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Suprema visa cautela de retención del 10% para salvaguardar pensiones alimenticias impagas

El Pleno aprobó recomendaciones a jueces con observaciones de ministros. Los magistrados creen que las resoluciones deben contener un monto específico y no el total de los fondos. Hasta ayer ingresaron 160.311 presentaciones online.

Viernes, 31 de julio de 2020 a las 10:02
- La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, coordinará el traslado temporal de los funcionarios a juzgados de familia, para resolver pronto las peticiones de medidas cautelares.
Algunas preguntas que surgen del proceso
El profesor Cristián Lepin Molina, director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, explica qué procede y qué no, en el caso del retiro del 10% en materia de familia.

¿Se puede retener mientras se realiza el trámite ante el tribunal de familia? “Sí, se puede solicitar la retención como medida cautelar, existiendo antecedentes de que se encuentra fijada la pensión de alimentos y que existen deudas, aunque no estén certificadas”.

Advierte, además, que “si bien la Superintendencia de Pensiones señala que se va a retener el 10% en los casos en que el solicitante informe que tiene deudas por pensiones de alimentos, lo cierto es que no tiene facultades para hacerlo. Se debe necesariamente recurrir al tribunal de familia que reguló la pensión para que ordene su retención”.

¿Es posible pedir el pago de las pensiones sin que se solicite el retiro por el afiliado? “No, el retiro de fondos es un derecho que puede ejercer solo el afiliado, es un acto voluntario. Lamentablemente no se consideró esa posibilidad, ya que el objetivo de la reforma fue permitir que se retire una parte de los fondos de pensiones para hacer frente a la crisis que ha generado la pandemia”.

¿Existe algún límite para retener el retiro de fondos? “Si bien la ley de pago de pensiones establece un límite del 50% para fijar el monto de una pensión, considerando los ingresos ordinarios o extraordinarios del alimentante, este no se aplica a las deudas, por lo que el tribunal puede ordenar retener el total de lo que el afiliado decida retirar”.

¿Qué sucede con la compensación económica? “El retiro de fondos no afecta el monto decretado por compensación económica regulado en los juicios de divorcio. Resulta manifiesta la intención de que no se vean afectadas las beneficiarias de compensaciones económicas, en el sentido de que no se puede considerar el 10% para rebajar el monto de lo que fue establecido como compensación. No obstante, la norma no se refiere a si la sentencia debe estar firme o ejecutoriada, por lo que lo señalado se aplica a todos los casos”.

¿Es posible retener los fondos por deudas de compensación económica? “La reforma solo lo permite respecto de las deudas de alimentos, por lo que no se aplica a estas deudas”.
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C. Carvajal y A. Chaparro

“Ordenar la medida cautelar de retención, con el objeto de salvaguardar el cumplimiento de la obligación de alimentos, las liquidaciones, certificaciones u otra decisión en la causa no debiesen postergar la retención”, es una de las pautas sugeridas a todos los jueces de familia del país.

El Poder Judicial terminó de afinar ayer el documento que contiene las recomendaciones para facilitar el funcionamiento de los tribunales de familia ante la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de fondos de AFP de hasta un 10%. Ello ha generado 160.311 presentaciones online relacionadas con solicitudes de retención de dichos fondos para el pago de pensiones alimenticias pendientes que han ingresado a los tribunales de familia a lo largo del país.

Fue el Pleno de la Corte Suprema el que aprobó estas recomendaciones para “asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias insolutas, así como de las diferentes temáticas que se deberán decidir y las posibles dificultades que tales tribunales podrían afrontar con motivo de su resolución oportuna”.

El máximo tribunal acordó cuatro medidas. La primera fue la aprobación del documento, “sin perjuicio de lo que puedan resolver (los jueces), en el marco de sus facultades”.

Lo segundo, es indicar a los tribunales que de acuerdo a ley, están facultados, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, de dictar medidas cautelares, como es la retención del 10% de deudores.

La resolución la pueden decretar de oficio, o a petición de parte, “teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación para decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes”, “en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar”.

Esta cautelar se puede llevar a efecto aun antes de notificarse a la persona contra quien se dicte, siempre que existan “razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente”, dice la resolución de la Corte Suprema.

Hay un plazo de cinco días para notificar, el que se podrá ampliar por motivos fundados.

Observación por retención total de fondos

Los ministros Ricardo Blanco, Arturo Prado y Leopoldo Llanos concurren a lo decidido, sin perjuicio de observar “lo inconveniente que puede resultar disponer una retención de dineros en términos generales o en forma total, atendido que las medidas de esta naturaleza han de recaer sobre cantidades ciertas o aproximadas; observando además el impacto que su probable extensión puede acarrear en relación a la problemática que la medida de retiro de fondos previsionales pretende paliar”.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, está de acuerdo con la observación de sus pares, respecto de decretar, de manera genérica, una medida cautelar sobre el total de los fondos.

El máximo tribunal instruyó también a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para que coloque a disposición de los tribunales un repositorio de las causas sobre alimentos, el que deberá contener los datos de los referidos procesos, su estado y la individualización de los alimentantes, con nombre y RUT, además del último monto que se registra como adeudado, y la existencia o no, de apremios.

“Se pretende fortalecer la capacidad y respuesta de los tribunales, especialmente para tramitar la retención de los fondos previsionales. Para ello se han alcanzado acuerdos con distintas instituciones, con el objeto que la información sea transmitida con la mayor celeridad posible”, explicó ayer la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

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