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Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados: "Nuestro sistema tiene una muy mala protección a la independencia judicial”

La ministra de la Corte de Valdivia abordó cómo están viviendo los jueces el actual escenario de críticas a sus resoluciones y la acusación constitucional que se discute en el Congreso contra uno de ellos, su par del tribunal de alzada de Valparaíso, la magistrada Silvana Donoso.

Viernes, 28 de agosto de 2020 a las 22:14
Un sistema de ejecución
“¿Por qué también es relevante que nuestro sistema de ejecución de penas, especialmente privativas de libertad, sea deficiente?, porque entonces tampoco existe, dentro de las posibilidades de decisiones, por ejemplo, procedimientos contradictorios en donde las víctimas, el Ministerio Público, la defensoría, el imputado y las instituciones que están a cargo del cumplimiento de penas expresen en un debido debate sus posturas respecto de si amerita o no amerita para una persona, por ejemplo, la libertad condicional o cualquier otro beneficio que se establezca o derecho que se establezca. La propia discusión de si es un derecho o un beneficio nos puede llevar a todo lo que significa un sistema internacional de derechos humanos y ver cómo se interpreta eso”, comenta la magistrada.

En ese mismo sentido, sigue explicando la ministra Piñeiro, “como no existe este proceso contradictorio, las partes tampoco pueden recurrir. Hoy día, ¿qué es lo que se usa? Se utiliza el recurso de amparo para recurrir de aquellas decisiones que niegan la libertad condicional, pero respecto de aquellas decisiones que conceden la libertad condicional no existe ningún recurso, ninguna posibilidad”.

Y finaliza, diciendo: “Tenemos muchas deficiencias que superar para que esto efectivamente se traduzca en un sistema de derechos fundamentales y en un sistema donde existan reales controles”.
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Andrea Chaparro S.
Las críticas contra las decisiones adoptadas por magistrados son cada vez más frecuentes. Ocurrió, por ejemplo, con el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Raúl Mera cuando postulaba al máximo tribunal. Contra otros jueces se han producido “funas” en redes sociales y hay algunos que incluso denunciaron amenazas.

En ese escenario, actualmente se discute en el Congreso la acusación constitucional contra la ministra del tribunal de alzada de Valparaíso Silvana Donoso, quien presidió la comisión de libertades condicionales que concedió el beneficio a Hugo Bustamante, el imputado como autor del crimen de Ámbar.

Soledad Piñeiro, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia y presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), aborda en esta entrevista el nuevo panorama que están enfrentando.

—¿Cómo ve el momento que viven los jueces?

—Creo que los jueces y sus resoluciones pueden estar abiertas a críticas, razonables y ojalá constructivas, eso es admisible dentro de cualquier organización de un Estado, pero sí hay que tener muy presente que el nivel de crítica y los mecanismos utilizados para realizar cualquier comentario o acusación, como sucede en el caso de la magistrada Donoso, tiene que ser en un contexto en que esto no interfiera con la independencia de los jueces, que es algo muy relevante para nosotros.

“Entendemos que, dentro de la estructura del Estado, de la formación de nuestra democracia, hay varias deficiencias y esa sí es una gran dificultad. Yo destacaba en alguna oportunidad y, especialmente, cuando concurrí a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Congreso, qué es lo que sucede hoy con aquellos ministros y ministras que van a tener que encabezar las comisiones de libertad condicional el próximo mes de octubre. ¿Están en plena libertad y con completa protección del sistema para resolver caso a caso libremente, sin sentirse presionados respecto de lo que les pueda suceder de acuerdo a lo que resuelven, cualquiera sea la decisión que tomen? Eso pareciera ser lo que no está protegido por el sistema para los jueces. Cuando el juez no es libre para resolver, cuando siente presiones, cuando tiene de alguna manera comprometido sus propios intereses, el perjudicado no es necesariamente el juez, es la persona respecto de quien se resuelve y ese es el problema, por eso, nosotros hablamos de independencia como garantía para las personas, no como una prebenda o privilegio para los jueces, porque como contrapeso los jueces deben tener un sistema de responsabilidad”, explica la ministra Piñeiro, y agrega: “Ahora, como gremio, también hemos criticado cuál es el sistema de responsabilidad que tenemos”.

—¿Cómo están viviendo los magistrados este tipo de cuestionamientos?, ¿cree que está resentida esa libertad para resolver?

—Nuestro sistema tiene muy mala protección a la independencia judicial, sobre todo la interna, y en el caso de la externa, en situaciones como la que enfrenta hoy la ministra Donoso. Cada vez que se produce una situación donde un juez es de alguna manera juzgado conforme a las resoluciones y no por la vía institucional que son los recursos, porque a esa forma de control los jueces estamos sometidos y entendemos que esa es la justa forma de revisar una resolución, a través de otros jueces que la revisan y la confirman o la revocan. Pero cada vez que se produce una situación que no responde a este esquema, sin duda que los jueces se preocupan, entonces, ¿cómo vamos a tener que resolver, para que, para no vernos afectados nosotros? Y cuando los jueces piensan en que tienen que resolver de una manera para no verse afectados ellos es que lamentablemente no están resolviendo de acuerdo a las leyes y los antecedentes de la causa, sino por presiones personales. Cualquier sistema lo que debe buscar es que no existan esas presiones personales.

—¿A qué atribuyen lo que está ocurriendo?

