministro Pica advierte que sería un error “borrar de un plumazo” el acervo constitucional existente, puesto que “perder la experiencia que hay implica no detectar los dilemas, dejarlos pasar y volver a repetir errores”.

“Hay un tema de desconfianza”, dice y agrega que una de las críticas que se hace a la Constitución es su ánimo refundacional, “y lo curioso es que hoy día gran parte de lo que se ve también tiene ánimos refundacionales”.

Pese a ello, asegura que “hay muchas cosas que reformular, hay mucho que discutir, y por otro lado, el rol y la función del tribunal van a ser muy distintos en una Constitución maximalista que en una más breve y flexible, pero eso, hasta el día de hoy, después de toda el agua que ha corrido bajo el puente desde el 15 de noviembre, es algo que no se ha sido suficientemente discutido ni menos digerido”.

A juicio de Emilio Pfeffer, ex abogado integrante de la Corte Suprema y actual director del Diario Constitucional, el órgano constituyente, en cualquiera de sus modalidades, “va a requerir la opinión del tribunal”.

“Tiene que ser considerada, porque estamos ante un órgano que tiene 50 años de existencia, que ha dictado una infinidad de fallos, que más allá de las críticas y los cuestionamientos hay un bagaje, hay un conocimiento, todo un estudio que le da autoridad. Son ellos los que han aplicado la normal y advierten los vacíos o las líneas de perfeccionamiento que se debieran considerar”.
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Cinthya Carvajal y Alejandra Zúñiga
Tres ministros del Tribunal Constitucional (TC) se reunieron el jueves por la tarde en una conferencia digital, un seminario organizado por la Universidad Mayor sobre el rol y función de estos tribunales en el Estado de Derecho democrático.

La presidenta del organismo, María Luisa Brahm, realizó la presentación del encuentro en el cual habló de los 50 años del tribunal desde su creación en 1970 (ver recuadro).

En el encuentro participaron también los integrantes del TC José Ignacio Vásquez y Rodrigo Pica, además del ex abogado integrante de la Corte Suprema y actual director del Diario Constitucional, Emilio Pfeffer.

“No es un órgano reciente nacido al amparo de la dictadura”

Las exposiciones las abrió el magistrado José Ignacio Vásquez, quien quiso “desmitificar” algunas aseveraciones que se hacen con frecuencia respecto del TC: “No es un órgano reciente nacido al amparo de la dictadura; la verdad es que los tribunales consitucionales han surgido y se han establecido con mucha fuerza a partir de la segunda mitad de siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial”.

El ministro mencionó que incluso durante el programa presidencial del expresidente Salvador Allende también se consideraban algunas reformas a la estructura y funciones del TC, pero que no prosperaron.

A su juicio, así como “la Constitución pasa a tener ese rol fundamental, también es necesaria la existencia de una jurisdicción constitucional, es decir, de un tercero, de un órgano jurisdiccional que ejerce control de constitucionalidad de las leyes, porque ahora el legislador ha dejado de ser en ese esquema el soberano único y exclusivo, porque es la Constitución la norma soberana”.

“La Constitución es lo soberano en el esquema del Estado de Derecho”, planteó.

“Defiendo la existencia del TC porque es el órgano de control y libre del poder político”

Respecto de la legitimidad de los tribunales constitucionales, dijo que los jueces constitucionales no son electos, a diferencia de los parlamentarios, sin embargo, “los tribunales constitucionales representan de alguna manera lo que significa la garantía de los derechos, del ordenamiento jurídico, es decir, representan de alguna manera el Derecho frente al ejercicio de lo político, que corresponde a los congresistas. No es que haya una deslegitimación o no exista legitimidad porque no han sido electos, el punto simplemente es que el órgano jurisdiccionales constitucionales son legítimos en la medida que coadyuva a mantener el ordenamiento constitucional íntegro”.

Para el magistrado, estos tribunales son “los encargados precisamente de mantener los límites de la propia Constitución, de impedir que una reforma constitucional o que el legislador vayan más allá de la Constitución”.

Y concluyó: “Defiendo la existencia del TC porque es el órgano de control y da límites al poder político y al poder las mayorías, en una democracia constitucional es indispensable su existencia. La mantención del poder constitucional es indispensable, de lo contrario, la democracia queda en riesgo de transformarse eventualmente en una tiranía de la mayoría”.

Límites jurídicos

El ministro Rodrigo Pica concordó en la necesidad de mantener al TC como un órgano de “control que verifique los límites jurídicos del Estado de Derecho”. En ese sentido, mencionó que si uno observa la segunda mitad del siglo XX y lo que va del sigo XXI, “los tribunales constitucionales se crean, no se cierran, se desarrollan y se consolidan, y si no hay TC hay un Poder Judicial que no tiene complejos, que no tiene problemas conceptuales y que no tiene contradicciones funcionales a la hora de cumplir el mismo rol que cumple un Tribunal Constitucional”.

A su juicio, todo lo que se está debatiendo hoy parece “una discusión entre jacobinos de la época de la Revolución Francesa”, ya que hay ciertas contradicciones que no dejan de ser paradójicas, como “los pregoneros que dicen que ojalá no exista, pero qué trascendencia, qué relevancia, qué imperio y objetividad va a tener una Constitución si no puede ser reclamada o hecha cumplir cuando alguien la vulnere”.