—Creo que hay varias cosas, puedo advertir todas las movilizaciones, preocupaciones, las críticas que se hacen a un país en general. Hay también una mayor libertad, por así decirlo, de opinión, la gente siente que está en un momento en que puede decir más cosas. Creo que también la forma en que se dicen las cosas, los temas sobre los que se pueda debatir, es importante considerarlo, pero también es importante tener mejores sistemas, sobre todo, mejor educación cívica respecto de las funciones de cada uno: cuál es la función de un juez, qué es lo que yo le puedo pedir a un juez, qué es lo que no le puedo pedir a un juez, porque de pedírselo lo que hago es desmejorar el sistema y no mejorarlo. Creo que en eso tenemos muchas deficiencias.

—Como gremio, ¿qué medidas o acciones creen que pueden tomar para hacer frente a estas situaciones?

—Llevamos bastantes años, por lo menos dos décadas, presentando críticas a la estructura del Poder Judicial. Entre ellas, una de las cosas que entendemos que atenta gravemente contra la independencia judicial interna y que tiene que ver con, ya lo hemos dicho muchísimas veces, el sistema de nombramiento, de calificaciones y de responsabilidades. Y en este caso sin duda la acusación constitucional tiene que ver con un sistema de responsabilidad interna, dentro del Poder Judicial. Si tenemos un mal sistema de responsabilidad interna, entonces probablemente se van a buscar otros mecanismos para hacerla efectiva, y hoy el mecanismo que existe está en la Constitución, más allá de nuestra crítica de cómo ha sido concebido, y es la acusación, porque se pretende buscar a través de este mecanismo establecer ciertas responsabilidades para los jueces y juezas.

“El mecanismo propiamente tal nosotros lo hemos criticado, porque carece de contenido en sí mismo, porque la definición es tan amplia de cuándo procede, que los jueces se ven enfrentados a una situación en que no está definida la conducta por la que eventualmente pueden ser sancionable”.

—Es un mecanismo que incorpora al Poder legislativo...

—Lo que hemos planteado como gremio es que lo ideal, de acuerdo a los principios que establece la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que no exista un juicio político respecto de los jueces, porque normalmente los juicios políticos, que es la acusación constitucional, deben establecerse respecto de cargos políticos, de aquellos que cargos que tienen elección popular, que tienen responsabilidad respecto de aquellos electores que los nombraron en su cargo, pero no respecto de funcionarios como los jueces, que son de carrera, y que responden a necesidades técnicas de la función, no debiera de existir la acusación constitucional porque es una decisión política respecto de cargos no políticos.

“Sin embargo, en nuestro esquema existe, y existiendo tiene que operar, y en ese sentido lo que nosotros hemos plateado es que esta acusación debe ser muy restrictiva y desde dos puntos de vista, a lo menos. El primero, que la definición del contenido es muy imprecisa, notable abandono de deberes, sea muy restringido y que tenga que ver con los deberes funcionarios. Y que no se descuide que en esta oportunidad también deben ser respetados los derechos fundamentales de las personas, en particular, de quien es acusado y eso va orientado a la tipicidad —la descripción de la conducta— que es tan amplia, que de alguna manera altera ese principio del derecho penal, y también que esta situación debe ser decidida en un debido proceso y por un órgano imparcial”.

—¿Qué mecanismo sería idóneo?

—Aquí hay muchas cosas mezcladas y voy a tocar solo dos cuestiones importantes, pero puede haber muchos más elementos. Lo primero que voy a considerar es el sistema de responsabilidad, el sistema de responsabilidad interno, dentro del Poder Judicial, que es absolutamente deficiente, eso, por una parte.

“Lo segundo, y que ya escapa un poco a la obligación del Poder Judicial y que involucra a muchas otras instituciones, es que nuestro sistema de control de ejecución de las penas (ver recuadro), especialmente de las penas privativas de libertad, es también muy deficiente, eso nos ubica en un escenario donde hay tantas dificultades, hay tantas piedras en el camino que, por supuesto, la cuestión en general, el escenario en general, no funciona de la mejor manera posible”.

“Dentro de la materia de responsabilidad de jueces en forma interna, nosotros llevamos muchas décadas diciendo que no tenemos claridad respecto de cuáles son las sanciones que deben ser aplicadas, más que las sanciones, no tenemos la definición de las conductas que deben ser sancionadas, y las definiciones que existen dentro del Código Orgánico son tan incompletas, abarcan materias que no corresponde abarcar, que, en definitiva, no nos permiten poder definir conductas que un juez debe de procurar no realizar, porque o si no va a ser sancionado”.

“Las sanciones que establece el Código Orgánico no son necesariamente asociadas a esas conductas, entonces, a una conducta muy grave se le puede aplicar una sanción muy leve, o viceversa”.

Además, la magistrada puntualiza, “no tenemos un procedimiento, aun cuando la Corte Suprema ha intentado establecer por una vía que nosotros repudiamos, porque es una vía no democrática, es una vía de actas institucionales, no se establece en una ley orgánica, que la debe establecer el Congreso, establece el procedimiento, ese procedimiento consideramos además que es insuficiente y, por último, en cuarto lugar, no tenemos un órgano independiente que esté a cargo de la investigación y luego de la resolución y, por supuesto, la posibilidad de recurrir de esas sanciones”.

“Con este sistema tan deficiente, claramente, las conductas internas pueden ser sancionadas o no sancionadas, pero con un amplio margen de arbitrariedad, y eso me parece que es muy grave. El gremio lo estableció, no es que me parezca solo a mí, el gremio lo ha establecido y lo ha pedido en múltiples oportunidades, que sea renovado”.

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