En ese sentido, adelanta una hipótesis: “De aquí a dos años más vamos a ver a muchos decir ‘no, si en realidad mi problema no era con la justicia constitucional ni con el TC, en realidad lo que yo quería era un rediseño’, y eso lo vamos a ver cuando después del plebiscito de octubre, en el cual probablemente, según dicen las encuestas y la información que se maneja, ganaría la opción de nueva Constitución”.

El magistrado sostiene que una vez que se redacte la nueva Constitución y “vean que lo que quedó escrito les gustó y se den cuenta que para que sirva hay que hacerlo cumplir y además hay que cuidarlo, es evidente que les va a bajar el amor por la justicia constitucional y van a configurar un sistema de jurisdicción constitucional para resguardar esa Constitución”.

Y en ese orden, cree que no hay que perder de vista algo fundamental: “Un TC, por definición, es lo contrario de un tribunal de casación post revolución francesa, a pesar de que las técnicas jurídico procesales se parecen mucho”.

“No deja de ser sorprendente que quienes denuncian activismo judicial sean al mismo tiempo amantes de un sistema de control difuso y aboguen por bajarle la cortina al TC o que no exista TC en Chile. Es una paradoja conceptual que solo en la vorágine de nuestros tiempos uno podrá entender que alguien la dice en voz alta y nadie salte de inmediato a manifestar que es una contradicción esencial, paradójica, y es un sinsentido”, planteó.

Pica cree que hay un retroceso

Su exposición la concluyó asegurando que el Tribunal Constitucional chileno tiene una génesis muy peculiar, “surge en democracia y al resguardo del equilibrio de poderes, no es un tribunal de traumas, no es un comisario de la represión autoritaria, surge en el marco del presidencialismo para resguardar el sistema”.

A su juicio, en “un Estado de Derecho democrático deben convivir el principio democrático con los frenos, contrapesos y el control político, pero, por otro lado, la función contralora ha de estar radicada en órganos de control jurídico. El principal parámetro de control ha de ser la Constitución y la principal herramienta de control ha de ser el conjunto de acciones, procedimientos y competencias de un derecho procesal constitucional y de un derecho procesal administrativo”.

En ese sentido, precisa, “imaginarse a Chile en un proceso constituyente, con una discusión constitucional jacobina de la Francia de finales del siglo XVIII, entendiendo que el Derecho aquí no tiene nada que decir, es un verdadero retroceso conceptual de aquellos que dicen profesar teoría constitucional moderna”.

Mito de la tercera cámara

Otro de los puntos que quiso desmitificar Vásquez es que el TC sea una tercera cámara.

“No ejerce esa función, porque el Tribunal Constitucional no delibera función de políticas públicas, el TC simplemente viene a establecer los límites, porque de otra manera quién podría hacerlo, porque, además, la norma constitucional, en definitiva, establece derechos fundamentales y, precisamente, a fin de precaver o incluso evitar que esos derechos puedan ser vulnerados, afectados, modificados por una voluntad transitoria, por una mayoría circunstancial, es necesario que haya un tercero neutro”.

Vásquez cree que la justificación de los tribunales constitucionales hay que entenderla en este contexto: “No es una tercera cámara, es un órgano jurisdiccional, porque, además, resuelve en derecho, sin perjuicio de que sea una norma jurídico-política y, en consecuencia, las decisiones del tribunal tienen efectos políticos y voluntades, no podemos negarnos frente a eso, pero obviamente que el efecto es precisamente de ejercer un control”.

Vásquez: “El TC debe estar al margen de los partidos políticos, no debe estar sujeto a las presiones”

El ministro planteó además la necesidad de reformar la forma de nombramientos de los integrantes del Tribunal Constitucional, asegurando que este “debe estar al margen de la actividad política, al margen de los partidos, no debe estar sujeto a las presiones de los partidos políticos. En ese sentido, creo que sería otro elemento importante la designación”.

Y cuestionó que han existido designaciones con “una fuerte influencia política, y eso de alguna manera marca la trayectoria o la actividad del propio juez. Creo que el ideal es que estos nombramientos sean realizados, en primer lugar, al interior del propio TC, como ocurre con la Corte Suprema”.

En segundo lugar, estima que también se debieran modificar los requisitos siendo los mismos que corresponden a los abogados extraños al Poder Judicial cuando postulan a alguno de los cinco cargos de ministros, es decir, haberse destacado en la actividad profesional o académica y tener 15 años de profesión, no como ocurre ahora que se solicita haberse destacado en el ámbito público, “pero el ámbito público — dice — da para muchas cosas”.

Sobre el control preventivo de leyes, hubo distintas posturas: Vásquez es defensor, porque afirma que debe existir un órgano “que ejerza un control preventivo de los proyectos de ley, no de todos, de las leyes orgánicas constitucionales, incluso ahí soy más restrictivo todavía”.

A Pica, en tanto, no le gusta, entre otros motivos, “porque alimenta a los que hablan de tercera cámara sin citar a los autores españoles que inventaron ese concepto a finales de los 80”, sin embargo, agrega que “mientras tengamos presidencialismo legislativo, tiene una función: ahí está la iniciativa exclusiva, ahí están las indicaciones misceláneas, ahí está la calificación de las urgencias, ahí están las normas especiales sobre el veto, ahí está el estatuto de gasto público, y en ese sentido, eliminar de un día para otro, sin un mecanismo de resolución de conflictos, el control preventivo contencioso, es justamente un verdadero retroceso, una regresión histórica en materia de resolución pacífica de conflictos”.

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